La esclavitud en nuestro país | Por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

El concepto de esclavitud pareciera propio de épocas pasadas y superadas: se asocia normalmente con las plantaciones coloniales, con los mercados trasatlánticos de seres humanos, con los sistemas jurídicos que permitían la crueldad de la propiedad de una persona sobre otra. Sin embargo, hoy estamos obligados a reconocer que la esclavitud no ha desaparecido de nuestra realidad; ha cambiado de forma, de lenguaje y de mecanismos de control, pero sigue existiendo entre nosotros.

La investigación periodística reciente de Marcela Turati y el equipo de Quinto Elemento Lab nos debe llevar al reconocimiento de que en nuestro país, más allá de las políticas públicas y de los marcos legales, la esclavitud sigue siendo una herida abierta.

Lo que estas historias revelan es una larga cadena de delitos y desnudan la operación de un sistema de explotación humana que se alimenta de la desigualdad estructural. Los grupos criminales no captan personas al azar. Buscan a quienes habitan los márgenes de la sociedad: quienes tienen hambre, quienes carecen de empleo digno, quienes enfrentan exclusión educativa, quienes viven en comunidades indígenas abandonadas por el Estado o quienes migran en busca de una oportunidad para sobrevivir.

En términos sociológicos, la trata de personas con fines de explotación laboral constituye una de las expresiones más extremas de la vulnerabilidad social. Se da precisamente en contextos en que las instituciones son incapaces de garantizar derechos mínimos, lo que posibilita la aparición de actores que convierten la necesidad en mercancía. La pobreza deja entonces pasa de ser una condición económica y social, y se transforma en un factor de riesgo criminógeno. El hambre, la falta de empleo y la desesperación se convierten en auténticos mecanismos de reclutamiento.

Lo particularmente alarmante es que esta forma de violencia permanece relativamente invisible. Mientras los homicidios y los enfrentamientos armados generan una reacción en distintos espacios del debate público, el trabajo forzado suele desarrollarse lejos de las ciudades, oculto en campos agrícolas, ranchos, zonas serranas o territorios donde la presencia estatal es débil o inexistente. Sus víctimas rara vez denuncian; muchas ni siquiera son identificadas como tales. Algunas desaparecen durante años sin que sus familias conozcan su paradero.

Esta realidad representa una radical negación de la dignidad humana. Emmanuel Levinas sostenía que la ética comienza en el reconocimiento del rostro del otro. La esclavitud contemporánea destruye precisamente esa posibilidad. El trabajador forzado deja de ser considerado una persona y se convierte en un instrumento. Su cuerpo es reducido a fuerza de trabajo; su sufrimiento deja de importar; su existencia se vuelve intercambiable. El esclavo moderno es alguien cuya humanidad ha sido sistemáticamente negada.

Resulta igualmente preocupante constatar que México cuenta desde hace años con un marco normativo que reconoce la gravedad de estos delitos. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece con claridad obligaciones de prevención, detección temprana, protección de víctimas y coordinación institucional. Sin embargo, la distancia entre la ley y la realidad es abismal.

En la práctica, las políticas preventivas son escasas, fragmentadas y frecuentemente inexistentes. No existen campañas masivas de información dirigidas a las comunidades con mayor riesgo de captación. Son limitados los programas especializados para identificar víctimas potenciales en zonas rurales. Tampoco se observan estrategias integrales que articulen a municipios, estados y Federación para intervenir en los territorios donde convergen pobreza extrema, exclusión social y presencia del crimen organizado.

La omisión tiene consecuencias devastadoras. Cada persona captada mediante engaños representa la insuficiencia de múltiples instituciones. Falla la política social que no logró reducir las condiciones de vulnerabilidad. Falla la política laboral que no garantizó empleos dignos. Falla la política educativa que no ofreció alternativas reales de movilidad social. Y falla igualmente la política de seguridad que permitió la consolidación de estructuras criminales capaces de administrar territorios enteros y controlar poblaciones humanas.

Es importante preguntarse en consecuencia, en cuántos territorios más en el país se están desarrollando estas prácticas; cuántas familias y cuántas comunidades están enfrentado la incertidumbre de no saber ni dónde ni en qué condiciones se encuentran sus familiares, que han salido a buscar o mínimo de para la supervivencia.

Lo anterior exige pensar además en los frágiles o incluso inexistentes sistemas de reintegración y reparación del daño a las víctimas; pues si bien es cierto que su rescate es fundamental y urgente, también lo es el hecho de que su retorno a sus lugares de origen es una condena implícita pues retornan a las mismas condiciones de pobreza, carencia y sufrimiento de la que habían intentado escapar.

Por ello, la discusión sobre la trata de personas no puede limitarse al ámbito penal. Castigar a los responsables es indispensable, pero insuficiente. La prevención exige construir condiciones materiales de vida que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades. Implica fortalecer la inspección laboral, ampliar las oportunidades educativas, garantizar acceso efectivo a la justicia, generar sistemas de alerta temprana y construir capacidades institucionales en los municipios más afectados.

La investigación que lidera Marcela Turati nos obliga a mirar aquello que durante demasiado tiempo ha permanecido oculto. Nos recuerda que la esclavitud no pertenece únicamente al pasado. Existe aquí y ahora. Habita los territorios de la desigualdad, se alimenta de la pobreza y prospera en los espacios donde el Estado se ausenta.

Frente a esta realidad, la pregunta fundamental es qué tipo de sociedad hemos construido para que miles de personas puedan ser convertidas en esclavos sin provocar una indignación y movilización nacional permanente.

Responder a esa pregunta exige una reflexión ética de gran calado. Una sociedad democrática no puede aceptar que seres humanos sean tratados como mercancías. La dignidad humana no admite excepciones territoriales, económicas ni culturales. Por ello, la erradicación del trabajo forzado debe convertirse en una prioridad nacional. No solo porque así lo exige la ley, sino porque en ello se juega una de las fronteras morales más importantes de nuestro tiempo: la capacidad de reconocer que ninguna persona puede ser reducida a un instrumento para beneficio de otros.

Investigador del PUED-UNAM