Instan 11 organizaciones internacionales a que Congreso rechace Ley de Seguridad
WOLA, Amnistía Internacional, Open Society Justice Initiative y otras 8 organizaciones expresaron su preocupación por la militarización que plantea la ley.
(Foto: Archivo Cuartoscuro)

Este miércoles, once organizaciones internacionales hicieron un pronunciamiento en conjunto para que el Congreso mexicano rechace la Ley de Seguridad Interior (LSI), proyecto que validaría la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Las organizaciones firmantes expresaron su preocupación ante el avance de la LSI en México, por el efecto de militarización que plantea la ley y pidieron al Estado mexicano atender las exigencias de organizaciones sociales que demandan reformas  para acabar con la impunidad en el país.

El pasado 26 de noviembre Aristegui Noticias publicó un proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que conferiría al Presidente de la República la facultad de intervenir con acciones de seguridad en una entidad federativa, aun si no media petición de los gobernadores o congresos estatales.

 

A continuación el texto íntegro:

En días recientes se ha apresurado en la Cámara de Diputados de México la discusión de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. En espacios públicos y medios de comunicación, legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos han insistido en la aprobación de dicha ley. A pesar del rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y contra la opinión de personas expertas en seguridad y derechos humanos, la Cámara está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre.

En este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante el avance de la LSI en México y/o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley.

Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país. Asimismo, en el contexto de dicha estrategia, hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.

Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. El Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país. El debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles.

Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles. De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel” si se aprueba la LSI.

Organizaciones firmantes:

Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)

Amnistía Internacional

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Conectas Direitos Humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Robert F. Kennedy Human Rights

World Organisation Against Torture (OMCT)






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