Ruffo Appel obtiene suspensión definitiva en proceso por huachicol fiscal; sigue en prisión domiciliaria

Una jueza federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien promovió un juicio de amparo en el proceso dictado en su contra en julio por delitos relacionados con el presunto contrabando de hidrocarburos mediante ferrotanques.

La resolución fue emitida el pasado 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular de un juzgado federal en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, dentro del expediente de amparo 1085/2026. 

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, explicó para Aristegui Noticias que la suspensión tiene como alcance detener de manera definitiva el juicio oral.  “El juicio oral ya fue suspendido definitivamente”, afirmó.

Precisó que esta medida no modifica la prisión domiciliaria que enfrenta su padre. De acuerdo con Verónica Ruffo, el proceso continúa por la vía ordinaria y el plazo para la presentación de pruebas vence en enero próximo.

Ruffo Appel fue detenido el 16 de julo y una semana después fue vinculado a proceso por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuenta con diversos datos de prueba para respaldar la investigación, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis de información.

Ha señalado que Ingemar, la empresa de la que Ruffo es accionista, registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que, apuntó, resultaron incongruentes con su perfil fiscal.

Ruffo Appel permaneció aproximadamente dos meses y medio en el penal del Altiplano, antes de que un juez autorizara el cambio de medida cautelar debido a su edad y sus problemas de salud.

El 26 de septiembre salió del centro penitenciario y fue trasladado por elementos de la Guardia Nacional vía terrestre a Ensenada, Baja California, donde permanece bajo prisión domiciliaria.

A finales de septiembre, el exmandatario aseguró en Aristegui en Vivo que Crismón Hidrocarburos y Derivados fue seleccionada por Ingemar a partir de una lista de cinco empresas que, según le relató su socio José Merino Valdés Cuervo, les proporcionó la Secretaría de Energía (Sener) como orientación para elegir una comercializadora de combustibles.

Explicó que, después de obtener un permiso para importar combustibles, comenzaron a llegar a las oficinas de Ingemar personas interesadas en utilizar la autorización para realizar importaciones, situación que les generó dudas.

“Porque era tan evidente que algo pasaba mal, porque en cuanto obtuvimos el permiso, se nos llenó ahí la oficina, la antesala, de tipos que simplemente ni los podías ver”, dijo.

Señaló que ante esa situación acudieron nuevamente a la Secretaría de Energía para solicitar orientación. En ese momento ya no estaba al frente Rocío Nahle, sino Miguel Ángel Maciel Torres.

El exgobernador precisó que fue Valdés Cuervo quien acudió a la Secretaría de Energía y posteriormente le relató lo ocurrido. “Él me narró todo esto y así fue como se seleccionó a esta compañía Crismón”, dijo Ruffo.

Añadió que su socio también se encargó de las gestiones ante otras instancias involucradas en el proceso para completar los trámites de importación, entre ellas la Comisión Reguladora de Energía. “Yo solo he participado en el Consejo de Administración como accionista”, señaló.

Ruffo explicó que su participación en Ingemar comenzó después de que un proyecto para construir una terminal marítima de combustibles en Baja California no prosperó. Previamente, una persona conocida, concesionaria de un puerto en Ensenada, le había pedido ayuda para vender un barco especializado en emergencias petroleras.

Para desarrollar esa operación, dijo que recurrió a Valdés Cuervo, a quien conocía desde años atrás y quien había sido director de una sociedad general de una certificadora internacional que certificaba procesos de Pemex.

La venta del barco no se concretó y la embarcación, dijo, permanece en el puerto de El Sauzal, en Ensenada. Durante ese proceso surgió la idea de construir una terminal marítima de combustibles.

El exgobernador señaló que Baja California recibe combustibles por vía marítima desde una monoboya ubicada en mar abierto frente al municipio de Playas de Rosarito, cerca de las islas Coronado. Según mencionó, esa infraestructura está expuesta a condiciones meteorológicas adversas y existía una situación ambiental que requería modificar la forma en que se realizaba el trasiego.

Ruffo y Valdés Cuervo comenzaron las gestiones para desarrollar la terminal y consiguieron un inversionista. Sin embargo, aseguró que el propietario de la concesión portuaria, de apellido Thompson, llegó a un acuerdo con el inversionista y los dejó fuera del proyecto, pese a que ambos ya habían invertido tiempo y dinero en la ingeniería de la terminal.

Aunque la terminal no se concretó, continuaron las gestiones ante la Secretaría de Energía para obtener un permiso de importación de combustibles cuyo destino sería esa infraestructura.

Ruffo afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inicialmente se les negó el permiso, por lo que promovieron amparos. Finalmente el permiso fue acreditado, aunque con limitaciones.

A partir de las gestiones realizadas y de los recursos invertidos, Ruffo pidió incorporarse como socio de Ingemar. Explicó que, fuera de sus periodos en el gobierno, se había dedicado a actividades de consultoría y desarrollo de negocios orientadas al desarrollo regional de Baja California.

“Así es como también, claro, había puesto dinero y así llegué yo de accionista a Ingemar y ese ha sido todo mi rol, ser accionista; en algunas ocasiones secretario del Consejo de Administración, pero yo nunca participé en la operación misma de la empresa Ingemar”, afirmó.

De acuerdo con el exmandatario, Ingemar fue constituida como importadora y, dentro del esquema establecido para la importación y comercialización de combustibles, contrató a una empresa comercializadora. Esa compañía fue Crismón Hidrocarburos y Derivados.

Ruffo señaló que tenía 49 por ciento de las acciones de Ingemar. Valdés Cuervo también tenía 49 por ciento, mientras que Thompson y sociedades relacionadas con él concentraban participaciones menores.

Con el inicio de las operaciones comenzaron a surgirle dudas sobre los volúmenes de combustible que se solicitaban. Explicó que las órdenes de compra que recibía Ingemar de Crismón eran sistemáticamente por 10 mil litros por pedimento de importación.

“La orden de compra que nos daba Crismón siempre era muy pequeña y sistemática, diez mil litros por pedimento de importación. Cuando yo me entero de que estos diez mil litros, en el caso de un ferrotanque que le caben 110, 112 mil litros, pues te salta”, comentó.

Dijo que preguntó a Valdés Cuervo por qué se utilizaban ferrotanques con una capacidad muy superior al volumen señalado en las órdenes. La explicación que recibió fue  que Crismón había contratado con Kansas City Southern más de 150 ferrotanques por cinco años y tenía que utilizarlos, por lo que se les colocaban 10 mil litros para mantenerlos en movimiento.

Señaló que consideró que esa situación debía ser revisada por las autoridades aduaneras. Explicó que, aunque los ferrotanques tienen una estructura metálica que impide conocer a simple vista su contenido, existe un Manifiesto Único Ferroviario (MUF) que es emitido antes de que el convoy llegue a la aduana mexicana.

Apuntó que este documento informa a las autoridades sobre los ferrotanques y su contenido y también se entrega una copia a la aduana estadounidense. Una vez que el convoy cruza la frontera y llega a los patios aduanales, puede recibir luz verde para continuar sin que necesariamente exista una inspección física del contenido de cada tanque.

Sostuvo que este mecanismo debería permitir detectar discrepancias entre la información registrada en los documentos de importación y el contenido transportado. “Y esperaba yo que la aduana señalara la discrepancia porque es a quien le corresponde hacer la inspección. Y ¿qué ocurrió? Pues nunca pasó nada”, afirmó.

“Yo siempre dije, ¿cómo es posible que esto no salte? Debe de haber una enorme discrepancia en los documentos de importación en la aduana. Y esperaba yo que la aduana señalara la discrepancia porque es a quien le corresponde hacer la inspección”, afirmó.

Según su relato, las cargas recibían el semáforo verde. “Siempre le tocaba verde”, expresó.

Señaló que las primeras importaciones comenzaron con camiones en abril de 2024. Esos vehículos tenían capacidad para transportar entre 30 mil y 40 mil litros, mientras que las solicitudes continuaban siendo por 10 mil litros. El uso de trenes habría comenzado en abril de 2025.

El exgobernador aseguró que las solicitudes mantuvieron el mismo volumen. “Fue siempre diez mil como si fuera un asunto sistemático”, afirmó.

Aseguró que las dudas que le generaron estas operaciones lo llevaron a intentar vender sus acciones de Ingemar: “Y yo ahí empecé a decir: ‘oigan, yo vendo mis acciones. No estoy tranquilo aquí'”.

Sin embargo, dijo que no pudo concretar la venta debido al derecho de tanteo establecido en los documentos constitutivos de la empresa, por lo que a partir de entonces se distanció todavía más de la operación cotidiana de Ingemar.

Afirmó que nunca tuvo una oficina en la empresa y que solamente acudió en un par de ocasiones durante todo ese periodo. Sostuvo que su participación se limitaba a su calidad de accionista y a algunas funciones dentro del Consejo de Administración.

Sobre la investigación que enfrenta, Ruffo explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo involucró en una indagatoria por delincuencia organizada relacionada con el llamado huachicol fiscal.

Según su interpretación de los documentos de la investigación que pudo revisar, la búsqueda de la FEMDO se ha concentrado en establecer que él coordinaba la operación de importación.

“Yo no aparezco en ningún papel, ninguna gestión, porque yo nunca gestioné nada. Pero se hace evidente que se está estado buscando dónde aparezco yo”, afirmó. Rechazó haber coordinado la operación y sostuvo que no conocía a quienes intervenían en los distintos eslabones de la cadena de importación.

“Entonces, el eje central, y lo han dicho, creo que alguna autoridad importante, que yo he sido el coordinador de ese fenómeno. Para nada, no conozco yo ni para nadie de todos los dirigentes o gerentes de este cadena de distintos asuntos en una operación que es compleja de importación, y no se diga en este caso de combustibles”, sostuvo.

El exgobernador señaló que, de acuerdo con los documentos que revisó, el responsable de la operación cotidiana era la gerente general y que Valdés Cuervo también tenía funciones operativas.

“El responsable es la gerente general, porque es por conducto de quien, por los poderes otorgados por el consejo de administración, se opera día a día. Valdés Cuervo es socio que también tuvo funciones de operación y era el que estaba ahí en gran número de ocasiones en las oficinas”, explicó.

Ruffo también afirmó que le sorprendió encontrar en los documentos de la investigación referencias recurrentes a Deer Park como origen del combustible. Explicó que Ingemar no contrataba directamente con ninguna refinería ni con la empresa encargada del transporte.

“Así parece según los papeles que me enviaron de las copias de las averiguaciones de FEMDO”, dijo al referirse a Deer Park como uno de los principales suministradores mencionados en los documentos que revisó.

El exgobernador pidió que se continúe investigando el caso y reiteró que los documentos que ha revisado no demuestran que él haya coordinado la operación por la que fue acusado.