Diputados aprueban con cambios ley contra la extorsión; reducen sanción a servidores públicos

Tras un amplio debate y con varios cambios al texto original, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión. El dictamen fue avalado con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, y se envió al Senado para su análisis.

La iniciativa unifica la tipificación y persecución del delito de extorsión en todo el país, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado de manera anónima, lo que permitirá que las autoridades inicien investigaciones sin necesidad de una denuncia formal.

Fija penas de 6 a 15 años de cárcel y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien obligue a otra persona a hacer algo, dejar de hacerlo o soportarlo sin tener derecho, con el fin de sacar un beneficio o causar algún daño. Además, la ley castiga más fuerte en casos como el cobro de piso, cuando las víctimas sean menores o migrantes, o si quien comete el delito es un servidor público.

Entre los principales cambios aprobados destaca el ajuste en las sanciones para servidores públicos que, teniendo atribuciones, se abstengan de denunciar el delito de extorsión. El artículo 21 fija ahora una pena de cinco a doce años de prisión y multa de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización.

La modificación fue impulsada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien argumentó que el cambio responde a un criterio de proporcionalidad penal.

“lo que estoy planteando es que se elimine la sanción probable al funcionario cómplice que se establece en el 21 de la ley de 10 a 20 años y es desproporcionada, porque así lo atienden los principios de derecho penal en el mundo y México no es la excepción y por eso yo planteo que sea de cinco a 12 años”, dijo.

Monreal explicó que con la nueva redacción “no se le puede aplicar más sanción que al extorsionador que estamos planteando de seis a 15 años”, y defendió que la propuesta busca coherencia jurídica y evitar conflictos de retroactividad en algunos estados donde las penas son más altas.

Además del ajuste en el artículo 21, el Pleno aprobó también modificaciones a los artículos 2, 3, 8, 16, 18, 26 y 43 del dictamen. Entre ellas, se precisó cómo deberán coordinarse las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se incorporaron los principios de interculturalidad e interseccionalidad, y se reforzó la certeza jurídica sobre la competencia federal y la facultad de atracción.

Asimismo, se cambió la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico” y se clarificó la redacción relativa a la afectación económica de las entidades federativas. También se estableció que la reparación del daño a las víctimas se realizará con recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio.

En el artículo 43, se introdujo la orden a las autoridades de implementar campañas permanentes de información y prevención sobre las distintas modalidades de extorsión, con metas y mecanismos de evaluación.

Debate en el Pleno

Durante la discusión, legisladores de distintos partidos expresaron posturas encontradas sobre la modificación al artículo 21.

El pedista Ricardo Mejía Berdeja respaldó la propuesta, al señalar que la sanción se dirige a quienes “se hacen de la vista gorda” ante la comisión del delito, pero aclaró que “no significa que ese servidor público sea el sujeto activo del delito de extorsión”.

En contraste, el panista David Azuara Zúñiga calificó la reserva como “una ofensa a las víctimas y a la justicia”, al considerar que “es absurdo pasar de castigar a quien usa el miedo, la violencia y la amenaza para lucrar con el dolor de otros, y premiarlos con una rebaja a la mitad su condena”.

“No es una reforma técnica sino política y de impunidad partidista. La extorsión se combate con leyes firmes, castigos ejemplares y valor político”, dijo.

El morenista Leonel Godoy Rangel defendió el ajuste, asegurando que nunca el autor del delito debe tener una pena menor al cómplice y acusó que la discusión se estaba “politizando”.

Por su parte, el priista César Alejandro Domínguez advirtió que las modificaciones “no solucionan el problema del dictamen; al contrario, generan más desorden”, mientras que Emilio Suárez Licona, también del PRI, sostuvo que se trata de “cambios de forma y no de fondo” que “reducen la pena a servidores públicos, lo que debilita la respuesta institucional frente a la corrupción”.

Alcance de la nueva ley

La Ley General contra la Extorsión deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y de once propuestas legislativas de diputadas y diputados de distintas bancadas. Su objetivo es establecer un tipo penal único, la distribución de competencias entre autoridades y las formas de coordinación en la prevención, investigación y sanción del delito.

La norma determina penas de seis a quince años de prisión para quien, “sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro”, e incluye tres niveles de agravantes que pueden aumentar la sanción hasta en dos terceras partes.

Las penas podrán aumentar si el delito se comete contra comerciantes o empresarios, si se usa información personal o medios electrónicos para amenazar a las víctimas, o si hay violencia física, psicológica o participación de personas armadas. También se endurecen las sanciones cuando las víctimas son menores de edad, personas mayores, mujeres embarazadas o migrantes, así como en los casos que afecten la libertad de expresión o el trabajo de defensores de derechos humanos.

También permite denuncias anónimas a través del número 089 y crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La sesión concluyó con la convocatoria de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, a la reunión del Pleno para este miércoles 29 de octubre a las 11:00 horas.