'Jurídicamente insostenible' mantener a Brenda Quevedo procesada y en prisión; nueva defensa va por su libertad

Por Elia Almanza

Tras 20 años de enfrentar de prisión preventiva por un delito fabricado, todavía sin sentencia de primera instancia y dos años de resguardo domiciliario con un brazalete, Brenda Quevedo, implicada en el llamado Caso Wallace, anunció una nueva etapa en su defensa la cual será encabezada por  un amplio y destacado grupo de organizaciones sociales, así como por abogadas y abogados especialistas en derechos humanos y litigio estratégico.

En conferencia de prensa, el nuevo grupo legal aseguró que hoy es “jurídicamente insostenible” mantener a Brenda en prisión y bajo proceso penal, pues a lo largo de dos décadas, se ha demostrado que fue víctima de tortura, tortura sexual, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

La abogada Karla Micheel Salas Ramírez, del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social indicó que estas inconsistencias han sido señaladas y corroboradas no sólo por su defensa, a cargo de la Defensoría Pública Federal en los últimos años, o por investigaciones periodísticas destacadas, sino también por instancias internacionales e incluso nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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“Estamos frente a un caso que representa uno de los mayores fracasos del sistema jurídico mexicano, si esto fuera únicamente un problema jurídico, ya hace mucho Brenda hubiera recuperado su libertad, no hay ninguna explicación o argumento jurídico que permita hablar de debido proceso frente a un juicio que ha durado 20 años”, señaló.

Recordó que Brenda ingresó a prisión cuando tenía 27 años y hoy tiene 45, “no hay una explicación posible de cómo una persona en este caso una mujer puede pasar casi la mitad de su vida, privada de su libertad y lo más escandaloso aún, sin una sentencia”.

La abogada, una de las más destacadas en la defensa de los derechos de las mujeres en el país, anunció que como parte de esta nueva estrategia implementada en las últimas semanas se han interpuesto ya tres amparos: el primero relacionado con su derecho a la salud: el segundo sobre la negación del juez para revisar las medidas cautelares consideradas desproporcionadas; y el tercero, respecto a la negativa del juez a cerrar la instrucción para que ya se pueda emitir una sentencia.

ONU documentó torturas 

Por su parte, el abogado Simón Hernández León, Coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, recordó que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, documentó esas violaciones y emitió  resoluciones, así como recomendaciones que obligan el Estado mexicano a actuar, pero ese cumplimiento sigue pendiente.

“Tenemos algunas acciones que avanzan aparentemente en cumplir con el mandato internacional, pero en la realidad ni la Fiscalía, o las y los jueces, o cancillería o la Secretaría de Gobernación, han actuado en el caso de Brenda Quevedo”.

En este sentido, destacó la incapacidad de las y los jueces a poner límites y atender criterios internacionales cuando hay casos de este tipo. A lo anterior se suma “que hoy la Constitución ha sido modificada para establecer la prisión preventiva oficiosa”.

“Eso es un problema relevante para el país porque tenemos ya dos sentencias internacionales de este tipo que ubican que esta condición es violatoria a derechos humanos y que el Estado debe modificarla, pero no se agota ahí el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues obliga a que en tanto no se hagan modificación hay una obligación de revisar que las personas que están en prisión por periodos prolongados, realmente esté justificado”, indicó.

Durante la conferencia, el periodista Ricardo Raphael, uno de los que más ha documentado ampliamente el Caso Wallace, recordó que la evidencia principal contra Quevedo quedó desestimada oficialmente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la confesión de la coacusada Juana Hilda González Lomelí, tras confirmarse que fue obtenida mediante tortura.

Además, el periodista aseguró que quienes fabricaron las pruebas contra Brenda están hoy en día trabajando en instituciones como la SCJN o la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “Si uno revisa quiénes estaban en la Procuraduría entonces y quienes están hora nos daremos cuenta que muchas de las personas que fabricaron este caso continúan teniendo mucho o mas poder que el que tenían en otras épocas”.

Señaló que incluso si es necesario, para presionar y conseguir la libertad de Brenda revelarían los nombres de estos personajes: “lo fundamental es la libertad de Brenda, por eso estamos dando la batalla, y que no vaya a sonar a amenaza, pero si para eso tenemos que dar los nombres y apellidos de la red de vínculos que tiene este caso, lo vamos a dar”.

Nadie debería estar secuestrada por el Estado: Brenda Quevedo

En un mensaje a distancia, desde su hogar y donde cumple el arresto domiciliario, Brenda Quevedo con la voz entre cortada aseguró que llega a esta etapa con mucha esperanza. “Yo no tengo nada que ver en esto, lo he denunciado, lo he gritado, escrito mi familia de igual forma y nunca nos creían y ahora por diferentes medios han denunciado esto por eso me siento muy conmovida porque nadie debería sentirse secuestrada por el Estado”.

“En justificación a una supuesta investigación e impartición de justicia se genera injusticia a más gente como es mi caso, mis coprocesados y mucha gente más. Les pido de la manera más atenta a los medios de comunicación y sobre todo a las autoridades, que me den libertad”, expresó.

El Grupo Legal por la libertad de Brenda Quevedo lo conforman CEA Justicia, la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la IBERO Puebla, la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos (ITAM) el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Perteneces y la Red de Abogadas “Digna Ochoa”.

De igual forma se presentó una Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, integrada por organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, académicas, estudiantes y ciudadanía para exigir a las autoridades cumplir con su obligación de impartir justicia.