México frente a la violencia contra la niñez | Artículo de Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes

La violencia contra niñas, niños y adolescentes suele reportarse, en la mayoría de los medios de comunicación, como si fueran “episodios” desconectados: un homicidio en una colonia controlada por el crimen organizado; una agresión sexual en un entorno familiar; golpes normalizados como método de crianza; el acoso cotidiano en la escuela; la humillación viral en redes… Frente a ello, el valor del nuevo documento Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y El Caribe, presentado a inicios de 2026 por el UNICEF y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se encuentra en su capacidad de mostrar que no se trata de eventos aislados, sino que estas violencias se superponen, se acumulan y producen trayectorias de daño que acompañan a la persona durante toda la vida.

El documento insiste, además, en que la violencia rara vez tiene una causa única: se enlaza con pobreza, debilitamiento de los sistemas de protección, delincuencia y crimen organizado, discriminación por edad/género/pertenencia étnica y ausencia de entornos seguros.

Avanzar estructural y sustantivamente en México en la erradicación de esta forma de violencia, exige dejar de pensar en programas aislados y pasar a una arquitectura de Estado que cierre brechas legales, cambie normas sociales, fortalezca capacidades institucionales y garantice servicios de respuesta oportunos. El informe es muy explícito: cerrar vacíos legales para proteger contra la violencia “tanto en internet como fuera de él”; formar y dotar de recursos a personal de primera línea (policías, jueces, salud, docentes, trabajo social); apoyar a madres, padres y cuidadores para poner fin a la disciplina violenta con límites basados en cuidado y respeto; invertir en entornos de aprendizaje seguros donde disciplina violenta y acoso sean inaceptables; y ampliar servicios de respuesta intersectoriales para que puedan acceder a salud, apoyo, justicia y procesos de sanación.

El primer giro estructural requerido es jurídico-institucional: la protección real no se logra solo con “reformas”, sino con cumplimiento verificable. El documento advierte que incluso cuando existen avances normativos, si las leyes no se aplican o no abarcan dimensiones como el abuso emocional, niñas, niños y adolescentes siguen en peligro. Para México, esto implica dos tareas simultáneas. Una, consolidar un marco integral que elimine ambigüedades: prohibiciones claras, definiciones operativas y mecanismos de denuncia accesibles y seguros (incluyendo el entorno digital). Otra, construir exigibilidad: protocolos obligatorios, estándares de debida diligencia, sistemas de supervisión y sanción, y capacidades periciales y de investigación centradas en la niñez.

El segundo giro es preventivo y comunitario, especialmente frente a violencia armada y homicidios, donde la niñez aparece como víctima y también como población reclutada o utilizada por actores violentos. El informe concentra soluciones probadas: aplicar efectivamente leyes y políticas sobre armas; prevenir antes de que ocurra la violencia mediante identificación temprana de riesgo, mediación y acción comunitaria; ofrecer programas sociales y educativos integrales; reducir incentivos económicos para integrarse a pandillas o a grupos criminales; asegurar acceso a apoyo, incluyendo salud mental y tratamiento por abuso de sustancias; y promover justicia adaptada a la niñez, con salidas restaurativas para jóvenes infractores.

En México esto se traduce, en términos operativos, en una política territorial que conecte control de armas y reducción de su circulación con intervención comunitaria sostenida: mediación local, “interrupción” de conflictos, y oferta real de educación, capacitación y empleo para adolescentes en alto riesgo. No como programas piloto aislados, sino como red de protección territorial con metas, presupuesto multianual y evaluación.

El tercer giro es cultural y pedagógico: la disciplina violenta no es un “estilo de crianza”, es una forma de agresión física o psicológica que erosiona salud, aprendizaje y vínculos, y transmite un mandato social peligroso: que la violencia es una vía legítima para resolver conflictos.

México puede comprometerse públicamente a erradicarla, pero el cambio sustantivo ocurre solo cuando el Estado acompaña a las familias y a las escuelas con alternativas reales: formación masiva en disciplina positiva, apoyos psicosociales a hogares en estrés crónico, y sistemas de cuidado, que incluyan a las escuelas, que abandonen la lógica punitiva para adoptar prácticas de convivencia, mediación y solidaridad. El informe lo plantea con claridad: enseñar límites con respeto, y convertir los entornos educativos en espacios donde la violencia y el acoso sean inaceptables para toda la comundiad.

El cuarto giro es de datos y gobernanza: si México no puede medir y evaluar con mayor precisión, no puede proteger con eficacia. El documento propone una agenda concreta: recopilar y publicar más datos formulando preguntas adecuadas en encuestas relevantes; hacerlo de manera coherente usando la Clasificación Internacional de la Violencia contra los Niños y Niñas (CIVN); documentar casos denunciados a policía o identificados por salud; registrar cómo, cuándo y por qué las y los sobrevivientes usan (o no usan) servicios; y evaluar programas para saber qué funciona y en qué contextos. Para México, esto supone construir un sistema nacional de información integral sobre la niñez con interoperabilidad real entre salud, educación, procuración de justicia, protección social y ámbitos digitales; con salvaguardas de confidencialidad; y, sobre todo, con uso práctico: que el dato dispare acción, y no solo reporte.

Finalmente, el quinto giro es ético-político: diseñar con la niñez, no únicamente para ella. El llamado a la acción subraya condiciones para que los cambios sean sostenibles: crear espacios seguros donde quienes participan revisen creencias y adopten nuevas prácticas; ofrecer alternativas reales (disciplina positiva; educación, capacitación y empleo para adolescentes en riesgo); co-diseñar con niñas, niños y adolescentes, especialmente sobrevivientes; adaptar los programas a la cultura y al contexto, incluyendo realidades indígenas y afrodescendientes; encontrar líderes y mentores; conectar esfuerzos con servicios de combate a la pobreza y apoyo familiar; y trabajar dentro del sistema para que la respuesta no dependa de heroicidades individuales sino de instituciones.

Lo que debe hacerse en México, entonces, no es “sumar programas”, sino reordenar prioridades del Estado: una política nacional integral que trate la violencia contra la niñez como un fenómeno estructural, con prevención territorial, transformación cultural, justicia adaptada, salud mental accesible, escuela segura, protección digital efectiva y un sistema de datos que permita corregir el rumbo.

Investigador del PUED-UNAM