Anabel Hernández responde a Sheinbaum por señalamientos sobre Ayotzinapa

La periodista de investigación Anabel Hernández afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum está responsabilizándola de manera indebida por el proceso de asilo político en Estados Unidos del exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé García, y sostuvo que el señalamiento desvía la atención de las actuaciones y omisiones de autoridades mexicanas durante la investigación del caso Ayotzinapa.

Durante una entrevista con  Aristegui en Vivo, rechazó que su participación como testigo experto en el proceso migratorio de Bernabé García haya sido determinante para que el gobierno estadounidense le concediera asilo político.

“Me parece que la presidenta de México está canalizando de manera equivocada su frustración, su falta de pericia de su equipo de gobierno para poder resolver un caso tan sensible como es el caso Ayotzinapa”, sostuvo.

La periodista afirmó que, en lugar de atribuir responsabilidades a las instituciones que participaron en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno de Sheinbaum está señalándola a ella.

“Y me parece que en esta frustración y en el fracaso de su gobierno para realmente encontrar a los estudiantes y poder dar con la verdad de lo que pasó ahí, prefiere cargarle ahora sí la responsabilidad a una periodista, no al Ejército que estuvo en esas calles, no a la Policía Federal, no a la Policía Ministerial, no a la PGR, sino a una periodista”, declaró.

Hernández vinculó los señalamientos con las declaraciones realizadas el pasado 28 de septiembre por el titular de la comisión especial para el caso Ayotzinapa, quien se refirió a una persona presentada como testigo experto sin mencionar su nombre. De acuerdo con la periodista, ese pronunciamiento antecedió al señalamiento hecho posteriormente por Sheinbaum.

Afirmó que se le está atribuyendo la responsabilidad de que el gobierno mexicano no haya logrado la extradición de Bernabé García, pese a que, dijo, existen resoluciones judiciales estadounidenses sobre el caso.

Hernández explicó que su participación en el proceso ocurrió a petición de la abogada Margaret Cowan, quien, según relató, trabaja pro bono en casos de personas que buscan asilo político en EE.UU., principalmente mexicanos. “Mi testimonio como experta en el tema de Ayotzinapa fue llamado por la propia abogada Margot Cowan”, afirmó.

La periodista señaló que Cogan presentó 61 pruebas para sustentar la solicitud de asilo, entre ellas informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), investigaciones periodísticas, documentos oficiales y materiales de distintas autoridades estadounidenses y mexicanas.

“Estamos hablando de más de 60 pruebas documentales, entre las cuales se encuentra como una más mi testimonio”, dijo.

Entre los elementos presentados, enumeró los informes del GIEI, investigaciones periodísticas, artículos de Proceso, informes de derechos humanos, documentos del gobierno mexicano, documentación de Interpol, su libro La verdadera noche de Iguala, documentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y el testimonio del propio Bernabé García, además de transcripciones de sus declaraciones e informes sobre las condiciones de México.

Según Hernández, la jueza que concedió inicialmente el asilo no basó su determinación exclusivamente en su testimonio, sino en el conjunto de pruebas presentadas durante el procedimiento.

“Entonces, adjudicarme que es esta la responsabilidad, se equivoca, porque incluso en el fallo judicial, la propia jueza determinó que no era por mi testimonio, sino por todo el cúmulo de pruebas y elementos, dados incluso por el gobierno de México”, señaló.

Añadió que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. impugnó la resolución y llevó el caso ante una instancia superior. En ese segundo procedimiento, dijo, ella ya no fue llamada como testigo.

“Y sin embargo, tres jueces, de manera unánime, ratificaron la determinación de la primera jueza”, sostuvo.

Con ello, Hernández destacó que fueron cuatro jueces estadounidenses los que, en distintas instancias, avalaron la concesión del asilo a Bernabé García, después de analizar el expediente y las pruebas presentadas.

Cuestiona la actuación del gobierno mexicano

La periodista también cuestionó que el gobierno mexicano esté atribuyendo a su participación en el juicio la imposibilidad de obtener la extradición de Bernabé García.

Recordó que Sheinbaum había señalado anteriormente que el gobierno de EE.UU. no había atendido solicitudes mexicanas de extradición y mencionó el caso de Pablo Vega, alias “El Transformer”, identificado por Hernández como uno de los líderes de una célula criminal que operaba en Chicago y que habría sido intervenido telefónicamente por la DEA.

Según la periodista, tanto en el caso de Vega como en el de Bernabé García, las autoridades estadounidenses no han concedido las extradiciones solicitadas por México.

“Lo que nos está diciendo la resolución del gobierno de Estados Unidos de no dar la extradición ni sobre Pablo Vega, ni sobre Ulises Bernabé, ni sobre otros doscientos, más de doscientas personas, es porque el gobierno de México no ha sido capaz de presentar pruebas”, afirmó.

Ante la afirmación del gobierno mexicano de que existen pruebas contundentes contra Bernabé García, respondió que esas pruebas tendrían que ser presentadas ante las autoridades judiciales estadounidenses.

“Entonces la presidenta dice hoy que hay pruebas, ayer que hay pruebas contundentes, pues que al menos, yo no sé si existan, pero para el gobierno de Estados Unidos evidentemente no son contundentes, ni mucho menos, porque no ha concedido la extradición”, señaló.

Bernabé García no fue detenido tras declarar en 2014, afirma

Anabel Hernández también cuestionó que se pretenda responsabilizarla de que Bernabé García no haya sido detenido en México antes de salir del país.

Explicó que el entonces funcionario municipal acudió a declarar el 26 y 27 de septiembre de 2014, junto con otros policías municipales, y posteriormente acudió a las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Iguala, en noviembre de ese año.

De acuerdo con Hernández, fue después de que ella y el periodista Steve Fisher publicaran información sobre la presencia del Ejército en las calles de Iguala durante los hechos de septiembre de 2014 cuando se produjo un cambio en la narrativa oficial.

“Fuimos los primeros en señalar y documentar a través del C4, documentos del C4 hasta ese momento inéditos, que el Ejército mexicano había estado en las calles de Iguala, mientras oficialmente lo habían negado rotundamente”, sostuvo.

Hernández señaló que, de acuerdo con el expediente de un juicio migratorio en una corte de Texas, Bernabé García habría ingresado a EE.UU. en abril de 2015, siete meses después de los hechos de Iguala.

Por ello, cuestionó que el gobierno mexicano no hubiera detenido al exjuez de Barandilla durante el tiempo que permaneció en territorio nacional.

“Si el gobierno de México hubiera querido detenerlo, tuvo dos oportunidades y después pudo haberlo hecho en cualquier otro momento antes de que él se moviera. Siete meses después de los hechos de Ayotzinapa es que él se mueve hacia Estados Unidos”, dijo.

“Esto nos habla un poco del montaje del gobierno, queriendo hacer creer que es por la intervención de una periodista, no de la Fiscalía, repito, no de la eficiencia, incluso del señor ahora Secretario de Seguridad Pública, Omar García [Harfuch], que de acuerdo al propio Alejandro Encinas, ya estaba involucrado en las investigaciones del caso Ayotzinapa a partir de octubre de 2014.

Defiende su papel como periodista y testigo experto

Respecto de lo que declaró durante el juicio migratorio, Hernández señaló que se limitó a responder preguntas sobre las investigaciones que había realizado sobre Ayotzinapa.

“Lo que yo dije en ese juicio es lo que investigué, fue pregunta y respuesta tanto de la jueza como de la propia Margo Cowan y del departamento de Homeland Security”, explicó.

Más adelante, recalcó que su participación no la convirtió en parte acusadora ni defensora de Bernabé García.

“Yo ni soy abogada de defensa, ni abogada de cargo, ni testigo de cargo contra Ulises Bernabé García. No es a una periodista a la que le corresponde dilucidar o encontrar las respuestas judiciales a un caso como Ayotzinapa”, afirmó.

Sostuvo que, como periodista de investigación, su función consiste en aportar y contrastar información, no en determinar responsabilidades penales.

“A una periodista no le toca decir quién es culpable o quién es inocente. A mí lo que me corresponde, como corresponde al periodismo de investigación serio, es poner las piezas sobre la mesa, incluyendo las piezas que se contraponen”, declaró.

Cuestiona las nuevas líneas de investigación sobre Ayotzinapa

Sobre las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades mexicanas en torno al caso Ayotzinapa, Hernández consideró que varias de las líneas presentadas como nuevas ya habían sido documentadas previamente.

Recordó que los informes elaborados durante la gestión de Alejandro Encinas al frente de la comisión de la verdad incluyeron mensajes y comunicaciones de personas relacionadas con los hechos, entre ellas el capitán José Martínez Crespo y el entonces titular del 27 Batallón de Infantería.

La periodista sostuvo que parte de esos mismos mensajes aparecen en materiales utilizados por la actual comisión encargada del caso. “Yo te diré que en una de las láminas presentadas por el nuevo titular de la comisión de la verdad utiliza parte de esos mensajes”, señaló.

En su opinión, existe una contradicción en la forma en que se utilizan esos materiales, pues algunas comunicaciones son retomadas mientras otras son descartadas para sostener una determinada interpretación sobre la participación de elementos del Ejército.

La periodista afirmó que los análisis de comunicaciones telefónicas tampoco son completamente nuevos y que algunos de sus resultados ya habían sido expuestos por el GIEI y por la comisión encabezada por Encinas.

Como ejemplo, mencionó el teléfono de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados durante los hechos de Iguala, y las comunicaciones posteriores realizadas desde ese aparato. También se refirió al teléfono que habría sido utilizado desde una funeraria y señaló que estos elementos ya habían sido abordados en investigaciones anteriores.

“Esto ya lo dijo la propia [Ángela] Buitrago [exintegrante del GIEI], esto lo ha dicho el propio abogado de los padres de los estudiantes. No hay nada nuevo en realidad, no hay nada nuevo en el caso”, aseguró.

Anabel Hernández también rechazó fue la versión de que un estudiante sobreviviente habría estado en las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala y aportado información sobre lo ocurrido en Barandillas.

Hernández afirmó que, de acuerdo con lo que se conoce del expediente, ninguno de los estudiantes sustraídos de los autobuses en los puntos señalados habría sobrevivido.

“La presidenta miente. Por desgracia, y lo saben los padres de familia y lo sabe el GIEI y se ve en el expediente, ninguno de los estudiantes que fue sustraído del camión, del último camión en la calle Juan N. Álvarez, ni en el camión donde estaban las oficinas del Poder Judicial, salió vivo”, declaró.

La periodista señaló que la referencia a un estudiante que habría presenciado los hechos no corresponde con la información que aparece documentada en el expediente. Explicó que la primera referencia a que los estudiantes habrían sido llevados a la base de la Policía Municipal habría sido realizada por un dirigente estudiantil identificado como “La Parca”, quien llegó a Iguala durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Según Hernández, en su primera declaración ministerial, “La Parca” señaló que sus compañeros habían sido llevados a la base de la Policía Municipal, pero aclaró que se trataba de información que le habían comunicado y no de un hecho que hubiera presenciado directamente.

“No que le consta, no que haya un testimonio, un testigo vivo que haya estado ahí”, explicó.

La periodista también cuestionó información sobre teléfonos que habrían sido localizados posteriormente y señaló que, en uno de los casos, la persona relacionada con el aparato permanece detenida, mientras que en otro caso no se habría informado de una detención.

“A mí me surgen preguntas porque si fuera tan clara y tan contundente esa información, yo digo, estaría igual de detenido como los otros, ¿no?”, planteó.

Señala inconsistencias en testimonios de policías municipales

Respecto de los cuatro policías municipales mencionados dentro de las líneas de investigación, Hernández aseguró que sus nombres y declaraciones ya aparecen en su libro La verdadera noche de Iguala. “Todos fueron torturados. Y cada una de sus declaraciones, cuando señalan, es que los llevamos ahí, cada uno es distinta”, afirmó.

Según la periodista, los policías dieron versiones diferentes sobre la cantidad de estudiantes que habrían sido trasladados y, de acuerdo con los peritajes que ella refiere, fueron sometidos a tortura.

También señaló que los dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos mencionados en las nuevas investigaciones ya habían aparecido en su libro desde 2016 y que también habrían sido víctimas de tortura.

Por lo tanto, cuestionó que las actuales investigaciones retomen esos elementos como si fueran descubrimientos recientes y planteó que podrían terminar reforzando la versión conocida como “verdad histórica”.

“Entonces, estamos hablando de un argumento que trata de recuperar, de restablecer la falsa verdad histórica que puso sobre la mesa Murillo Karam, donde le quitan el peso de responsabilidad al Estado mexicano”, sostuvo.

Apuntó que los cuestionamientos que ha recibido estarían relacionados con las investigaciones que ha publicado sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones criminales.

Mencionó su más reciente libro Narcocracia, en el que señala al expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como su investigación sobre su hijo, Andrés Manuel López Beltrán.

Dijo que ella publicó señalamientos sobre López Beltrán en su libro Historia secreta y sostuvo que sus investigaciones también han abordado otros casos relacionados con funcionarios y políticos.

Afirmó que, a medida que algunas de sus investigaciones son retomadas o reportadas posteriormente por otros medios, ha recibido cuestionamientos y ataques.

“Mientras mis investigaciones acuiciosas, profesionales, que se realizan en los máximos estándares de periodismo internacional, se van confirmando, la presidenta se va enojando y es ahí donde viene el acoso, es ahí donde viene el hostigamiento y es ahí donde viene su abuso de autoridad”, declaró.

Pide presentar las pruebas ante tribunales de EE.UU.

Anabel Hernández dijo que si el gobierno mexicano cuenta con pruebas contra Bernabé García o cualquier otro presunto implicado en el caso Ayotzinapa, debe presentarlas ante las autoridades judiciales correspondientes para sustentar las solicitudes de extradición.

“Yo lo que espero es que cualquier tipo de prueba contundente que el gobierno tenga contra cualquier presunto implicado en el caso de Ayotzinapa, que lo hagan valer, no que lo digan, no que lo defiendan en una conferencia de prensa, que lo hagan valer ante un tribunal en Estados Unidos”, afirmó.

Insistió en que las autoridades deben presentar elementos probatorios ante los tribunales y cuestionó que se utilicen conferencias de prensa para confrontar a periodistas o presentar como nuevas líneas de investigación elementos que ya habían sido documentados.

“Que lo hagan valer con las pruebas que tienen para que les concedan la extradición, pero no con verborrea, no atacando a una periodista, no ofreciendo como elementos nuevos cosas viejas”, concluyó.