FGR no entrega carpeta completa en caso Farías Laguna; abogado denuncia 'justicia selectiva'

El abogado Epigmenio Mendieta Valdés, defensor del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señaló una serie de omisiones procesales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso en el que ambos marinos son señalados de presuntamente integrar una red de huachicol fiscal.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que, desde septiembre, la fiscalía ha incumplido de manera reiterada con la obligación de entregar completa la carpeta de investigación.

Detalló que, tras la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en cumplimiento de una orden de aprehensión, el juez de control advirtió en la audiencia inicial que la carpeta no había sido entregada en su totalidad. Aun así, dictó la vinculación a proceso y ordenó a la fiscalía entregar los documentos completos.

“El juez ordena desde septiembre a la fiscalía que entregue completos estos documentos”, recordó el abogado, al subrayar que, pese al paso de los meses, la defensa aún no cuenta con la totalidad del expediente. Ante esta situación, indicó que promovieron una audiencia de tutela de derechos ante una jueza de procesos penales federales del penal del Altiplano, quien instruyó a la FGR a entregar la carpeta íntegra, sin testados y con todas las técnicas de investigación.

Sin embargo, el abogado sostuvo que la fiscalía volvió a incumplir y que de los 20 tomos que integran la carpeta, solo entregó 18, omitiendo dos que considera son los “más importantes.

Además, parte de la información proporcionada se encuentra testada, lo que, según Mendieta, impide conocer con claridad la narrativa que construye el Ministerio Público para sostener que los hermanos Farías Laguna serían líderes de la presunta organización criminal.

Tras revisar los tomos disponibles, el abogado afirmó que en ellos aparecen otros nombres, actores y actividades, pero no elementos que sustenten la imputación formulada contra Manuel Roberto.

Señaló que la información incompleta y testada impide llegar a las mismas conclusiones que plantea la fiscalía. “Lo que yo veo en este momento es que se trata de una justicia selectiva”, dijo, al referir que se mencionan personas que compraban combustible, contrataban buques, agentes aduanales o distribuían gasolina, pero no existen pruebas documentales que vinculen directamente a Manuel Roberto Farías Laguna con esas conductas.

Mendieta también calificó como “inusual” que, una vez iniciado el proceso penal, la defensa no tenga acceso pleno a la carpeta. Precisó que, si bien en investigaciones por delincuencia organizada puede haber restricciones en la etapa inicial, la Constitución establece que, iniciado el proceso, las partes deben contar con acceso completo a los documentos para preparar adecuadamente la defensa. Subrayó que no se trata de un privilegio, sino de un derecho.

Respecto al contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo, el abogado explicó que se promovió un amparo contra la orden de aprehensión, radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en la Ciudad de México.

A través de ese recurso se obtuvo inicialmente una suspensión provisional que le permitía presentarse ante el juez y llevar el proceso en libertad. No obstante, la suspensión definitiva fue negada bajo el argumento de la existencia de otro amparo, promovido en Zacatecas mediante firma electrónica y que, según el defensor, su cliente no promovió.

Derivado de esa negativa, y al no contar tampoco con la carpeta completa, Fernando Farías Laguna no pudo acudir a la audiencia correspondiente. Posteriormente, la jueza libró una nueva orden de aprehensión, lo que, de acuerdo con Mendieta, generó una situación irregular, pues existen dos órdenes de aprehensión por la misma causa contra la misma persona.

Frente a ello, la defensa promovió un segundo amparo, en el que ya obtuvo una suspensión provisional, mientras continúa pendiente la resolución del primer recurso.

En cuanto al fondo de las acusaciones, el abogado explicó que la imputación del Ministerio Público se centra en que ambos marinos habrían organizado una red para favorecer adscripciones, autorizar movimientos y emitir vistos buenos para que personal de la Secretaría de Marina fuera comisionado posteriormente a la Agencia Nacional de Aduanas. Aclaró que no se les acusa de comprar combustible, contratar buques, distribuir gasolina ni venderla.

“Si autorizaron o propusieron a determinadas personas con determinados perfiles afines a ellos, para que después cometieran actividades irregulares, tendríamos que tener no solamente la documentación, sino la influencia, o los oficios, o los radiogramas, o las comunicaciones que hubieran hecho para llevar a cabo esa actividad. Definitivamente esa información no está dentro de la carpeta”, apuntó.

Añadió que la defensa solicitó formalmente a la Secretaría de Marina y a la FGR información sobre cambios de adscripción y comisiones, pero la respuesta fue que dichos datos son de carácter reservado por razones de seguridad nacional.

Ante este escenario, afirmó que se está frente a una acusación sin pruebas documentales completas y señaló que la fiscalía y la Secretaría de Marina tardaron más de un año en integrar el caso. Mientras tanto, Manuel Roberto Farías Laguna lleva cerca de seis meses privado de la libertad y, hasta ahora, la defensa no cuenta con todos los elementos probatorios para el juicio, cuya etapa procesal está prevista para iniciar en marzo.

“Y si vamos a ir a juicio sin pruebas, entonces estamos ante un juicio sumario, en cuanto a ejecuciones en las que no hacen falta pruebas”, concluyó.