opinión*
Cambio del régimen político y reforma electoral | Artículo
por Rogelio Muñiz Toledo
Fotos: Cuartoscuro

Rogelio Muñiz Toledo

“Las elecciones perfectas son las aceptadas por todos los actores; desde el punto de vista de los administradores electorales, siempre son perfectibles”: Dong Nguyen Huu *

Proponer una reforma electoral para simplificar los procesos electorales por motivos de austeridad -como lo ha hecho Morena- sin garantizar la vigencia de los principios rectores en la materia, en particular los de certeza e independencia, es no entender la complejidad del proceso de democratización en México y los delicados equilibrios en los que se ha sustentado la construcción de instituciones electorales confiables en la transición política mexicana.

Las propuestas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos y de revisar la estructura de las instituciones electorales para bajar el costo de las elecciones y garantizar que los recursos que se destinan a su organización se gasten con criterios de austeridad y eficiencia, son muy pertinentes; pero no lograrán el consenso necesario para su aprobación si por la naturaleza de los cambios propuestos se percibe que la reforma electoral tiene realmente la pretensión de debilitar a las autoridades electorales, alterar las condiciones de la competencia política en perjuicio de las oposiciones y favorecer la conformación de un polo hegemónico dentro del sistema de partidos.

Los contenidos de la reforma electoral propuesta por Morena para reducir el alto costo de los procesos electorales no son compatibles con el objetivo de mantener la confiabilidad de todos los actores políticos en las instituciones electorales. Las oposiciones y otros actores políticos ven en algunas de las propuestas de Morena una estrategia del gobierno y su partido para vulnerar la autonomía de las instituciones electorales y alterar en su beneficio las condiciones de la competencia política.

La reducción el financiamiento público a los partidos políticos en al menos un cincuenta por ciento debiera ser una de las reformas aprobadas en el próximo periodo ordinario de sesiones. Para que no resulte contraria a las condiciones de la competencia política sería necesario que se modificara la proporción de los montos que se entregan en forma igualitaria y los que se asignan de manera proporcional, para que se tienda progresivamente a una distribución igualitaria; además, convendría que incluyera la revisión del tema del financiamiento privado.

La reestructuración de la las instituciones electorales no debiera pasar por el debilitamiento de INE, mucho menos si se decide ir a un modelo aún más centralista con la desaparición de los organismos electorales locales, ni convertirse en un medio para que Morena tome el control de los órganos de dirección de la autoridad electoral.

La propuesta del consejero presidente del INE de aprobar el voto electrónico como una alternativa para abaratar los procesos electorales no parece ser una buena opción porque la vulnerabilidad de los sistemas informáticos podría poner en riesgo la confianza en las instituciones y en los resultados electorales. El propio Lorenzo Córdova aceptó en una entrevista reciente que ha habido muchísimos intentos de hackear el Programa de Resultados Electorales Preliminares, aunque, dijo, ninguno ha sido exitoso.

No obstante la confianza del consejero presidente en los sistemas de seguridad informática del INE, parece razonable suponer que tratándose de los resultados de la votación, y no de un programa de resultados preliminares, los incentivos para acceder ilegalmente a los sistemas informáticos de la autoridad electoral serían mayores y el riesgo de afectación al sistema de votación o de alteración de los resultados de las elecciones se incrementaría significativamente.

Actualmente solo siete países tiene voto electrónico (Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, India y Venezuela) y en otros siete (Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda, Kasajistán, Noruega y Reino Unido) se ha dado marcha atrás, luego de haberlo implementado parcial o totalmente, debido a los litigios derivados de las fallas de seguridad en su implementación y por los altos riesgos en materia de seguridad informática.

Una reforma electoral, sobre todo si quien la propone es el partido en el poder, debe contener la garantía de que los cambios propuestos no afectarán la certeza en las elecciones. La mejor vía para lograrlo es que la reforma electoral sea parte de un consenso nacional de todas las fuerzas políticas para impulsar el cambio del régimen político, que aún es uno de los pendientes de la agenda de la llamada Cuarta Transformación.

Los cambios a las instituciones electorales y al régimen de financiamiento de los partidos políticos debieran plantearse en el marco de un acuerdo político para concluir la Reforma del Estado iniciada en 2000 con la primera alternancia en la Presidencia de la República o al menos como parte de una reforma política que incluya la revisión de otros elementos del sistema político y no solo la estructura y el costo de las instituciones y los procesos electorales, como ha sucedido en la mayoría de las ocho reformas político electorales de los últimos cuarenta años, sobre todo en las de 1977, 1990 y 1996.

Una reforma política -y no solo electoral- podría abordar no solo los temas propuestos por Morena para la reforma electoral: reducción del financiamiento público a los partidos políticos, reducción al número de legisladores, eliminación de los organismos electorales de las entidades federativas e incluso de los tribunales electorales locales, reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral y simplificación de los procedimientos electorales.

Podría ser la oportunidad para avanzar en el cambio del régimen político y para ello debieran discutirse, entre otros temas: el debate inacabado sobre la forma de gobierno, para concluir con la reforma del sistema presidencial y la regulación de los gobiernos de coalición o avanzar hacia un régimen semipresidencial o parlamentario; la revisión de los sistemas electorales para la integración de las cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas, incluidos los límites a la sub y sobrerrepresentación; las adecuaciones normativas para garantizar la efectividad del principio de paridad de género establecido recientemente en la Constitución, para avanzar de inmediato en la igualdad sustantiva; la reforma al gobierno interior del Congreso de la Unión y los de las entidades federativas, para garantizar los derechos de las minorías; el rediseño de las bases constitucionales del sistema de partidos, empezando por la revisión de las condiciones restrictivas para la conformación de nuevos partidos políticos, algunas de ellas violatorias de derechos políticos.

Si la Cuarta Transformación realmente incluye la refundación de la República, será necesario concluir la Reforma del Estado e ir a una Asamblea Nacional Constituyente a más tardar en 2024, pues no obstante que el presidente López Obrador dijo el 5 de febrero pasado que el constituyente sería un tema para el próximo sexenio, las condiciones políticas podrían llevar a que el cambio de régimen, que incluiría una nueva constitución, no pueda ser aplazado más allá del 2024.

* Fue coordinador general de proyectos de asistencia a la observación electoral del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en México

Entrevista realizada por Alejandro Montes de Oca Luna, publicada en la revista Quid Iuris del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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