Entre 70 y 80 % de armas aseguradas en México proviene de EE.UU., señala especialista sobre ‘Misión Firewall’

La cooperación entre México y Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armas ha entrado en una nueva fase con la implementación, con la llamada “Misión Firewall”, un esfuerzo binacional que, según Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), busca institucionalizar el combate al tráfico de armamento con un enfoque más estratégico y técnico.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Rodríguez explicó que la cooperación en materia de seguridad “es discreta, es silenciosa”, debido a que “causan mucho escozor en las opiniones públicas de los dos países”. No obstante, consideró que “ojalá avancemos para que sea cada vez más efectiva”.

El especialista recordó que los grupos de alto nivel en materia de seguridad bilateral tienen antecedentes desde el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, señaló que con experiencias como la Iniciativa Mérida “no nos fue tan bien” y que el posterior Entendimiento Bicentenario “fue un intento de acuerdo de cooperación muy amplio, muy ambicioso, pero que, la verdad, se trabó por falta de confianza entre los dos gobiernos”.

En este nuevo contexto, destacó el encuentro reciente en McAllen, Texas, del llamado Grupo de Implementación. “La implementación es una de las fases más importantes de las políticas públicas”, dijo, subrayando que “no es menor que se institucionalice como una política pública binacional ya la puesta en operación de estos grupos de trabajo”.

Uno de los ejes principales de esta colaboración es el control del flujo de armas hacia México. Rodríguez resaltó que se ha puesto un énfasis particular en el trabajo conjunto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), a la que calificó como una institución que “ha hecho un trabajo verdaderamente profesional en los últimos, yo te diría, diez años”.

Según el profesor, la ATF cuenta con el programa eTrace, el cual “rastrea perfectamente al fabricante, al comprador mayorista, al distribuidor minorista y al comprador del arma de fuego, con tiempo y forma”. Explicó que cuando las armas son decomisadas en México, este sistema permite conocer “la fecha en la que fue comprada como nueva en Estados Unidos”, lo que contribuye a “detectar la red de tráfico de armas hacia México”.

Rodríguez mencionó que hace unos meses, la ATF desmanteló una red de más de 30 ciudadanos mexicanos y estadounidenses que traficaban armas hacia territorio mexicano. “Muchos de ellos fueron detenidos ya en Estados Unidos”, puntualizó, y subrayó que este tipo de resultados no habrían sido posibles “sin la presión del gobierno de México, desde la anterior administración, que lanzó el famoso litigio estratégico contra las productoras de armas en Estados Unidos”.

En cuanto al acceso a eTrace por parte de autoridades mexicanas, reveló que hasta ahora solo contaban con él “la Agencia de Investigación Criminal dentro de la Fiscalía General de la República y un par de fiscalías en los estados”. No obstante, destacó que se anunció “que se le dará acceso a este sistema para cargar la información a las 32 fiscalías estatales”, lo cual calificó como “un paso ambicioso de la ATF”.

Sobre los decomisos, Rodríguez señaló que “entre un 70 y 80 % provienen de Estados Unidos”, aunque también alertó que “Guatemala también es un paraíso para la compra legal de armas”. México, dijo, tiene “restricciones muy fuertes para el acceso a la compra legal de estas armas”, pero se enfrenta a un entorno regional donde sus vecinos permiten compras más flexibles.

Otro componente clave de esta cooperación, dijo, es el combate al financiamiento ilícito y al lavado de dinero. Rodríguez advirtió que “la mayor parte de los activos financieros se lavan en el mercado legal, sobre todo fronterizo, en los estados de Texas, principalmente”. Añadió que “hay políticos corruptos del lado fronterizo mexicano que invierten en propiedades en Estados Unidos”, y que las autoridades han detectado estos vínculos gracias al trabajo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC), contraparte de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana.

Mencionó que esta agencia ha congelado activos financieros incluso “a un cantante y a un exfutbolista”, y también a “tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa” investigadas por posible lavado de dinero de cárteles.

Rodríguez señaló que “no podemos entender la violencia y la corrupción en este país sin la anuencia de políticos mexicanos no vinculados con la delincuencia organizada”. Apuntó que “todos los días salen nombres a la luz pública de esta vinculación, sobre todo en el ámbito local de los gobiernos estatales y municipales”, donde “sin su protección, estas bandas criminales transnacionales no hubieran operado”.

Pese a ello, consideró que actualmente “sí estamos en un momento de confianza y de coordinación sin precedentes en la relación entre México y Estados Unidos”.

Finalmente, destacó el papel de la Cancillería mexicana en esta nueva etapa, señalando que “la Secretaría de Relaciones Exteriores está ordenando la cooperación con la Embajada de los Estados Unidos y con el Departamento de Estado”, frente a la “competencia entre las agencias” estadounidenses, como la DEA, la CIA y la HSI, esta última vinculada, según dijo, con la operación que llevó a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.