SCJN frena provisionalmente revocación y auditorías contra alcaldesa de Acapulco
Las controversias de revocación de mandato y auditoría por recursos federales se mantendrán suspendidas hasta que la Corte estudie a fondo el caso.
- Redacción AN / KC
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mantener suspendidas provisionalmente la revocación de mandato impulsada por el Congreso del estado de Guerrero y las auditorías de la Auditoría Superior de Guerrero contra Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco.
Estas suspensiones temporales, aprobadas por todos los ministros en las controversias 174/2025 y 176/2025, solo detienen a esas dos autoridades estatales específicas hasta que la Corte estudie a fondo el caso.
Esta decisión judicial no protege a la alcaldesa de investigaciones por mal uso de dinero público, que pueden seguir adelante por la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
Es decir, la Corte impuso un alto temporal solo al Congreso de Guerrero, que busca quitarle el cargo a la alcaldesa, y a la Auditoría estatal, que pretende revisar 898 millones de pesos de fondos federales, pero no impide que la Auditoría federal revise ese recurso federal en 2026.
El municipio de Acapulco reclamó al Congreso estatal y a la Auditoría Superior porque consideró que ambas autoridades invadieron competencias protegidas por la Constitución mexicana.
El Ayuntamiento argumentó que el Congreso estatal estaba aplicando artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, específicamente los artículos 94, 95 y 95 bis, que no cumplen con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 115 para regular la revocación de autoridades municipales.
Respecto a la Auditoría estatal, el ayuntamiento de Acapulco sostuvo que ésta no tiene facultad constitucional para revisar 898 millones de pesos en fondos federales del FISMDF y FAISMUN, ya que esa competencia corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación.
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El conflicto tuvo su origen en junio de 2024 cuando la alcaldesa Abelina López Rodríguez asumió la presidencia municipal y el manejo de recursos federales por 898 millones de pesos, que se dieron al municipio por la devastación causada por el huracán Otis en octubre de 2023.
Sin embargo, desde abril de 2025 surgieron denuncias ciudadanas sobre la falta de transparencia en el manejo de esos fondos, lo que llevó al Congreso de Guerrero a iniciar dos juicios de revocación de mandato en mayo de ese año, identificados como CI/LXIV/JSRC/001/2025 y CI/LXIV/JSRC/002/2025.
Simultáneamente, la Auditoría Superior de Guerrero requirió información contable sobre el ejercicio de los fondos federales.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, encargada del proyecto sobre revocación, determinó que las leyes estatales impugnadas presentan deficiencias de precisión jurídica que contravienen el artículo 115 constitucional, el cual establece los requisitos específicos para la regulación de la revocación de autoridades municipales.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía aclaró que la fiscalización de fondos federales del Ramo 33 corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, no a autoridades estatales.
En junio de 2025, la Corte concedió las primeras suspensiones provisionales contra ambas autoridades, y este 14 de enero de 2026, todos los ministros rechazaron por unanimidad cuatro recursos de reclamación, declarados como “infundados”, presentados por el Congreso y la Auditoría Superior de Guerrero para levantar dichas suspensiones.
Según la Corte, al declarar recursos “infundados”, significa que las autoridades estatales no lograron demostrar ante los ministros que debían continuar con sus procesos.
Al respecto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra explicó que la suspensión provisional protege los derechos constitucionales del municipio completo como entidad.
En tanto, la ministra María Estela Ríos González precisó que el estado de Guerrero carece de competencia legal para revisar fondos federales transferidos directamente al municipio.
Las suspensiones contra esas dos autoridades específicas permanecerán vigentes hasta que la Corte emita sentencia definitiva sobre el fondo de las controversias.
Mientras estas suspensiones provisionales se mantengan vigentes -periodo que podría extenderse varios meses-, el Congreso de Guerrero no puede ejecutar la destitución de la alcaldesa y la Auditoría estatal no puede revisar los fondos federales cuestionados.
Sin embargo, Abelina López Rodríguez permanece sujeta a posibles investigaciones penales por parte de las fiscalías federal y estatal, así como a la auditoría federal correspondiente y a las revisiones estatales sobre fondos no federales.
Para el municipio de Acapulco significa estabilidad temporal mientras se resuelve el conflicto competencial, aunque la alcaldesa continúa bajo escrutinio de múltiples autoridades de fiscalización e investigación.
