CNDH condena y exige investigar el homicidio de activista en Guanajuato
María Guadalupe Hernández se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo y fue hallada muerta en un predio del municipio de Coroneo, Guanajuato, señaló el organismo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la activista de derechos humanos María Guadalupe Hernández Flores y exigió a las autoridades de procuración de justicia del estado de Guanajuato no omitir en su investigación la línea relacionada con su labor de defensora.

En un comunicado, el organismo demandó investigaciones profesionales y a fondo, para dar con los responsables del crimen, presentarlos ante la justicia y que reciban el castigo que la ley establece.

“La CNDH expresa sus condolencias a los familiares de la defensora de derechos humanos, y se solidariza con los colectivos LGBTTTI de todo el país, especialmente con los del estado de Guanajuato”, agregó.

Hernández Flores, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo, realizaba actividades de divulgación y defensa de los derechos humanos sobre cuestiones de género y comunidad LGBTTTI. Fue hallada sin vida en un predio del municipio de Coroneo, Guanajuato.

“Para esta Comisión Nacional, el contexto actual en que se desenvuelven las personas defensoras las hace especialmente vulnerables, por lo que ha buscado fortalecer sistemáticamente su relación con ellas y sus organizaciones, mediante acciones que incidan de manera positiva en el respeto de los derechos fundamentales de esos grupos”, destacó.

Asimismo, recordó la Recomendación General 25 “sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, en la cual se analizan los diversos obstáculos que enfrentan como consecuencia de su labor y en la que se recomienda no estigmatizar el trabajo que realizan, atender de manera pronta y eficaz las medidas cautelares que dicten los organismos públicos de derechos humanos y capacitar a los servidores públicos que tengan contacto con dichas personas, así como que procuradurías y fiscalías emitan y apliquen protocolos y lineamientos para investigar delitos y agresiones contra las personas defensoras.

 






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