Las personas desaparecidas en México ponen a prueba a la Unión Europea en su compromiso con el sistema multilateral | Por Michael W. Chamberlin

Por Michael W. Chamberlin*

En México, según el registro oficial al momento de escribir estas líneas, hay más de 134 mil personas desaparecidas, una por cada mil habitantes, con serios cuestionamientos sobre un subregistro y más de 52 mil restos humanos pendientes de identificación forense, de acuerdo con la última cifra reconocida por el Estado en el año 2022, aunque investigaciones posteriores reportan más de 72 mil en el año 2024. Es una crisis humanitaria que no se detiene. El promedio diario de desapariciones creció en los últimos dos años de 25 a más de 40 personas diarias, de acuerdo con el estudio que realizó el medio A Dónde Van Los Desaparecidos a partir del mismo registro oficial. Hay ausencia de Estado de derecho y una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y de protección con la sociedad mexicana.

El 12 de mayo pasado, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió una nota a los miembros de la Asamblea General en la que “(t)ransmite una carta del Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada en la que se solicita, de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la transmisión de una decisión del Comité (CED/C/MEX/A.34/D/1)…” en la que “concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios “ataques” generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil…”.

Diez días después, el 22 de mayo, México y la Unión Europea firmaron en la Ciudad de México el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino. Entre otras cosas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, señaló: “… Juntos construiremos un futuro mejor para nuestros ciudadanos y para el planeta, encontrando puntos comunes para defender las instituciones internacionales, impulsar un crecimiento limpio y promover los derechos humanos y la igualdad de género.” Los dirigentes —señala su boletín— se han comprometido a colaborar estrechamente en la promoción de la paz y la seguridad, la reforma de las instituciones de gobernanza mundial y la defensa de los derechos humanos.

Frente a estas declaraciones y a los graves señalamientos del Comité de expertos de uno de los 9 tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué le toca hacer en congruencia a la Unión Europea? Es cierto que, a lo largo de estos años, diversos países europeos han apoyado a México, tanto técnica como financieramente, para atender la problemática de las desapariciones, pero esto ha servido, en el mejor de los casos, a la gestión del problema, no a la solución.

A lo largo de al menos 14 años, el Comité de la ONU ha dado seguimiento a la evolución del fenómeno de las desapariciones en México, donde ha encontrado que las políticas de prevención de las desapariciones han sido insuficientes e ineficaces; que hay un 99% de impunidad en los casos de desaparición y que no existen mecanismos efectivos para investigarlos. Las fiscalías carecen de autonomía efectiva y no se investiga la posible participación o colusión de servidores públicos con los perpetradores de las desapariciones; que las desapariciones son cometidas por: i) particulares o grupos criminales, ii) autoridades estatales, iii) grupos criminales con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado.

Tanto los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA coinciden en su diagnóstico sobre la magnitud y la gravedad de la situación, así como en la insuficiencia de las acciones adoptadas por el gobierno para frenar la crisis de violencia y desapariciones en el país.

En la resolución del 8 de julio, de acuerdo con el boletín del Parlamento Europeo, que “acompaña al Acuerdo Global Modernizado, aprobada por 388 votos a favor, 161 en contra y 120 abstenciones, los eurodiputados destacan que, en el escenario más ambicioso, las exportaciones totales de bienes y servicios de la UE podrían aumentar un 75%, mientras que las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles aduaneros”. ¿Sabe la Unión Europea a qué contexto llegarán sus inversiones y sus empresas?

Las desapariciones en México responden a contextos de control territorial por parte de grupos del crimen que, mediante grupos armados paramilitares, manejan las economías locales lícitas e ilícitas, además de la política, imponiendo, amenazando o corrompiendo a las autoridades. En este contexto, las inversiones y las empresas que lleguen serán víctimas o cómplices de la criminalidad, como en el caso de la desaparición del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y del líder indígena Antonio Díaz.

Los defensores de los derechos humanos Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca desaparecieron en México en enero de 2023. Su automóvil fue encontrado abandonado y con señales de impactos de bala en los límites de Michoacán y Colima, al oeste de México, donde habían estado representando los intereses de grupos indígenas en disputa con una mina de hierro de Ternium.

La mina Las Encinas es una de las más grandes de México y es operada por Ternium, cuya sede central se encuentra en Luxemburgo y que controla negocios siderúrgicos en todo el continente americano. La compañía reportó en sus resultados anuales una facturación de 17.600 millones de dólares (15.500 millones de euros) en 2023.

Global Rights Advocacy (GRA) y familiares de activistas presentaron una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Luxemburgo contra la acerera por la falta de conducta empresarial responsable. Acusan a Ternium de ignorar las solicitudes de reunión de las familias, de no comprometerse a investigar adecuadamente las implicaciones de sus operaciones y de negarse a asumir responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos.

Alejandra Gonza, abogada que representa a las familias de los desaparecidos, declaró: “Ternium es una empresa poderosa en México y en la región”. Tiene influencia política y económica. Cuenta con su propio sistema de seguridad y vigilancia. Queremos usarlo para obtener información y responder a una pregunta sencilla: ¿dónde están?”

La región de Aquila, como casi todo Michoacán, Jalisco y Colima, está controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su poder se conoce por extorsionar a productores y empresas imponiendo cuotas para operar, por el reclutamiento forzado de jóvenes y por desaparecer a sus oponentes, todo ello con total impunidad. Allí opera Ternium, en un contexto que los obliga a ser víctimas, cómplices o ambos. ¿Valdrá la pena incidir desde la amistad y el derecho internacional para cambiar ese contexto?

El Parlamento Europeo señala en el citado boletín que “el Acuerdo Global Modernizado incluye un compromiso vinculante con los principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos fundamentales. El acuerdo refuerza el diálogo institucional sobre la protección de los actores de la sociedad civil, los periodistas y los defensores de los derechos humanos. También fortalece la cooperación para reforzar la independencia judicial, promover la buena gobernanza y aumentar la transparencia. Además, establece acciones conjuntas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada.” La cooperación de la Unión Europea debe ir más allá de la mera gestión del problema y contar con mecanismos de evaluación de impacto que hasta ahora han estado ausentes.

Pero además, subraya: “(e)n un contexto geopolítico cada vez más fragmentado, los eurodiputados consideran que la asociación estratégica entre la UE y México es fundamental para defender el orden internacional basado en normas y promover el multilateralismo.” Esto es precisamente lo que está en juego para México en la próxima sesión de la Asamblea General.

En la carta enviada al Secretario General, el Comité contra las Desapariciones señala: “Por consiguiente, de conformidad con el artículo 34 de la Convención, el Comité le ruega que transmita su decisión a la Asamblea General, junto con la información recibida de las organizaciones de la sociedad civil, así como los informes y las observaciones pertinentes, a fin de que la Asamblea considere la posibilidad de adoptar medidas para ayudar al Estado Parte a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México.”

Para México, la determinación del Comité de expertos es una “opinión” que no comparte; no la considera una determinación de un órgano de tratados, apelando a una facultad definida en la Convención de la cual es libremente parte, y sobre la cual debe abrirse al escrutinio, en este caso, de la Asamblea General. México, al rechazar o tratar de esquivar el procedimiento previsto en el artículo 34, está contraviniendo el orden internacional basado en normas y la Unión Europea no puede ser cómplice sin incurrir en contradicción.

Todo lo anterior lo hemos señalado un grupo de organizaciones mexicanas y de colectivos de familiares de víctimas a sus embajadas en México. El impulso del Comité debe servir para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas, creando un procedimiento que no existe, para una disposición convencional que nunca se ha adoptado, que sea útil para este y para futuros casos. Esta es una obligación de todos los países miembros de las Naciones Unidas, pero sobre todo de los que han asumido un compromiso con el derecho internacional y con la Responsabilidad de Proteger (R2P), incluida la Unión Europea.

La sociedad civil mexicana propone en una carta que ha sido enviada a las delegaciones de los países miembros ante Naciones Unidas en Nueva York y a la Cancillería mexicana con quien nos hemos entrevistado que, en la próxima sesión de la Asamblea General haya un acuerdo para conformar una comisión independiente que consulte a Estados miembros, incluido México, a los expertos, incluido el Comité y a la sociedad civil, incluidos los colectivos de familiares de víctimas, qué elementos debe contener ese procedimiento para atender las conclusiones y recomendaciones del Comité y las preocupaciones de las víctimas.

El gobierno mexicano quiere que se omita el tema; nos queda claro a partir de las interlocuciones que hemos tenido con sus funcionarios. La pregunta es si los países de la Unión Europea serán cómplices de ese silencio, traicionando el “compromiso compartido con el multilateralismo y las instituciones mundiales” u honrará los principios y valores del derecho internacional de los derechos humanos, desafiando la tendencia al deterioro del sistema multilateral. Lo veremos pronto.

*Michael W Chamberlin.  Defensor de derechos humanos con más de 35 años de experiencia. Especializado en documentar graves violaciones de derechos humanos e incidencia ante la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, análisis legislativo y políticas públicas en materia de derechos humanos. Asesor de procesos organizativos de víctimas. Socio fundador de Consultora Solidaria, Senior Non-Resident Fellow del Center for International Policy.