"Del ya supérenlo al ya basta", artículo de Jacobo Dayán - Aristegui Noticias
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“Del ya supérenlo al ya basta”, artículo de Jacobo Dayán
Caronte por Jacobo Dayán

La estrategia utilizada por el gobierno federal ha sido clara, primero hacer ver el caso de Ayotzinapa como un caso aislado y después deslindarse de toda responsabilidad en los hechos. Despresurizar el tema ha llevado meses, se tuvo que enfrentar a la prensa nacional e internacional, a la protesta en las calles y a diversas instancias internacionales y organizaciones civiles.

Los intentos han sido muy burdos, del “Ya supérenlo” de Peña Nieto, seguido del “Ya me cansé” del exprocurador Murillo Karam y al “Ya chole con tus quejas” de la campaña fallida de presidencia. El más reciente fue la queja del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que hace unos días afirmó que “ya basta de culpar al gobierno federal” y que su administración no tiene nada que ver con los hechos de Iguala.

Hay una preocupación, no es para menos, por la denuncia “Fue el Estado”. Se intenta por todos los medios negar la gravedad de la crisis humanitaria y la falla por parte del Estado mexicano. Todo este año ha sido de enfrentamientos entre el gobierno y especialistas, entre ellos: el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU (contexto de desapariciones generalizadas), el Relator de la ONU contra la tortura (tortura generalizada), el equipo argentino de antropología forense, el Grupo interdisciplinario de expertos independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más simple les fue ignorar los informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro Pro de Derechos Humanos y la Comisión mexicana de defensa y promoción de los Derechos Humanos, entre muchísimos otros.

La decisión ha sido no asumir la responsabilidad. No es nuevo, los gobiernos mexicanos lo han hecho por décadas. Lo que no entiende el Secretario de Gobernación es que la demanda es al Estado mexicano, el responsable es el Estado. El caso de Ayotzinapa no es aislado, no es un problema local y no es nuevo, se da en un entorno de crisis humanitaria con graves violaciones a los derechos humanos entre los que se encuentran desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciales, tortura, inseguridad y desplazamiento en un entorno de absoluta impunidad. La extensa cobertura sobre Ayotzinapa y la omisión al resto de casos por parte de la inmensa mayoría de los medios mexicanos ha contribuido a fortalecer el discurso de caso aislado.

Las responsabilidades son del ejecutivo, los gobernadores, los legislativos federal y locales, el poder judicial, la CNDH, las comisiones de Derechos Humanos estatales y otras instancias como la Comisión ejecutiva de atención a víctimas.

El Estado mexicano ha desestimado los diagnósticos y rechazado buena parte de las recomendaciones que se le han hecho desde hace décadas, es responsable por acción y omisión. Se deben deslindar (en el mundo ideal) responsabilidades legales, morales y políticas. Varios especialistas han puesto el dedo en la llaga al denunciar que la realidad mexicana puede constituir crímenes de lesa humanidad que son de responsabilidad internacional.

En la Resolución A.RES.56.83 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de enero de 2002 titulada “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” se establece que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera responsabilidad internacional, este puede ser provocado por un comportamiento en una acción u omisión. Se considera hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado.

Si esto no es suficiente, el Secretario Osorio debería revisar la responsabilidad mexicana ante la doctrina internacional de Responsabilidad de proteger (R2P). Es un conjunto de normas que intentan prevenir y detener los crímenes masivos, estipula que “cada Estado tiene la responsabilidad primaria de proteger a su población de los crímenes masivos” y que “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de asistir a los Estados en el cumplimiento de dicha protección”. La R2P sostiene que la soberanía se sostiene en la obligación de los Estados a responder del bienestar de su población. La soberanía es una responsabilidad no un privilegio de impunidad.

Ni ya supérenlo ni ya chole ni ya basta, más bien asuman sus responsabilidades. Fue y es el Estado.

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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