'La voy a reventar': Beller revela intención de Cerimedo de ir contra Sheinbaum
La abogada Nadia Beller explicó en 'Aristegui en Vivo' los motivos personales y políticos que habrían llevado al consultor a expresar esa intención.
- Redacción AN / MDS

La abogada boliviana Nadia Beller, asilada en México, reveló que su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo, le manifestó su intención de participar en la próxima campaña presidencial mexicana y le dijo que iba a “reventar” a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, relató que Cerimedo le expresó su molestia por el conflicto entre Sheinbaum y el periodista español Javier Negre, socio suyo en el medio digital La Derecha Diario, y le atribuyó a esa confrontación afectaciones a su imagen. Según el testimonio de la abogada, el consultor le dijo: “La voy a reventar”, al referirse a la mandataria mexicana.
Beller explicó que, cuando le preguntó cómo pensaba hacerlo, Cerimedo respondió que participaría en la campaña electoral. Aunque aseguró que no le proporcionó detalles sobre la estrategia que utilizaría, afirmó que la intervención en el proceso mexicano era uno de sus objetivos políticos.
La abogada aclaró que, por su condición de asilada política en México, no puede inmiscuirse en asuntos internos del país. Sin embargo, explicó que hizo pública esta información para ilustrar el grado de influencia y las relaciones que, a su juicio, mantiene Cerimedo en distintos países de América Latina, desde Estados Unidos hasta Argentina.
“En mi criterio sigue teniendo”, respondió cuando se le preguntó si el consultor conservaba esa capacidad de influencia pese a encontrarse detenido en Bolivia.
Acusó al gobierno de Bolivia de obstaculizar las investigaciones contra Cerimedo, a quien señaló de estar detrás del atentado armado que sufrió y de mantener una red de influencia dentro de las instituciones de su país.
Sostuvo que el posible móvil del ataque fue impedir que formalizara una denuncia por violencia física en su contra, luego de que funcionarios bolivianos intervinieran para evitar que quedara registro de una agresión previa.
Beller afirmó que, antes del atentado había advertido a Cerimedo que presentaría una denuncia por las lesiones que le había ocasionado durante un episodio de violencia ocurrido el 24 de junio. Dijo que el consultor intentó disuadirla mediante amenazas de suicidio y advertencias sobre las consecuencias que tendría para su carrera profesional la difusión del caso.
“Y creo que en vez de eso, prefirió matarme”, sostuvo al explicar por qué considera que Cerimedo habría ordenado el ataque en su contra.
La abogada también denunció que funcionarios del gobierno boliviano intervinieron para impedir que se formalizara aquella primera denuncia y que, después del atentado, las autoridades han obstaculizado otras investigaciones relacionadas con el consultor, pese a la existencia de audios, mensajes y comunicaciones que lo vincularían con presuntas operaciones de narcotráfico y con el ataque armado.
Beller advirtió que la figura del narcoterrorismo se utiliza en distintos países de América Latina como instrumento de persecución política, mediante señalamientos y restricciones administrativas que, afirmó, posteriormente sirven para abrir investigaciones contra opositores.
Describió este fenómeno como un “Plan Cóndor 2.0”, caracterizado por el debilitamiento de las instituciones, la instrumentalización de la justicia y la persecución de adversarios políticos.
El posible móvil del atentado
Beller explicó que el 24 de junio ocurrió un episodio de violencia física por parte de Cerimedo que inicialmente intentó denunciar ante las autoridades bolivianas. Ante la falta de respuesta de la policía y la Fiscalía, contactó al periodista boliviano John Arandia, a quien le envió las evidencias de las lesiones que había sufrido.
El periodista intervino y se comunicó con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fiscalía, cuyos representantes acudieron al lugar. Sin embargo, de acuerdo con la abogada, Cerimedo intentó impedir que abriera la puerta y formalizara la denuncia.
“Lo primero que hace es decirme que si yo abro esa puerta y yo pongo la denuncia, él se iba a suicidar”, relató.
Beller afirmó que su entonces pareja le pidió disculpas de rodillas y entre lágrimas. Aunque dijo que anteriormente había tenido comportamientos violentos, señaló que en esa ocasión le ocasionó lesiones físicas, cuyas evidencias entregó al periodista.
Según su testimonio, después del episodio el diputado Mauricio Medinacelli, a quien describió como operador del gobierno, intervino para que no quedara registro de la denuncia. También señaló a la viceministra de Género y al ministro de Gobierno de participar en las acciones para impedir que el caso avanzara.
La abogada aseguró que, mediante presiones y manipulación, Cerimedo consiguió que desistiera de formalizar la denuncia, incluso de permitir que las autoridades ingresaran al lugar para atender el caso.
Explicó que habló varias veces con Cerimedo sobre la posibilidad de denunciarlo y que incluso le ofreció una alternativa para que enfrentara las consecuencias de sus actos sin que eso implicara su detención.
“Le expliqué que no iba a cautelarlo ni nada. Y él me dijo, ‘no, es que vos no sabés cómo es la prensa, me vas a arruinar la vida, se van a agarrar de esto, no voy a poder volver a trabajar más nunca”, recordó.
Beller agregó que, durante las conversaciones que mantuvieron sobre el embarazo que esperaban, también le planteó que podía solicitar una orden de restricción. Cerimedo respondió que no podía impedirle tener contacto con su hijo y comenzó a utilizar su futura paternidad como argumento para disuadirla de presentar la denuncia.
La abogada consideró que el consultor sabía que ella finalmente haría pública la agresión y tendría que asumir las consecuencias mediáticas y profesionales. “Él tenía claro de que en algún punto yo iba a poner esa denuncia”, afirmó.
Para Beller, esa situación explica el posible móvil del atentado que sufrió posteriormente: evitar que Cerimedo enfrentara públicamente las consecuencias de la violencia ejercida contra ella.
El ataque
La abogada reconstruyó los días previos al atentado y señaló que Cerimedo la instó reiteradamente a reunirse con personas que supuestamente querían entregarle pruebas de un caso de abuso sexual contra una menor de 13 años atribuido al expresidente boliviano Evo Morales.
Beller relató que estuvo con Cerimedo hasta el 1 de agosto, cuando el consultor viajó a Estados Unidos. Según le explicó, el objetivo era conseguir recursos para financiar la campaña de Flávio Bolsonaro, tanto en ese país como en Israel.
El 7 de agosto, mientras se encontraba enferma de dengue, recibió un mensaje de un hombre que le pidió ayuda para entregar pruebas relacionadas con el supuesto abuso sexual de su sobrina. El sujeto le dijo que la familia quería abandonar la región del Chapare y temía perder sus tierras.
Antes de responderle, Beller envió una captura de pantalla de la conversación a Cerimedo, quien según su dicho, validó la historia y le dijo que sabía que la menor había sido abusada y había muerto.
La primera reunión no se concretó porque, supuestamente, el hijo de la persona que la había contactado reconoció a los dos policías que Cerimedo envió para escoltarla y desconfió de su presencia. La abogada aseguró que el consultor le mandó una fotografía de ella de espaldas cuando llegaba al sitio acordado, lo que interpretó como una prueba de que había enviado a alguien para vigilar el encuentro.
Después acordaron reunirse nuevamente el 13 de agosto, pero la persona volvió a cancelar la cita. Beller dijo que le manifestó a Cerimedo que desconfiaba de la situación y que pensaba bloquear al interlocutor. Sin embargo, él le pidió que mantuviera el contacto.
Posteriormente, la persona cambió las condiciones del encuentro y le solicitó que acudiera a recoger los documentos en un vehículo. Beller se negó a trasladarse a un lugar desconocido, pero Cerimedo volvió a insistir y le ofreció seguirla durante el trayecto.
El 16 de agosto, Cerimedo la acompañó a una consulta médica por el embarazo que esperaban. Después de la visita al hospital, volvió a recibir mensajes de quienes supuestamente querían entregarle los documentos. El consultor nuevamente le pidió que acudiera, pero ella decidió no hacerlo.
Cerimedo tenía previsto viajar a La Paz para reunirse con el presidente Rodrigo Paz y se despidió de ella alrededor de las cinco de la mañana. Trece horas después, Beller fue atacada a balazos.
La abogada relató que había sido citada a las 20:00 horas en un hotel. Llegó aproximadamente 10 minutos antes y esperó a que se presentara la persona que supuestamente le entregaría los documentos. Durante ese tiempo mantuvo comunicación con Cerimedo, quien le dijo que se acercara al estacionamiento cuando llegara el supuesto intermediario.
Beller decidió esperar en la entrada del establecimiento. Entonces observó a dos personas vestidas como repartidores, con cascos, que se aproximaron a ella. Inicialmente no sospechó porque en el lugar había un restaurante.
Cuando estuvieron a su altura comenzaron a dispararle y le quitaron el teléfono celular. También le quitaron la cartera cuando se encontraba en el suelo.
La abogada afirmó que las comunicaciones obtenidas del teléfono de Cerimedo muestran que el consultor mantenía contacto con Erick Correa González, a quien identificó como jefe de inteligencia policial, y que ambos tenían conocimiento de la presencia de agentes en el lugar.
Según Beller, Correa informó a Cerimedo que sus policías estaban en las inmediaciones desde las 20:15 horas. Después de las 20:30, cuando ocurrió el ataque, el jefe policial le escribió: “En este momento le dispararon”.
La abogada sostuvo que los agentes no intervinieron para protegerla ni persiguieron a los agresores, quienes abandonaron una motocicleta después de que presentó una falla y se retiraron caminando. “Estaban ahí para asegurarse de que me maten, únicamente, y eran policías”, afirmó.
También señaló que Cerimedo recibió fotografías de ella en el suelo y posteriormente en una camilla. A las 21:16 horas, después de varias llamadas y de conocer que había sido atacada, el consultor envió un mensaje a su teléfono: “Respondan si alguien me lee”.
Beller consideró que ese mensaje no estaba dirigido a ella, sino a las personas que participaron en el ataque.
La abogada sostuvo que las comunicaciones entre Cerimedo y Correa, así como las imágenes y mensajes intercambiados después de los disparos, forman parte de las evidencias que respaldan sus acusaciones. Añadió que, cuando el jefe policial informó al consultor que las autoridades sospechaban de su participación como autor intelectual, Cerimedo intentó abandonar Bolivia rumbo a Buenos Aires, pero fue detenido en el aeropuerto.
La abogada sostuvo que las autoridades bolivianas no han investigado de manera adecuada los señalamientos contra Cerimedo, pese a que ella proporcionó su teléfono celular y manifestó su disposición a colaborar con las indagatorias.
Afirmó que su declaración para corroborar los hechos relacionados con las presuntas operaciones de narcotráfico fue suspendida en tres ocasiones y que solicitó a su abogado comunicar a la Fiscalía que, al encontrarse asilada en México, puede comparecer mediante mecanismos de cooperación internacional.
También cuestionó que el fiscal general argumentara que no contaba con la tecnología necesaria para realizar peritajes de los audios filtrados. Beller consideró que esa explicación no justifica la falta de investigación, pues Bolivia había recurrido anteriormente a especialistas de otros países para analizar grabaciones que posteriormente fueron utilizadas en procesos judiciales.
“Es falta de voluntad para investigar todo lo atribuido a Cerimedo y su entorno”, sostuvo.
Beller denunció que las autoridades bolivianas intentan desacreditarla y construir una versión que presente al consultor como víctima y a ella como parte de una supuesta conspiración.
Aseguró que el Ministerio de Gobierno llegó a insinuar que era una agente cubana vinculada con el G2, pese a que, dijo, nunca ha estado en Cuba.
También rechazó las versiones que apuntan a que el atentado pudo haber sido un autogolpe y cuestionó que las autoridades difundieran esa hipótesis cuando ella sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura en el brazo derecho que le dejó secuelas permanentes.
“Si es que tuviera un grado de enfermedad mental como para hacerme lesionar, dejarme un nivel de plomo de 9 que afecta hasta mi embarazo, fracturarme el brazo y generarme la lesión permanente que tengo en el brazo derecho siendo yo diestra”, cuestionó.
Beller afirmó que el ministro de Gobierno, pese a tener acceso a información policial, no ha mostrado interés en identificar a los autores materiales del atentado.
Además, denunció que agentes policiales la hostigaron y vigilaron durante cinco días fuera de su domicilio, sin contar con una orden judicial, situación que señaló como una de las razones por las que se encuentra en México bajo protección del Estado mexicano.
Acusa uso político de la figura del narcoterrorismo
Nadia Beller también se refirió a la utilización de la figura del narcoterrorismo en América Latina y su relación con los mecanismos de cooperación entre gobiernos de derecha y Estados Unidos.
Beller explicó que inicialmente recibió de manera positiva la creación del Escudo de las Américas, al considerar que podía facilitar el intercambio de tecnología y conocimientos para combatir el crimen organizado en la región.
Sin embargo, sostuvo que en Bolivia no existe un compromiso real para combatir el narcotráfico y acusó a funcionarios encargados de la erradicación de cultivos excedentarios de coca y de desmantelar laboratorios de droga de mantener acuerdos con organizaciones criminales.
Como ejemplo, relató que un funcionario le había dicho que existía coordinación con narcotraficantes para simular operativos en los que se encontraban y destruían fábricas de droga abandonadas, sin detener a quienes las operaban.
Beller aseguró que compartió esa información con Cerimedo y que el consultor le respondió que el narcotráfico no se combatía, sino que se administraba. “Entonces, las personas que deberían tener realmente un compromiso de erradicación con el narcotráfico están conviviendo y administrando al narcotráfico, por lo menos en mi país”, señaló.
La abogada cuestionó que el Departamento de Estado de EE.UU. y los organismos de inteligencia que mantienen presencia en la región no conocieran esas presuntas prácticas, particularmente por los acuerdos de cooperación que existen con los gobiernos aliados.
Por lo que señaló que el concepto de narcoterrorismo se ha convertido en un instrumento para señalar a personas sin que previamente exista una investigación judicial que sustente las acusaciones.
Mencionó los casos de Colombia y Bolivia, donde el Departamento de Estado ha incorporado a personas en listas por presuntos vínculos con el narcoterrorismo y la corrupción, sin explicar individualmente los motivos de cada señalamiento.
Beller sostuvo que esas listas se elaboran a petición de aliados políticos que están en funciones de gobierno y que, posteriormente, sirven como argumento para abrir procesos judiciales contra las personas señaladas.
Explicó que en Bolivia la Asamblea Legislativa solicitó información sobre las investigaciones que justificaban la inclusión de distintas personas en esas listas, pero no recibió respuesta.
También cuestionó que las autoridades realicen detenciones bajo el argumento de flagrancia por la supuesta pertenencia continua a organizaciones narcoterroristas, sin que previamente exista una investigación judicial que haya sido puesta en conocimiento de las personas señaladas.
Según su interpretación, esta figura permite que primero se ejecute la detención y después se presente a los acusados ante una autoridad jurisdiccional.
La abogada denunció que ese mecanismo ha derivado en presiones sobre el sistema judicial boliviano y recordó que la Asociación de Magistrados ha señalado presuntas injerencias y actos de amedrentamiento por parte del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, afirmó que la justicia se ha politizado y que la figura del narcoterrorismo se utiliza para perseguir a opositores.
Cuestiona que Cerimedo no enfrente restricciones de EE.UU.
Beller también cuestionó que, pese a los señalamientos que pesan sobre Cerimedo y las grabaciones difundidas sobre sus presuntas operaciones, el consultor no haya enfrentado restricciones de visa por parte de Estados Unidos.
Aseguró que Cerimedo tiene vínculos con el movimiento MAGA y recordó que el medio británico The Economist lo mencionó como un hombre cercano a ese entorno político. También afirmó que el consultor ha reconocido públicamente ser socio del hijo de Donald Trump en campañas y empresas mediáticas.
La abogada consideró que existe un trato desigual en la aplicación de las medidas administrativas estadounidenses, pues, según su interpretación, las restricciones se dirigen principalmente contra opositores de los gobiernos aliados, mientras que personas cercanas a esos mismos círculos políticos no enfrentan consecuencias.
“Entonces como que hay un sistema de embudo: ancho para los amigos y muy angosto para los opositores”, afirmó.
En el caso de Cerimedo, consideró que las autoridades estadounidenses deberían exigir una investigación imparcial y revisar sus presuntos vínculos con operaciones políticas y de narcotráfico.
“Fernando Cerimedo ahorita ya debería estar sin visa, ya no debería gozar de la confianza de este entorno”, sostuvo.
Beller hizo una distinción entre las decisiones administrativas de retiro de visas y las investigaciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia de EE.UU. Explicó que, mientras las primeras pueden responder a decisiones políticas, una investigación judicial requiere elementos que sustenten las acusaciones.
Sobre México, aclaró que todavía desconoce buena parte de la coyuntura nacional porque apenas comienza a familiarizarse con ella, aunque dijo identificar características similares a las que ha observado en Bolivia.
El audio sobre narcotráfico y la destitución del fiscal general
Beller también relacionó la difusión de una grabación en la que Cerimedo presuntamente negocia pagos para garantizar cobertura a operaciones de narcotráfico con las acciones emprendidas contra el entonces fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Según su relato, el vicepresidente difundió un audio en el que se escucha al consultor negociar 15 mil dólares por avioneta para brindar cobertura a cientos de aeronaves vinculadas con el narcotráfico en el departamento del Beni.
La abogada afirmó que, dos horas después de la difusión de esa grabación, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el retiro de visas a distintas personas, entre ellas el fiscal general, quien encabezaba las investigaciones contra Cerimedo.
Posteriormente, según su relato, se difundió un video de marzo en el que un narcotraficante conversaba informalmente con un policía y mencionaba que el fiscal general era su amigo.
Nadia Beller cuestionó que ese material se utilizara meses después para señalar al funcionario como parte de una estructura de narcoterrorismo, cuando integrantes del gobierno habían mantenido contacto con la misma persona a la que posteriormente vincularon con actividades criminales.
Como ejemplo, señaló que en abril esa persona había asistido a una celebración en la casa del padre del presidente Rodrigo Paz y posteriormente había coincidido con funcionarios en distintos actos oficiales.
Para la abogada, el señalamiento contra el fiscal general se produjo después de que encabezara las investigaciones relacionadas con Cerimedo y terminó por debilitar las indagatorias que involucraban al consultor.
Sostuvo que, después de esas acciones, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno comenzaron a construir una narrativa para exonerar a Cerimedo y vincular a otras personas con una supuesta estructura de narcoterrorismo.
También denunció que la defensa del consultor y funcionarios del gobierno mantienen un discurso coincidente para presentar a Beller como parte de una conspiración. Afirmó que, aunque actualmente no enfrenta una causa abierta en Bolivia, las autoridades intentan involucrarla en investigaciones mediante declaraciones de personas detenidas, obtenidas bajo presión.
A su juicio, esas declaraciones no constituyen pruebas suficientes para acreditar la participación de alguien en un delito, particularmente cuando quienes las realizan pueden tener conflictos de interés.
Cerimedo y su influencia en campañas electorales de América Latina
Durante la entrevista, Beller también describió el trabajo que, según dijo, Cerimedo ofrece a candidatos y gobiernos de distintos países de América Latina.
Explicó que sus servicios incluyen análisis de tendencias y necesidades de la población, diseño de estrategias de comunicación y mecanismos de confrontación digital.
“La otra parte de su trabajo es justamente las líneas comunicacionales y la otra parte que es su especialidad es la guerra sucia, la distorsión del debate público, el fraude cognitivo, la guerra de bots”, afirmó.
La abogada sostuvo que sus campañas buscan posicionar candidatos mediante herramientas tecnológicas y contenidos de desprestigio que profundizan la polarización social.
Entre los procesos electorales en los que Cerimedo habría participado mencionó los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay y Jair Bolsonaro en Brasil, además de su intervención en la campaña de Rodrigo Paz en Bolivia.
Sobre esta última, señaló que uno de los episodios más relevantes fue la fabricación de un mensaje racista que se atribuyó al vicepresidente de la candidatura de Jorge ‘Tuto’ Quiroga. Según Beller, Cerimedo le confesó meses después que su equipo había generado y guardado esa publicación para perjudicar al adversario.
También mencionó que el consultor tenía interés en participar en la campaña presidencial mexicana y que le había manifestado su intención de atacar políticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Me dijo: la voy a reventar”, recordó Beller.
La abogada precisó que no recibió detalles sobre la estrategia que pretendía utilizar, pero aseguró que Cerimedo tenía compromisos para participar en el proceso electoral mexicano.
Aclaró que, por su condición de asilada política en México, no puede intervenir en asuntos internos del país y que sus declaraciones buscan explicar el grado de influencia y las relaciones internacionales que atribuye al consultor, así como los riesgos que representan para su seguridad.
Sobre si Cerimedo mantiene esa capacidad de operación pese a encontrarse detenido, respondió que, en su opinión, conserva su influencia, particularmente en Bolivia.
“Un Plan Cóndor 2.0”, advierte Beller
La abogada planteó que las prácticas que describió forman parte de una estrategia regional de control político que comparó con el Plan Cóndor, aunque adaptada a las condiciones actuales.
“Yo creo que esto es un plan Cóndor 2.0, un plan Cóndor de esta época en la que no pueden haber ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, pero sí autoritarismos de Estado que terminan sometiendo a la justicia persiguiendo opositores”, afirmó.
Beller sostuvo que esta estrategia opera mediante golpes blandos que debilitan las instituciones, erosionan el Estado de derecho y permiten perseguir a quienes representan una amenaza política para los gobiernos en funciones.
Mencionó el caso del expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga, a quien consideró un ejemplo de oposición política que ha sido objeto de señalamientos pese a su cercanía ideológica con sectores de derecha.
También cuestionó que la defensa de Cerimedo y funcionarios del Ministerio de Gobierno lo hayan señalado como supuesto aliado de Evo Morales para desestabilizar al actual gobierno.
La abogada advirtió que las campañas de consultoría política no se pagan únicamente con recursos privados, sino que pueden implicar compromisos empresariales y beneficios económicos posteriores para quienes participan en ellas.
“Estas campañas de consultoría no las pagan ellos, como cualquier consultor, las paga el pueblo, con los compromisos políticos que ellos hacen, se pagan en compromisos empresariales en beneficios empresariales”, señaló.
Sostuvo que quienes investigan o hacen públicas estas presuntas operaciones pueden convertirse en objetivos de persecución política mediante acusaciones de narcoterrorismo, señalamientos administrativos y procesos judiciales que no necesariamente parten de investigaciones sustentadas.







