La mañanera de Sheinbaum | 'Si no existen pruebas claras' contra Rocha Moya, es evidente que el objetivo de las imputaciones de EE.UU. es político, señala la Presidenta
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue señalado por participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
- Redacción AN / ES
Arranca la mañanera…
La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo encabezó este jueves las conferencia presidencial desde Palacio Nacional, durante la cuál, abordó temas de relevancia nacional, como la acusación formal desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos fueron señalados por el Departamento de Justicia estadounidense por participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La mandataria comenzó su conferencia matutina leyendo un comunicado sobre la acusación estadounidense contra Rocha Moya. En seguida el mensaje íntegro:
Al pueblo de México:
El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran: el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.
Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los Tratados en la materia.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente:
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador.
México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Esta es nuestra posición.
La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes vincula con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Momentos después comenzó la dinámica de preguntas y respuestas, donde la Presidenta fue cuestionada sobre la solicitud de extradición de Rocha Moya para profundizar sobre el tema.
La mandataria subrayó que debe haber pruebas contundentes. “No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes pongan sus propias conclusiones”, dijo antes de presentar el documento en el que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación de cinco cargos contra el gobernador y nueve altos funcionarios del estado.
“Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. Es una hoja de papel, un papel”, subrayó.
Sobre la publicación de la acusación por parte de las autoridades estadounidenses, Sheinbaum cuestionó la difusión del documento.
“Esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, señaló.
Agregó que bajo su administración no se va a proteger a nadie, pero reiteró que tienen que presentar pruebas para determinar la culpabilidad de una persona.
En esa misma línea apuntó que “no había ocurrido nunca antes en la historia, que una Fiscalía o el Departamento de Justicia de Estados Unidos pida una extradición de un gobernador en funciones”, o de un presidente municipal y un senador en funciones.
Afirmó que, antes, la Fiscalía tiene que solicitar pruebas, al mencionar que el documento difundido por Estados Unidos fue formado por declaraciones de “testigos” de los cuales el gobierno de México desconoce su identidad.
La mandataria subrayó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos de prueba suficientes para proceder en territorio mexicano.
“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo.
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“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, agregó.
Asimismo la Presidenta afirmó que, “hasta ahora”, el gobierno de México no ha sido notificado por Estados Unidos sobre una acusación más que señale a otro político mexicano.
Subrayó que la solicitud estadounidense contra Rocha Moya es aplicar una “detención provisional con fines de extradición”.
Sheinbaum Pardo informó que el pasado 29 de abril mantuvo una conversación telefónica con el mandatario Rubén Rocha, quien rechazó la acusación de narcotráfico que presentó el gobierno de Estados Unidos, la que calificó de un ataque al movimiento político que se define como la “Cuarta Transformación”.
Por otro lado, dio a conocer que no ha tenido comunicación reciente con el de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
(Con información de EFE)
