Reforma Electoral… mal por donde se le vea | Por Ordaz y Dosal

Por Rebeca Dosal y David Ordaz

En 2022, Andrés Manuel López Obrador intentó impulsar una reforma electoral para modificar al Instituto Nacional Electoral (INE) y si bien no lo logró, acomodó las piezas para que la mayoría del Consejo General esté directa e indirectamente ligado al movimiento de la 4T, comenzando con la presidenta Guadalupe Taddei y seguida por varios consejeros más.

A esto se le une el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezado por Mónica Soto y respaldada siempre por Felipe de la Mata, quienes no han ocultado su simpatía por Morena y el régimen actual.

Desde hace varias semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum, los funcionarios satélites en el Legislativo y sus comentócratas a modo han hablado de la necesidad de impulsar una reforma electoral que se estará presentando en los próximos días.

Calificada por la oposición como “Ley Maduro”, la mandataria lo ha negado y ha criticado fuertemente a quienes cuestionan una iniciativa que aún no se ha presentado.

De lo poco que se conoce al momento está la proporcionalidad de los partidos políticos, el voto de los mexicanos en el extranjero, la reducción de gastos y de legisladores plurinominales, entre otros, sin embargo, observando lo ocurrido previamente en el Poder Judicial, donde “el pueblo” eligió a los funcionarios en medio de denuncias y videos que mostraban presuntos cambios de boletas durante las elecciones, y donde hoy vemos a integrantes de la Corte llegar en camionetas lujosas y alineados con la ideología de Morena, surgen dudas legítimas.

Ahora, esta reforma electoral, que “supuestamente” ha sido convocada a través de foros y encuestas nacionales al pueblo, colocaría a los legisladores plurinominales en una posición clave. Es decir, los aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT), con su voto y aprobación, podrían permitir que esta reforma avance, aun cuando dicha reforma podría reducir la representación minoritaria que hoy tienen en la Cámara. Por ello, en teoría, no resultaría conveniente para ellos aprobarla en un futuro.

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Sin embargo, el mayor problema de la política en México sigue siendo la corrupción: un voto que fácilmente podría comprarse y que, finalmente, podría llevar a que Morena concentre el poder en los tres poderes del Estado que garantizan la soberanía y la democracia. El Poder Legislativo con esta propuesta, el Poder Judicial con la reforma del año pasado y el Poder Ejecutivo, al ser Morena el partido mayoritariamente gobernante en México.

Aun así, la presidenta insiste en impulsar estos cambios bajo el argumento de fortalecer la democracia, aclarando que no implicaría encaminar al país hacia el mismo régimen venezolano, el cual hace pocos días se liberó del régimen de Maduro.

Este podría ser uno de los pasos decisivos hacia una dictadura: sin democracia, sin libertades, sin oposición y sin espacio para nuevas ideologías. La reforma judicial ya ha debilitado el Estado de derecho, mientras que asimismo la ley de telecomunicaciones apunta a la censura de medios y a la limitación de la libertad de expresión, y teniendo como siguiente paso intentar nuevamente arrebatar la autonomía del INE; todo está conectado.

De concretarse, el poder podría quedar concentrado en un futuro exclusivamente en Morena, dejando a los senadores y diputados plurinominales como una de las últimas barreras para frenar una reforma electoral que de concretarse podría entrar en vigor este mismo año.

Si esto no fuera suficiente, una reforma de este talante tiene aristas que se deben considerar, pues tanto partidos de oposición, actores políticos y sociedad civil han advertido riesgos importantes de una posible regresión democrática y el impacto que podría tener sobre la inversión productiva, en un contexto económico ya debilitado.

En diversas encuestas entre el sector empresarial se ha señalado de la baja en el nivel de confianza para invertir, llegando incluso a niveles similares a los tiempos de la pandemia de COVID-19. Las principales causas, incertidumbre económica, inseguridad y las dudas por el entorno político. La reforma electoral es una de ellas.

En ese contexto, la eventual aprobación de una reforma que debilite la integridad del sistema electoral y reduzca la autonomía y capacidad operativa de los órganos electorales, afectaría negativamente las decisiones de inversión porque erosiona los fundamentos institucionales que dan certidumbre a las empresas.

En momentos en que el mundo vive un gran reacomodo geopolítico, abriendo grandes oportunidades a la integración productiva, las cadenas de producción y suministro, la competitividad y la industrialización, así como la modernización de la infraestructura, el Estado de derecho es clave.

Si se percibe que las reglas del juego político pueden manipularse, los inversionistas asumen que otras reglas económicas y regulatorias también pueden cambiar discrecionalmente sus opciones para dirigir sus capitales.

Si el argumento es disminuir el gasto porque la operación del sistema electoral es tremendamente caro, puede resultar peor el deterioro económico, la pérdida de confianza y un caos social por la ambición de querer perpetuarse en el poder.