Nayarit suma nueve años sin cumplir 27 medidas de la AVGM
El GIM evaluó las acciones de 2021 a 2024 y determinó que 20 medidas contra la violencia hacia las mujeres no se cumplieron y siete siguen en proceso.
- Redacción AN / KC
Ninguna de las 27 medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Nayarit alcanzó el cumplimiento total en la evaluación del periodo de 2021 a 2024, pese a las campañas, capacitaciones y ajustes institucionales reportados por las autoridades estatales.
El segundo dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), aprobado el 11 de mayo de 2026, clasificó 20 medidas como no cumplidas y siete en proceso de cumplimiento.
En sus conclusiones, el grupo evaluador señaló que el gobierno estatal concentra acciones relacionadas con protocolos, capacitaciones y ajustes institucionales, “los cuales son necesarios, pero no suficientes para avanzar en el cumplimiento de las medidas decretadas por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.
La declaratoria de la AVGMse emitió el 4 de agosto de 2017 para enfrentar la violencia feminicida reportada en Nayarit y el 28 de agosto de 2023 se actualizó para incorporar medidas relacionadas con la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas en 13 municipios del estado.
Casi nueve años después de la declaratoria original, el dictamen concluye que ninguna de las medidas evaluadas alcanzó el cumplimiento total.
El documento destaca que no mide directamente si la violencia aumentó o disminuyó a causa de la alerta, sino el avance de las autoridades en las obligaciones establecidas y la evidencia que presentaron para demostrarlo.
¿Qué revisó el grupo evaluador?
El GIM no solo contó la cantidad de campañas, cursos o reuniones reportaron las dependencias para calificar cada medida, sino que revisó a partir de cinco criterios que las acciones correspondieran con la obligación establecida.
También que estuvieran descritas con claridad y detalle; que incluyeran información estadística desglosada; que se hubieran realizado dentro del periodo evaluado, y que existieran documentos u otras evidencias para comprobarlas.
Te puede interesar>Del apuñalamiento a la desaparición: las huellas de la violencia feminicida en México
El dictamen estableció que la información debía responder a criterios de “congruencia”, “descripción”, “desagregación estadística”, “temporalidad” y “evidencia”.
Este último, explicó el GIM, se considera cubierto cuando el informe incluye documentación que comprueba la acción realizada y cada medida podía obtener de cero a diez puntos.
Las que alcanzaron de cero a cinco se clasificaron como no cumplidas; las que obtuvieron de seis a nueve quedaron en proceso de cumplimiento, y solo las que llegaron a diez podían considerarse cumplidas.
Las autoridades debían explicar qué hicieron, cómo se relacionaba con la medida, dónde se realizó, a quiénes llegó y con qué documentos podían acreditar sus avances.
El periodo analizado comprendió los informes estatales correspondientes a 2021, 2022, 2023 y 2024.
Al respecto, el GIM encontró vacíos de información sobre acciones que debían reportarse en los últimos dos años; en particular, el dictamen señala que la información entregada en 2024 no permitió identificar la implementación del Programa Especial para Atender la Alerta de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Nayarit, publicado en junio de 2023, ni evaluar sus indicadores.
Campañas y capacitaciones insuficientes para la prevención
En el reporte se da a conocer que el componente de prevención, integrado por 11 medidas, cuatro quedaron en proceso de cumplimiento y siete fueron clasificadas como no cumplidas.
Uno de los pendientes señalados por el GIM es la creación de un programa integral de atención y reeducación para hombres que ejercen violencia, una obligación establecida desde 2017.
El gobierno estatal reportó que en 2022 puso en marcha el programa Educar con Perspectiva de Género; sin embargo, el grupo evaluador consideró que eso no acreditaba el cumplimiento de la medida específica.
Preocupa al GIM el nulo avance en el cumplimiento de esta medida establecida desde 2017.
Exhortó al gobierno estatal a diseñar e implementar de manera urgente un programa de atención y reeducación para hombres generadores de violencia, con perspectiva de género y enfoque pluricultural.
El documento también revisó las capacitaciones y campañas dirigidas a estudiantes, docentes y población en general y entre las acciones reportadas estuvieron la difusión de violentómetros, materiales informativos, conferencias y actividades para fomentar la denuncia.
El GIM reconoció que existe trabajo de capacitación y difusión, pero encontró temas pendientes; por ejemplo, en el ámbito educativo, indicó que no había evidencia de que las actividades hubieran incorporado enfoques interseccional e intercultural.
También señaló la ausencia de contenidos sobre trata de personas, turismo sexual, desaparición, protección de datos y uso adecuado de redes sociales y videojuegos; advirtió que faltaba trabajo con madres, padres y personas tutoras.
En otra de las medidas, relacionada con campañas permanentes para prevenir distintos tipos y modalidades de violencia, el grupo señaló que, aunque se habían difundido mecanismos de queja y denuncia y capacitado a personal público y docente, “no hay evidencia sobre una campaña sostenida” para informar acerca de la normatividad y los mecanismos de sanción a las autoridades que no cumplan los protocolos de búsqueda e investigación de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.
La evaluación también detectó deficiencias en la comunicación de la propia alerta; una de las medidas busca visibilizar la violencia de género y difundir un mensaje de cero tolerancia; para acreditar su cumplimiento, las autoridades solamente presentaron un fragmento de un video de 2023.
El análisis del GIM concluyó que “su contenido no proporciona información respecto al mensaje esperado de ‘Cero Tolerancia’ hacia conductas violentas hacia las mujeres”, pues se mencionaban acciones que debían ejecutarse con lenguaje jurídico especializado y sin considerar la diversidad de las personas.
Por esa razón, el grupo recomendó “difundir un mensaje claro y contundente de cero tolerancias a la violencia contra las mujeres en el estado”.
También pidió ampliar la estrategia a medios de comunicación masiva y radios comunitarias, incluir las principales lenguas indígenas de la entidad, garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad y mantener una difusión periódica.
Las observaciones apuntan a una diferencia entre publicar materiales o realizar actividades y cumplir con una estrategia integral de prevención.
El dictamen no sostiene que no haya habido campañas; señala que las acciones reportadas no fueron suficientes para acreditar varias de las obligaciones establecidas en la alerta.
Los pendientes en búsqueda y protección de mujeres
En materia de seguridad, en el documento se da a conocer que de las ocho medidas evaluadas, tres quedaron en proceso de cumplimiento y cinco fueron clasificadas como no cumplidas.
Entre las obligaciones pendientes están la implementación de una estrategia para recuperar espacios públicos e identificar zonas de riesgo, así como las medidas relacionadas con la búsqueda de mujeres desaparecidas, la protección de quienes las buscan y la conformación de grupos policiales especializados o unidades de respuesta inmediata.
Una de las observaciones más severas se refiere a la protección de las mujeres buscadoras; el GIM señaló que no se reportaron acciones para cumplir esa medida en los informes de 2023 y 2024.
Preocupa al GIM la falta de acciones para garantizar la protección de las buscadoras de personas desaparecidas en el estado de Nayarit.
Foto: Archivo
El informe precisa que las personas buscadoras en la entidad son mayoritariamente mujeres y que sus derechos humanos deben ser protegidos.
Al respecto, el grupo recordó que las autoridades tienen la obligación de prevenir las desapariciones, asumir la búsqueda como una responsabilidad pública, proteger a quienes buscan e investigar y sancionar las agresiones contra ellas.
También, el dictamen advierte que, de otra manera, “las familias se ven obligadas a realizar sus propias búsquedas e investigaciones poniendo en riesgo sus vidas”.
Entre las recomendaciones se encuentran establecer mecanismos de comunicación rápida con las personas y organizaciones buscadoras, facilitar el acceso a los sistemas de protección y proporcionar apoyos integrales, incluidos los económicos, cuando las labores de búsqueda afecten los ingresos de las mujeres y sus familias.
El GIM también señaló que, en una medida de protección de familiares y acompañantes durante las investigaciones, el gobierno no reportó información para 2024, pese a que la obligación se incorporó en la actualización de la alerta de agosto de 2023.
El dictamen subraya que la protección debe abarcar a las familias y colectivos involucrados en la búsqueda e investigación de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.
Órdenes de protección y atención a víctimas
El documento también revisó las órdenes de protección y aunque encontró avances en su emisión y registro, señaló deficiencias en el seguimiento, la evaluación y la documentación de los servicios integrales para las víctimas, incluidos la atención jurídica y psicológica y el alojamiento.
El gobierno reportó 963 medidas de protección entre enero y agosto de 2021, de las cuales 840 estaban relacionadas con mujeres y 123 con hombres.
Sin embargo, el registro de esas medidas no resolvió las observaciones sobre el seguimiento y la atención integral.
El GIM también encontró que el informe estatal no ofrecía información suficiente para identificar los servicios prestados en los Centros de Justicia para las Mujeres de Tepic y Bahía de Banderas.
Las observaciones del apartado de seguridad también revisan si las obligaciones de protección, búsqueda y atención fueron desarrolladas y acreditadas conforme a lo que exige la declaratoria.
Las cinco medidas incumplidas para la justicia
Según las evaluaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, las cinco medidas correspondientes al componente de justicia fueron clasificadas como no cumplidas.
El gobierno estatal reportó acciones como la operación de la Fiscalía Especializada en Asuntos de la Mujer, el Código Violeta, la Coordinación General de Análisis Criminal y Operaciones Tecnológicas, así como protocolos y capacitaciones sobre acoso, hostigamiento sexual y violencia obstétrica.
Sin embargo, el GIM encontró obligaciones pendientes en la supervisión y sanción de funcionarios que obstaculicen las investigaciones; la creación o consolidación de unidades especializadas para analizar y evaluar las carpetas; y el desarrollo de lineamientos forenses con perspectiva de género y conforme a estándares internacionales.
También señaló deficiencias relacionadas con los protocolos para preservar la cadena de custodia, las estrategias diferenciadas para buscar e investigar desapariciones y el análisis de contexto para identificar fallas estructurales en las investigaciones.
El dictamen plantea la necesidad de contar con una Unidad de Análisis de Contexto especializada y eficaz para los casos de feminicidio, desaparición y delitos sexuales contra mujeres.
En una de las medidas de prevención e investigación relacionadas con la desaparición, el GIM encontró que no había evidencia de una campaña sostenida sobre la normatividad y los mecanismos de sanción para las autoridades que incumplan los protocolos y manuales de búsqueda e investigación.
El señalamiento importa porque tener una fiscalía, un protocolo o personal capacitado no acredita automáticamente que las investigaciones se realicen conforme a las obligaciones establecidas; la evaluación revisó si las acciones reportadas respondían a las medidas específicas de la alerta y si existía evidencia para demostrarlo.
Reparación del daño tampoco tiene avances suficientes
Los resultados arrojaron que el GIM encontró que dos medidas relacionadas con la reparación del daño también fueron clasificadas como no cumplidas.
Una de ellas establece la necesidad de determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres víctimas de feminicidio en Nayarit, con participación de organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas.
En el apartado correspondiente, el dictamen señala que “no se cuenta con información” para acreditar el cumplimiento de esa medida.
La reparación simbólica puede incluir acciones públicas de memoria, reconocimiento y dignificación de las víctimas; no sustituye la reparación individual, pero forma parte de las obligaciones para reconocer el daño causado y evitar que los casos queden reducidos a expedientes judiciales.
La segunda medida requiere planes individualizados de reparación integral y un programa estatal de reparación comunitaria con enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad.
La declaratoria de AVGM busca garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, así como su acceso a la justicia, y generar condiciones y políticas públicas que contribuyan a disminuir y detener la violencia feminicida.
La declaratoria original se emitió el 4 de agosto de 2017 y fue actualizada el 28 de agosto de 2023 para incorporar medidas relacionadas con la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.
El dictamen evaluó las acciones reportadas entre 2021 y 2024, durante la administración de Miguel Ángel Navarro Quintero. En ese periodo, ninguna de las 27 medidas de la alerta de violencia de género alcanzó el cumplimiento total, según la evaluación del GIM.
De septiembre de 2021 a la fecha, preliminarmente, Nayarit acumula 42 feminicidios, de acuerdo con los registros oficiales consultados.
La cifra está sujeta a actualización, debido a que la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presenta problemas de funcionamiento para la consulta de datos.
