Corte Penal Internacional gana Premio Sájarov 2026 bajo sanciones de EE.UU.
La Corte Penal Internacional recibió el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo mientras enfrenta sanciones de EEUU y mantiene órdenes contra Putin y Netanyahu.
- Redacción AN / SH
La Corte Penal Internacional (CPI), creada para impedir que presidentes, militares y señores de la guerra queden fuera del alcance de la justicia, ha sido distinguida este jueves con el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo en uno de los momentos más delicados de sus casi 25 años de historia.
The #ICC thanks the European Parliament @Europarl_EN for awarding the Court and its officials the 2026 Sakharov Prize for Freedom of Thought, at a time when the Court and its officials face unprecedented challenges. https://t.co/wHEZ1XksiQ
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 22, 2026
El tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, reclama la detención del presidente ruso, Vladímir Putin, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra, mientras prepara el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte e investiga la persecución de mujeres y niñas por los talibanes en Afganistán, entre otros casos.
Pero ahora es la propia Corte la que intenta defenderse: el pasado 9 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones contra la institución, después de imponerlas a numerosos jueces y fiscales, mientras Rusia también persigue judicialmente a sus responsables.
Las sanciones
El respaldo a la CPI llegó de la mano de sus miembros, la Unión Europea, y también de la jurista sudafricana Navi Pillay, una de las primeras juezas del tribunal y galardonada con el Nobel de la Paz 2026 horas antes de que Washington sancionara a la Corte.
Pillay, que vivió el apartheid y presidió el tribunal internacional para Ruanda, visitó la sede de la CPI para transmitir “solidaridad” y “esperanza” a sus funcionarios, según explicó en una entrevista con EFE en La Haya.
Sin embargo, estas sanciones amenazan con bloquear transacciones financieras y dificultar el acceso a servicios tecnológicos, bancarios y administrativos esenciales.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, ha pedido a la UE mecanismos para contrarrestar las sanciones y ha defendido que la Corte seguirá cumpliendo su mandato con “independencia e imparcialidad”, basándose solo en “la ley y las pruebas”.
Los crímenes más graves
La CPI nació del Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, como el primer tribunal penal internacional permanente encargado de juzgar altos cargosacusados de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también situada en La Haya, que resuelve disputas entre países, la CPI procesa a individuos cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar esos crímenes.
Sus 125 Estados miembros están obligados a cooperar con sus investigaciones y órdenes judiciales, aunque el tribunal carece de policía propia y depende de los gobiernos para detener a los sospechosos.
Durante sus primeros años, prácticamente todos sus procedimientos se concentraron en África, lo que alimentó acusaciones de “doble rasero”.
En 2012 logró su primera condena, contra el congoleño Thomas Lubanga por reclutar niños soldados, mientras que la orden de arresto de 2009 contra el entonces presidente sudanés Omar al Bashir marcó un precedente al perseguir a un jefe de Estado en ejercicio.
Putin, Netanyahu y los talibanes
La guerra en Ucrania situó a la CPI en el centro de la geopolítica cuando, en 2023, ordenó detener a Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Un año después emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Israel y Estados Unidos, que no forman parte del tribunal, rechazan su jurisdicción sobre ciudadanos israelíes, pero la CPI puede investigar delitos cometidos en territorio palestino porque Palestina es Estado miembro.
La Corte también confirmó en abril tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte por asesinatos relacionados con su campaña contra las drogas. Su juicio está previsto para noviembre.
Además, este mes hizo públicas cuatro órdenes de arresto contra dirigentes talibanes, incluido su líder supremo, Haibatullah Akhundzada, por la persecución de mujeres y niñas y de quienes desafían las políticas de género del régimen afgano.
Futuro incierto
A las presiones exteriores se suma una crisis institucional: Karim Khan, fiscal jefe desde 2021 y responsable de solicitar las órdenes contra Putin y Netanyahu, fue apartado definitivamente en julio tras una investigación disciplinaria por conducta sexual indebida, que él niega.
Pero la CPI continúa sus procedimientos, incluidos los relacionados con el fugitivo ugandés Joseph Kony y los crímenes cometidos en República Centroafricana.
El Sájarov, concedido desde 1988 a defensores de los derechos humanos, reconoce así a una institución que afronta una paradoja: puede ordenar la detención de algunos de los hombres más poderosos del mundo, pero no tiene medios propios para ejecutarla.
La Corte advirtió hace unos días de que no puede resistir sola: “Su destino está ahora también en manos de los países que la crearon”.
EFE
