Madre que sacó a aspirante de elección judicial por presuntos vínculos con crimen organizado es demandada; testigo en su contra vendía droga

Por Marcela Del Muro

En febrero de 2025, la Policía de Investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí, Rosalinda Ávalos, logró sacar de la elección judicial al expolicía y abogado Sabas Santiago Ipiña, tras denunciarlo, en plena sesión de insaculación de candidaturas en el Congreso de San Luis Potosí, por presuntos vínculos con el crimen organizado y relacionar al exfuncionario con el asesinato de sus dos hijos en el 2020. Ante la pérdida de la candidatura, Santiago Ipiña demandó penalmente a la madre por abuso de autoridad, coalición, ejercicio ilícito de la función pública y delitos cometidos por servidores públicos.

“Primero la carpeta pasó a [la Unidad de Investigación de Delitos cometidos por] Servidores Públicos, ahí dijeron que no pasaba el delito porque yo no acudí como servidora pública al recinto legislativo. Entonces, la pasaron a trámite común, pero en teoría debieron de decretar el no ejercicio de la acción penal porque no hay delito”, explica Ávalos, quien compareció por primera vez el pasado 18 de septiembre.

Una semana después, el 24 de septiembre, la policía acudió a la Fiscalía General de San Luis Potosí por las copias de la carpeta de investigación. Revisándola, se dio cuenta que algunos de los testigos que presentó Santiago Ipiña son presuntos miembros del crimen organizado, uno de los cuales es señalado en la carpeta de investigación que se inició por el asesinato de sus hijos.

Te puede interesar > Fraudes cibernéticos. La Inteligencia Artificial al servicio del crimen organizado | Especial

Otro de los testigos es José Artemio “N”, quien fue detenido el pasado 19 de septiembre por la portación de 33 dosis de metanfetamina que llevaban inscritas las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el empaque. En su declaración contra Rosalinda, tomada en marzo de este año, José narra cómo percibió la protesta en el Congreso, que vio por una transmisión en redes sociales, e indicó que la mujer refirió ser policía de investigación.

“Estamos en peligro”, dice, preocupada, Rosalinda Ávalos. La PDI señala que con estos dos testigos se pueden acreditar los vínculos del abogado con el crimen organizado; además de señalar que “es evidente el alto nivel de riesgo que corren ella y su hija mayor”, sobreviviente del ataque donde murieron Carlos y Daniela, sus hermanos de 20 y 18 años.

El mismo 24 de septiembre, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil Estatal la aplicación de medidas de protección para Ávalos y su hija: vigilancia en el domicilio de la víctima, protección policial y auxilio inmediato al momento de solicitarlo.

El Cártel de la Ministerial

El caso de la policía Rosalinda Ávalos es emblemático en San Luis Potosí porque corroboró la existencia del llamado Cártel de la Ministerial, una red criminal de policías de la Fiscalía y miembros del crimen organizado, cuya existencia tuvo que ser aceptada por las autoridades en la actual administración.

Rosalinda señala que el ataque y asesinato de sus hijos Daniela y Carlos, perpetrado el 11 de noviembre de 2020, fue una venganza por el trabajo de investigación que ella realizaba en la delegación de La Pila, una de las zonas más conflictivas de la capital del estado.

Durante un patrullaje de rutina, halló una camioneta con reporte de robo circulando por las calles de la delegación.  Tras una persecución logró detenerla, pero los tripulantes eran compañeros de su corporación.

La policía, que tenía el puesto de comandanta, avisó a sus superiores y comenzó a investigar los vínculos de sus colegas con el robo de autos y el aumento de la delincuencia en la zona. Entonces empezaron las amenazas contra ella y sus hijos. Sus jefes no hicieron nada contra sus compañeros, la dejaron desprotegida. Posteriormente, vino la venganza de sus ex compañeros

La investigación del caso indica que un grupo de policías ministeriales se movilizó hacia la casa de Ávalos; cuando se abrió la cochera, hombres armados atacaron a balazos a los tres hijos de la policía, sus dos hijos menores murieron en el momento.

La carpeta de investigación señala a trece personas implicadas, pero sólo nueve se encuentran detenidas y cuatro de ellos resultaron ser policías ministeriales. Entre los procesados se encuentran dos jefes de plaza. Uno de ellos, José Guadalupe “N”, cuya familia tiene años repartiéndose los puestos del comisariado en La Pila y a quien se le concedió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria a finales del año pasado

Rosalinda Ávalos exige que se le brinden medidas de seguridad efectivas y que se le deje de criminalizar y revictimizar. A cuatro años del asesinato de sus hijos, la policía comenta que no hay avances significativos en la investigación y pide que su caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, por el evidente conflicto de interés que existe en la Fiscalía de San Luis Potosí.