Todos los candidatos le mienten al INE a la hora de reportar sus gastos (y el INE lo sabe): “Dinero bajo la mesa”
Un botón de muestra: por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.

A casi un mes de la elección presidencial, los cuatro candidatos han reportado al INE gastos que en total ascienden a más de 402 millones de pesos; Ricardo Anaya es quien más ha gastado y está cerca de la mitad del tope de campaña (reporta gastos por 203 millones cuando el tope es de 429 mdp para cada uno); pero ¿qué tan apegado a la realidad es esto?:

Un estudio presentado el martes pone en duda prácticamente todos los reportes de los actores políticos a la autoridad electoral, al demostrar que en cada elección, la constante es reportar mucho menos de lo que en realidad gasta. 

Dinero bajo la mesa -coordinado por María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde, director General de Integralia Consultores y ex consejero del IFE (ahora INE)- apunta hallazgos como los siguientes:

-Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.

-En promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.

-Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.

-Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.

-Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.

-El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.

En el citado informe -que puede ser revisado íntegro en esta nota- se apunta que “el elemento fundamental para que el INE pueda fiscalizar es el cumplimiento por parte de los candidatos en el informe real y oportuno de sus gastos”.

Sin embargo, “la mayor parte de los movimientos que informan a la autoridad se concentran una semana antes de la elección. En los procesos electorales de 2016 (12 gubernaturas), de los poco más de 122 mil movimientos registrados, 7 días antes de las elecciones sólo se habían registrado 38 mil operaciones, es decir, 31%. De acuerdo con los reportes consultados, 43% de todos los movimientos de campaña se hicieron la semana previa a los comicios; 3.1%, el día de la elección y 22.8% se declararon posteriormente”.

Algo similar ocurrió en las elecciones de 2017 (cuando hubo tres campañas a gobernador y una local): “de las 86 mil operaciones registradas, sólo 54% se habían registrado una semana antes de las elecciones; 38% se declararon en los siguientes siete días y el día de las votaciones 0.7% y 7.2% con posterioridad”.

El estudio señala que “si los reportes de los candidatos fueran ciertos, la conclusión sería que semanas antes de las elecciones hay pocos gastos, que éstos se concentran unos días antes de la jornada electoral y que el día de la elección prácticamente no los hay. Esto no sólo es poco creíble sino, por el contrario, sugiere que los candidatos no están informando lo que realmente está sucediendo en sus campañas. Sirva como botón de muestra que, después del primer mes de campañas de 2017, 40% de los candidatos no había reportado ninguna operación en el SIF, por lo que, en palabras de uno de los consejeros del INE, ‘hay campañas, pero parece que no hay gastos, no hay reporte, no hay rendición de cuentas'”. 

Ante ello observa “una urgencia de último minuto para llegar al final del proceso con algunos gastos e ingresos reportados para evitar multas. Los informes que los candidatos presentan ante la autoridad electoral no son un reflejo de la dinámica real de ingresos y gastos, por lo menos no en la temporalidad”, sostiene. 

Al revisar lo ocurrido en las elecciones de gobernadores en 2017 -dos de las cuales fueron impugnadas- se puede apreciar el porcentaje de gastos no reportados:


Más ejemplos: “En las elecciones de 2017, los candidatos de las 452 campañas para todos los puestos de elección popular en juego reportaron gastos por 764.85 millones de pesos. La fiscalización del INE descubrió 276.4 millones que no habían sido informados. Por lo tanto, del gasto total, 26.5% no había sido declarado por los partidos. Si nos concentramos solamente en las 15 elecciones a gobernador que fiscalizó el INE en 2016 y 2017, encontramos que la totalidad de los candidatos reportaron un gasto de 1,017 millones de pesos y que la fiscalización del INE logró detectar 241 millones de pesos no reportados. Así, por lo menos 19% del gasto total de todos los candidatos a gobernador no fue reportado, de manera que es posible inferir que trató de esconderse”. 

Respecto al Estado de México apunta que se trata del caso más significativo “en términos de las dimensiones del gasto no declarado. Por ejemplo, el candidato del PRD, Juan Zepeda, reportó solamente 56 millones de pesos, de los 286 millones que, por ley, pudo haber gastado. El proceso de fiscalización descubrió 47 millones adicionales no declarados. Esto quiere decir que 46% del gasto del candidato simplemente no fue reportado. Lo mismo ocurrió con el resto de los candidatos. Alfredo del Mazo, de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES, omitió reportar 50,916,000 pesos adicionales (30.5% de su gasto), y Josefina Vázquez Mota no declaró 52,744,000 pesos (35.5%). Las cifras de las elecciones de 2016 palidecen ante los gastos ocultos de 2017, ya que el caso más grande en términos netos fue en Puebla, con el candidato del PAN-PT-PANAL, al que se le imputaron 5.9 millones de pesos adicionales, representando 16% de su gasto total”.

El estudio propone una reforma electoral “base cero”, a más de dos décadas de que desde 1993 comenzaran a fijarse topes de gasto de campaña.

Entre las propuestas que hace este estudio se encuentra la de “revisar la fórmula de financiamiento ordinario y para campañas de los partidos políticos a nivel nacional y estatal con una metodología base cero”, que permita definir cuál es el costo real de una campaña en México. 

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Así mismo, llama a “examinar las fórmulas y límites al financiamiento privado considerando de manera realista sus aspectos positivos y riesgos. Hay dos opciones: seguir estigmatizando el financiamiento privado (que ya es mayoritario, pero ilegal) o encontrar nuevas formular para transparentarlo y legalizarlo (con límites y fórmulas

más realistas). El financiamiento privado no es malo en sí mismo, sino cuando está muy concentrado en pocas manos que donan grandes cantidades por debajo de la mesa”, considera el documento.

También plantea “definir nuevos criterios para estimar los topes de campaña, con base en una estructura de costos realistas y una visión del tipo de campañas deseables para la democracia mexicana”.

Sobre el tema, Casar expuso que ya “llegamos a cifras estratosféricas”, por lo que “tenemos que tener criterios, saber si alcanza ese dinero para hacer campañas, o si no alcanza, cuáles son las verdaderas necesidades“, y recordó que ahora los spots ya no los tienen que pagar los partidos.

Agregó que actualmente los topes de campaña tienen un incentivo perverso por lo que urgió la referida reforma electoral. Incluso, consideró que el INE no debería ser el encargado de fiscalizar sino que se debería crear “un sistema integral de fiscalización”.

 

Aquí el estudio completo:

Dinero Bajo La Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de Las Campañas en México by Aristegui Noticias on Scribd


Conferencia completa:






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