Gobierno español aprueba dos decretos de vivienda mientras Maricarmen logra preacuerdo para volver a casa
El Sindicato de Inquilinas de Madrid advirtió que mantendrá la protesta en la Puerta del Sol y exigió que el llamado 'decreto Maricarmen' incluya contratos de alquiler de duración indefinida.
- Redacción AN / MDS

Los socios del Gobierno de coalición español, el Partido Socialista (PSOE) y el izquierdista Sumar, lograron un acuerdo sobre las medidas de dos nuevos decretos para afrontar la crisis de vivienda en el país y que fueron aprobados este martes por el Consejo de Ministros.
Se trata de dos reales decretos -y no uno- con medidas en materia de vivienda para facilitar que sean aprobados por el Congreso español los que se consideran de mayor urgencia, ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios.
Ambos socios del Gobierno aseguran que las medidas que se van a aprobar dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.
Entre las medidas incluidas en los decretos destaca la ampliación hasta 2023 de la protección contra los desahucios, el veto hasta 2028 para la adquisición de viviendas por parte de los llamados “fondos buitre”, así como la regulación de los alquileres de habitaciones y viviendas por temporadas. También se ampliarán dos años los contratos en vigor que terminen antes de finales de diciembre de 2028 y se renovarán las rentas automáticamente.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, ha puesto la crisis de la vivienda en el centro del debate social y político en España, y ha originado numerosas protestas, entre ellas una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Centenares de personas en esta acampada esperan aún saber el contenido de estas medidas urgentes en materia de vivienda y si finalmente incluirán algunas de sus demandas, como que se acabe con los desahucios y se recuperen los contratos indefinidos de alquiler.
Sumar, el socio minoritario del Gobierno, más a la izquierda del PSOE y a favor de medidas más garantistas para los inquilinos, había llegado a amenazar con un “plantón” en la reunión de este martes del Consejo de Ministros si no se aceptaban una serie de propuestas.
Este lunes envió un borrador al PSOE que defendía, entre otras, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas, y reforzar la protección frente a los desahucios.
Acuerdo para que Maricarmen regrese a su vivienda
Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, advirtió hoy que lo “encendido” en la Puerta del Sol “no va a parar” aunque Maricarmen “va a poder volver a su casa” tras alcanzarse un preacuerdo con la propietaria del inmueble. En este sentido, señaló que el decreto que hoy está estudiando el Gobierno es un “decreto de mínimos”.
Al ser preguntada si la acampada de la Puerta del Sol continuará en caso de que el decreto no satisfaga sus demandas, Racu respondió de forma abierta que “lo que se ha encendido en Sol no va a parar aquí” y aseguró que bien puede ser “siguiendo la acampada” o “subiendo el conflicto en otras partes”. “Esto va a seguir”, sentenció la portavoz del Sindicato de Inquilinas.
Racu mostró su esperanza de que el Consejo de Ministros de hoy, que es el primero posterior al desahucio de Maricarmen, termine con la política de desahucios y reclamó al Gobierno la aprobación íntegra del que han denominado “decreto Maricarmen”. “Hoy solo aceptamos un decreto Maricarmen sin que se le cambie una única coma o lo que tendremos será un decreto farsa”.
Así, la portavoz insistió en que la exigencia central es acabar con la temporalidad de los contratos de alquiler: “No puede ser que cada pocos años nuestra vida entera tenga que cambiar simplemente porque un rentista quiere hacer más dinero y puede expulsarnos de casa sin ningún tipo de justificación”.
Por eso, mantuvo la posición de continuar con la protesta si el decreto no se ajusta a las peticiones y subrayó que “si no sale, sería un fracaso total, pero solo el principio para todo lo que hay que cambiar en este país”.
En cuanto al acuerdo alcanzado con la empresa propietaria para que Maricarmen retorne a su casa, Racu precisó que la decisión final corresponderá a la propia afectada. “Por una vez la última palabra la va a tener Maricarmen y cuando sepa todas las condiciones del contrato, todas las condiciones de esta victoria que les hemos arrancado a los rentistas y a Urbagestión, ella decidirá”, señaló.
La portavoz reivindicó que el acuerdo es fruto de la “lucha incansable de Maricarmen” y de la “organización colectiva”, y rechazó que pueda atribuirse a las administraciones: “Esto no es una victoria ni de Urbagestión, ni del ayuntamiento, ni de la comunidad (…) son partes culpables, responsables directos de este conflicto”, defendió.
Por su parte, la abogada de Mari Carmen, Beatriz Duro, detalló que el preacuerdo se alcanzó tras “más de cinco horas de negociación” con Urbagestión y calificó la vuelta a casa de su clienta como “la única alternativa posible”: “Nunca tendría que haber sido posible que saliera de su vivienda”.
Duro subrayó que la empresa propietaria se negó a negociar hasta la víspera: “Nunca antes de ayer quisieron negociar ni sentarse con nosotras a dialogar y hablar absolutamente de nada”, por eso, preguntada por si la presión social explica ese cambio de postura, la abogada respondió que opina que en la empresa “se han visto desbordados” por la situación, “y eso ha hecho evidentemente que den marcha atrás y que reculen en su posicionamiento”.
Asimismo, la letrada reprochó a las administraciones su falta de respuesta al problema de la vivienda: “Las administraciones públicas, tanto autonómica como local como estatal, son absolutamente incompetentes para dar respuesta a un problema social importantísimo que es el de la vivienda”.
Por ello, al ser cuestionada por unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atribuyéndose la solución del caso, Duro respondió que la responsabilidad “está claro que es de la organización sindical y de la organización colectiva”.
Sobre el estado de Maricarmen, que permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón desde su desahucio el pasado 23 de septiembre, la abogada explicó que aún no habían podido comunicarle el acuerdo por lo temprano de la hora, aunque adelantó que se le comunicará “hoy mismo”: “Hay que hacer con ella una lectura del contrato, hay que explicarle bien todas las condiciones”, sustanció.
(Con información de EFE, Europa Press y Aristegui Noticias)



