Calderón habría gastado hasta 233 mdp en litigio con SME
La defensa del gobierno federal en el proceso legal tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue encargada al despacho Cavazos Flores, al que se pagó entre 94 y 233 millones de pesos.

El gobierno de Felipe Calderón habría gastado hasta 233 millones de pesos en el proceso legal derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, decretada por Calderón en octubre de 2009 y que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores del centro del país.

Lo anterior se desprende de los seis contratos signados entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y el despacho jurídico Cavazos Flores para llevar la demanda laboral presentada por alrededor de 16 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Los contratos fueron obtenidos por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mediante una solicitud de información pública, y entregados a Noticias MVS primera emisión.

El periodista Daniel Lizárraga, coordinador de información de Noticias MVS primera emisión, refirió que aunque no se puede definir el monto total que amparan los contratos, pues éstos establecen topes mínimos y máximos, dichos topes permiten estimar que el gobierno anterior pagó al despacho Cavazos Flores entre 94 millones 109 mil pesos y 233 millones de pesos.

Además señaló que las fechas de los contratos se empalman, pues aunque no terminaba la vigencia de uno ya había uno nuevo. Por ejemplo, uno de los contratos se signó el 1 de diciembre de 2009 y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, pero el 1 de junio de 2010 se firmó otro con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

Las seis contrataciones del despacho Cavazos Flores se hicieron mediante adjudicación directa. El SAE justificó esta decisión con base en el artículo 41 fracción II de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que ampara esta posibilidad cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país”.

Lizárraga agregó que además de los seis acuerdos con el despacho jurídico que encabeza el abogado Humberto Cavazos Chena, en la información entregada figuran seis o siete contratos con abogados que fungían como apoderados legales del SAE, para que estuvieran al pendiente de cualquier acción legal que pudiera emprender el SME.






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