Reforma a ley de amparo es 'absolutamente regresiva', alerta magistrada

La magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., expresó su preocupación por las implicaciones de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente en revisión en el Senado, en el que se llevarán a cabo consultas públicas.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que el juicio de amparo ha sido históricamente “un freno al abuso de poder”, al permitir que “algunos actos que son violatorios de derechos humanos puedan ser no solamente detectados cuando hay una demanda al respecto, sino también reparados”. Desde su perspectiva, la propuesta representa “una reforma absolutamente regresiva”.

Uno de los puntos más preocupantes, explicó, es la restricción de la figura del interés legítimo, introducida en la reforma constitucional de 2011, la cual permitió ampliar el acceso al juicio de amparo. Esta figura ha sido clave para que “algunas comunidades, algunas organizaciones civiles o personas defensoras de derechos humanos puedan detener algunos actos de autoridad, ya sean municipales, estatales o federales, que lesionan derechos colectivos, que lesionan el medio ambiente, la salud pública, el patrimonio cultural, el acceso al agua, derechos de comunidades indígenas, etcétera”.

Sobre la propuesta de reforma, advirtió que “esta figura en especial ahora se restringe absolutamente y ya no podríamos tener esta defensa, lo cual me parece no solo grave, sino regresivo”.

La magistrada también cuestionó otras modificaciones incluidas en la iniciativa, como las restricciones a la suspensión provisional de actos de autoridad. Según explicó, esto implicaría que “ya no se permitiría que se detuvieran los efectos, es decir, que no se siguieran ejecutando estos actos en tanto se pudiera cumplir el juicio, todas las pruebas, y poder resolver si sí es o no es violatorio de derechos humanos”.

Otro aspecto que destacó es el relativo al cumplimiento de las sentencias de amparo. Aunque reconoció que algunas disposiciones de la propuesta recogen criterios jurisprudenciales, señaló que “los distorsionan para efecto de que ahora no pueda haber un control constitucional efectivo de los actos de autoridad”.

Desde su visión, estas reformas responden a una incomodidad del poder político frente al Poder Judicial. “A este gobierno, y a todos, le resulta incómodo que se detenga y se limite el ejercicio excesivo del poder cuando se violentan derechos de las personas”, afirmó. Añadió que “el gobierno que está ahora en el poder desde el sexenio pasado no solo le molesta, sino que ha hecho todo lo posible por frenarlo, utilizando las mayorías que tiene en las cámaras”.

Molina fue invitada por Movimiento Ciudadano a participar en las audiencias públicas organizadas por las Comisiones Unidas del Senado. Aclaró que no pertenece a ningún partido político, pero aceptó la invitación con el objetivo de “dejar testimonio de que lo dijimos, de expresamente por qué creemos que está mal, por qué esto puede ser regresivo”.

Al respecto, expresó su deseo de que la consulta no sea una simulación: “Ya el nombre podría ser lo de menos, porque yo esperaría que no pasara lo mismo que pasó con la reforma judicial. Podemos decirle como sea y hacer ahí alguna cosa que parezca que están escuchando sin que nadie escuche. Yo espero que no suceda así”.

En cuanto a los puntos principales de retroceso que identifica en la propuesta, los resumió en tres: la eliminación del interés legítimo, las restricciones a la suspensión de actos violatorios de derechos, y los obstáculos al cumplimiento efectivo de sentencias. “Yo creo que hay una regresión frente a estándares internacionales y en el cumplimiento de ejecutorias”, señaló.

La magistrada recordó que ya en años recientes se ha registrado desobediencia por parte del Ejecutivo respecto a resoluciones judiciales. “En los últimos años hemos visto, todos ustedes se han dado cuenta como medios, cómo desde el gobierno se ha dicho: ‘no importa que exista esa sentencia, no la vamos a cumplir’”.

Pese al panorama adverso, manifestó su intención de seguir participando en los espacios de diálogo: “Yo tengo la esperanza, porque la esperanza creo que debemos tenerla siempre, y por eso intentar todo lo que se pueda, aún en contra de todo, de que nos escuchen y que algunas cosas se replanteen y se analicen seriamente”.

Finalmente, subrayó la importancia de mantener activa la participación de la sociedad civil, la academia y la judicatura: “Lo que hay que dejar es claramente el testimonio y seguir alzando la voz. Porque eso sí, no lo pueden quitar. Eso no se quita a través de reformas”.