De terrorismo a encubrimiento: El giro legal que consolida criminalización de Rafael León

Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, calificó de “desproporcionada” y “arbitraria” la situación jurídica que enfrenta el periodista veracruzano Rafael León Segovia, quien fue vinculado a proceso el pasado 30 de diciembre bajo medidas cautelares de prisión domiciliaria.

Durante la entrevista, Maldonado expuso una serie de irregularidades procesales que, desde la perspectiva de la organización civil, sugieren una intención por parte de las autoridades del estado de Veracruz de silenciar la labor informativa en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico.

Maldonado destacó la celeridad con la que se integró la carpeta de investigación, señalando que el caso fue armado en un periodo inusualmente corto de 20 días. Aunque el cargo inicial por terrorismo fue descartado por el juez de control, León Segovia permanece vinculado por los delitos de encubrimiento, por favorecimiento, y atentados contra las instituciones de seguridad pública.

“No deja de haber arbitrariedad, no deja de haber irregularidades que el juez no declaró, no subsanó… y no deja de afectar el ejercicio periodístico la resolución de ayer“, afirmó Maldonado.

El director de Artículo 19 subrayó que la medida cautelar de un año de prisión domiciliaria impide de facto que el reportero continúe con su labor profesional.

“Rafael León no puede salir a reportear... va a dejar de ser esa voz incómoda por disposición de una fiscalía y de una judicatura que convalida todas estas irregularidades”, enfatizó.

Maldonado afirmó que  fue “forzada” la interpretación de la ley para criminalizar conductas propias del periodismo, como llegar con prontitud a la escena de un crimen o mantener contacto con fuentes informativas.

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“Es una interpretación forzada de la ley, es una distorsión del ejercicio periodístico el decir que él llega demasiado rápido y que eso lo vuelve colaborador o cómplice de los criminales”, denunció el activista.

“A partir de ahora, en Veracruz, si se enteran de algún hecho delictivo, tienen que preocuparse por si las autoridades están enteradas o no… o tienen que pedirles cartas de buena conducta a sus fuentes”, subrayó.