Austeridad afectó a 113 mil empleados del gobierno federal: SFP
La dependencia señaló que 92 de cada 100 servidores públicos no son sujetos a ninguna medida de austeridad por ser personal de base y operativo.

Debido a las medidas de austeridad tomadas por el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, 113 mil trabajadores fueron sujetos desde el 1 de enero de 2019 a la aplicación de un nuevo tabulador y esquema de prestaciones, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En un comunicado para dar a conocer los procesos técnicos que se están desarrollando en la Administración Pública Federal (APF), y que concluirá el 30 de junio próximo, Francisco Javier Varela, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, refirió que 92 de cada 100 servidores públicos no son sujetos a medidas de austeridad alguna por ser personal de base y operativo.

Expuso que la base de trabajadores del gobierno federal se integra por un millón 320 mil 175 puestos, y 8 por ciento de ellos, que corresponden al personal de confianza de mando y enlace (alrededor de 113 mil), fueron sujetos desde el 1 de enero de 2019 a la aplicación de un nuevo tabulador y esquema de prestaciones que eliminó los seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y prestaciones para la compra de automóvil, en el caso de los altos mandos.

Varela Sandoval precisó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló una reducción del 20 por ciento al costo de los servicios personales, que comprenden la reducción de las remuneraciones de los altos mandos; la eliminación de los seguros y de duplicidad de funciones en todo el gobierno, a partir de un análisis dentro de cada una de las dependencias.

Informó que, al 15 de mayo de 2019, se había reducido en 34 por ciento el número de personas contratadas en plazas eventuales, pasando de 14 mil 807 el 31 de agosto de 2018, a 9 mil 726 en el corte más reciente.

Esto, indicó, es parte de una nueva política en la que “se buscará eliminar mecanismos de contratación que no sean plazas permanentes”.

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Por su parte, la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones, Tania de la Paz Pérez, aseguró que ninguna de las medidas de Austeridad Republicana afecta la operación sustantiva de las instituciones del Estado, ni la provisión de servicios públicos como educación y salud, ni los programas integrales de bienestar que el gobierno de México está impulsando, pues éstos se encuentran presupuestalmente garantizados y la atención a la ciudadanía continuará sin interrupción.

“No reducen el número personal médico ni de enfermería ni docente”, afirmó.

Por el contrario, apuntó, se trata de “medidas focalizadas para atacar dispendios, promover el ahorro en las oficinas gubernamentales, poner fin a estructuras duplicadas, así como a gastos ineficientes y onerosos, derroches, privilegios, remuneraciones y prestaciones excesivas que hacían de muchas instituciones públicas, organismos costosos y poco efectivos”.

En ese sentido, afirmó que la austeridad republicana no es una contracción del gasto gubernamental, sino una reorientación del mismo hacia los que menos tienen.

Pérez comentó que las medidas de austeridad se aplicaron en 147 plazas que duplicaban funciones con la red de Embajadas y Consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo cual sus actividades serán atendidas en términos del memorándum presidencial.

Como ejemplo de las estructuras que están sujetas a revisión, señaló que existen mil 343 plazas de Delegados Federales, Representantes en los Estados y Encargados de Oficina en los Estados, mismas que se concentrarán en las 32 Delegaciones Estatales de Programas de Bienestar, en una reorientación del personal para priorizar la atención a la ciudadanía frente a las estructuras burocráticas.

Los funcionarios anticiparon que a que partir de julio de 2019, cuando se concluya el proceso de cumplimiento de medidas de austeridad, se informarán sobre sus resultados.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a presentar quejas ante los órganos internos de control en caso de que le sean negados servicios arguyendo las medidas de Austeridad Republicana. 








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