EE.UU. impone sanciones a dos mexicanos y nueve empresas por 'huachicoleo' para el CJNG; UIF bloquea sus cuentas

El gobierno estadounidense anunció este martes 30 de junio sanciones contra dos empresarios mexicanos y nueve compañías relacionadas con el contrabando de combustible o “huachicol fiscal” de Estados Unidos a México en beneficio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Óscar Juraidini y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como las empresas bajo su control, están acusados de contrabandear combustible por valor de “decenas de millones de dólares anualmente para el cártel”, explicó el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Esta serie de medidas “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales”, explicó en el comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El tráfico de combustible o “huachicoleo” se ha convertido en los últimos años en una actividad sofisticada y lucrativa para los cárteles, además de generar corrupción en las aduanas mexicanas.

Tras una alerta para el sector financiero estadounidense emitida en mayo de 2025, la OFAC recibió 160 reportes de actividades sospechosas por un valor de 7,000 millones de dólares “que circularon entre Estados Unidos y México y que a menudo involucraban a cárteles mexicanos, principalmente el CJNG”.

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México no tiene capacidad de refinación suficiente para el petróleo pesado que produce, lo que obliga a enviarlo al norte de la frontera para que sea procesado en instalaciones estadounidenses.

Ese crudo es transformado en gasolina, diésel o nafta. Estos derivados vuelven al país mediante transporte terrestre o marítimo, pero deben pagar impuestos.

Según Estados Unidos, en esta etapa, los cárteles como el CJNG aprovechan para apropiarse del producto y/o obtener beneficios de su venta sin el pago de impuestos y sin cumplir con los requisitos legales para estas operaciones.

Así, con la colaboración de empresas estadounidenses y de autoridades aduanales mexicanas, los contrabandistas emiten falsos certificados de importación.

“Reportes públicos indican que entre una cuarta y una tercera parte de todo el combustible que se vende en México podría ser ilícito“, explica la nota informativa de la OFAC.

Las sanciones implican el decomiso de cualquier bien que puedan tener los acusados en Estados Unidos, y la prohibición de suministrarles algún tipo de servicio financiero o empresarial.

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México anuncia bloqueo de cuentas bancarias ligadas a sancionados por la OFAC

Tras el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México anunció el bloqueo de sus cuentas bancarias y restricciones a sus operaciones financieras, derivado de sus presuntos vínculos “con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la OFAC, dicha red uso a las empresas sancionadas “para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito” provenientes del tráfico de combustibles petrolíferos.

Por lo anterior, la UIF destacó que tras un “análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados”, logró identificar “posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

“Como resultado de dichos análisis y en el ámbito de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC, así como a nueve personas adicionales, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señala el comunicado.

Finalmente, la UIF dijo que las “acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”.