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Experto exige a Presidencia respetar el derecho de réplica: 'El Estado no puede exigir la responsabilidad que niega asumir'

'La protección de las audiencias comienza por el Estado y por su obligación de corregir sus propias falsedades', afirmó el presidente de la organización Perteneces.

  • Redacción AN / AG
29 Jul, 2026 21:56
Experto exige a Presidencia respetar el derecho de réplica: 'El Estado no puede exigir la responsabilidad que niega asumir'

Tras los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la necesidad de que las audiencias reciban información veraz y exijan la corrección de datos falsos en los medios de comunicación, el abogado y presidente de la organización defensora de derechos humanos “Perteneces”, José Mario de la Garza, aseguró que este principio debe aplicarse con la misma exigencia a las afirmaciones difundidas desde el Poder Ejecutivo.

A través de un posicionamiento en sus redes sociales, De la Garza señaló que los derechos de las audiencias no solo aplican frente a la radio y la televisión, sino con mayor rigor frente al poder público, señalando que el Estado no puede imponer obligaciones a los medios mientras evade corregir sus declaraciones oficiales.

Recordó que el 21 de agosto de 2024, en la conferencia matutina del entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador, se emitió información falsa referente a su persona y a su labor como defensor de derechos humanos, lo que afectó su honor y reputación mediante un acto oficial transmitido a nivel nacional.

Ante la falta de respuesta a la solicitud formal del derecho de réplica —reconocido en el artículo 6° de la Constitución Mexicana—, De la Garza, con el respaldo del Consejo Nacional de Licitación Pública Centralizada, promovió un juicio de amparo para exigir que la autoridad rectifique la información en las mismas plataformas oficiales donde fue emitida.

El litigante resaltó que en lugar de garantizar el ejercicio del derecho constitucional, la Presidencia de la República ha utilizado recursos e incidentes procesales para evitar responder al fondo del asunto.

A continuación su posicionamiento íntegro:

En la mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum habló del derecho de las audiencias a recibir información veraz y a exigir la corrección de información falsa.

Coincidimos plenamente.

Pero ese derecho no puede utilizarse para imponer obligaciones a la radio y la televisión y, al mismo tiempo, negarse cuando quien difunde la información falsa es la propia Presidencia desde la conferencia mañanera. El Estado no puede exigir a los medios la responsabilidad que se niega a asumir.

Esto me ocurrió a mí, José Mario.

El 21 de agosto de 2024, desde Palacio Nacional, el entonces presidente López Obrador dedicó varios minutos de la conferencia matutina a difundir información falsa sobre y sobre mi labor como abogado defensor de derechos humanos.

No fue un rumor ni una publicación aislada en redes sociales. Fue el Estado mexicano, mediante un acto oficial transmitido a todo el país, afectando mi honor, mi reputación y mi nombre.

Hice lo que corresponde en un Estado de derecho; solicité formalmente a la Presidencia de la República ejercer mi derecho de réplica, reconocido en el artículo 6° de la Constitución.

La respuesta fue el silencio.

Ese silencio lo obligó a promover a través del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, un juicio de amparo.

No pedí un privilegio. Pido que la autoridad respondiera, rectificara la información falsa y publicara la aclaración en las mismas plataformas oficiales en las que difundió las afirmaciones.

En lugar de garantizar ese derecho, la Presidencia ha litigado para impedir su reconocimiento. Ha interpuesto recursos, promovido incidentes y agotado todas las vías procesales posibles para evitar responder de fondo.

Los derechos de las audiencias no existen únicamente frente a los medios de comunicación.

Deben protegerse, con mayor razón, cuando quien difunde información falsa es el propio poder público.

No pido un trato especial ni una concesión. Exijo el cumplimiento de un derecho constitucional que la Presidencia lleva más de un año intentando eludir.

La protección de las audiencias comienza por el Estado y por su obligación de corregir sus propias falsedades.

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