Fiscalía General de la República: el juego de la simulación en el país de la impunidad | Texto por Ana Lorena Delgadillo Pérez

Por Ana Lorena Delgadillo Pérez.

El país está en uno de sus momentos más críticos de impunidad. La reciente manifestación de camioneros en el país frente a la violencia que viven, más que un grito de ayuda, es un grito de desesperación y de sobrevivencia. Muchas regiones del país están tomadas por el crimen organizado y pareciera que las fiscalías no tienen nada que ver. Eso es lo que nos ha hecho creer la 4T.

Contrario a la imagen que se nos ha vendido en los últimos años, la violencia y la inseguridad no son solamente problemas que se combaten en las calles y mediante capturas de presuntos delincuentes; tampoco dependen sólo de un Poder Judicial integrado por jueces “probos” y “rectos” elegidos —aparentemente — por el pueblo.

Con la excusa del aumento de la violencia, la 4T militarizó aún más la seguridad y no hemos visto ningún cambio positivo. También la 4T quiso engañarnos con un proceso de elección popular del Poder Judicial, alegando que, con ello, reduciría la impunidad y nos traería la justicia. Nada más falso que esto. Difícilmente la justicia llegará sin una Fiscalía autónoma, profesionalizada, con capacidades instaladas para investigar y sostener los casos ante un juez; por eso les convenía tener a los jueces de su lado y mantener a la Fiscalía al margen de la discusión pública. Un poder judicial cómplice y una Fiscalía subordinada funcionan mejor con gobiernos autoritarios que buscan actuar sin contrapesos.

En este contexto, y a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por visibilizar el papel de la Fiscalía y avanzar en que contemos con una institución sólida y verdaderamente autónoma —lo que incluso derivó en importantes cambios constitucionales y legales—, históricamente en México la Fiscalía ha sido una herramienta de control político; nunca ha sido una institución autónoma, independiente del ejecutivo, seria y profesional que sirva para lograr la verdad y la justicia. Autonomía significa investigar a todas las personas que cometan un delito, sin importar quiénes sean o de dónde vengan, sin que nadie de fuera de la institución intervenga en esa decisión. Esta Fiscalía lo que menos ha hecho es investigar los delitos y, al perpetuar la impunidad, también perpetúa la violencia. Por eso la violencia que vivimos en las calles está tan relacionada con la Fiscalía y con las personas que están a cargo de la misma.

Los distintos partidos y gobiernos no han hecho más que utilizar la Fiscalía para su propio beneficio, nombrando a fiscales “cercanos” a “fiscales carnales” que les protejan a ellos y a sus intereses. El mismo Gertz lo dijo al llegar a la Fiscalía en su famoso informe de 100 días: tenemos una Fiscalía que está hecha para proteger a los amigos y perseguir a los enemigos. Este gobierno de la 4T, lejos de fortalecer la autonomía de las fiscalías, de la mano de Gertz Manero echó años de trabajo y esfuerzos por la borda y afianzó la alianza entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo; afianzó la subordinación, con la complicidad del Senado. Violaron el principio constitucional de la autonomía.

No es que las autonomías no funcionen para una Fiscalía; no es el modelo lo que está mal; es la perversión, la manipulación y el mal uso que han hecho de la llamada autonomía; es que a los poderes reales o fácticos no les sirve porque no las pueden manipular.

Con el PRI lo veíamos muy claramente. Cómo no recordar cuando Peña Nieto intentó nombrar como el primer Fiscal “autónomo” a Raúl Cervantes y ahí se acuñó el nombre de “fiscal carnal”. En ese entonces, varios de la 4T estaban en contra; podemos incluso encontrar sus fotos en el Senado con la leyenda “no al fiscal carnal”; ahora son parte del mismo juego.

Aunque la 4T construyó su fuerza en gran parte a partir de su reclamo por la justicia y la denuncia de la violencia, corrupción e impunidad de gobiernos anteriores, desde su llegada al poder, no ha hecho más que seguir —e incluso perfeccionar— las mismas prácticas, abonando a la cooptación y el desmantelamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

El primer paso fue, siguiendo los pasos de sus antecesores, nombrar como Fiscal General a Alejandro Gertz Manero, una persona cercana al expresidente López Obrador, quien desde el inicio de su gestión —y con el silencio cómplice del Senado— violó la Constitución, negándose a cumplir con lo señalado en Ley Orgánica de la Fiscalía que, habiendo sido trabajada junto con la sociedad civil para avanzar en la transformación de la institución, el mismo Senado había aprobado poco antes. No estableció el Consejo del Ministerio Público, no rindió los informes que la ley exigía, no realizó el plan de persecución penal —que era clave para que pidiéramos saber cuáles serían sus prioridades para combatir la impunidad en el país—, no cumplió con las reglas establecidas para los nombramientos de las y los fiscales especiales al interior de la institución. Pero sobre todo, no hubo ninguna estrategia para combatir la gran criminalidad y la gran corrupción que enfrenta el país. Deja al país envuelto en la impunidad y con una institución todavía más destruida. Ese es el diagnóstico final de su gestión.

Frente a esta actuación, el Senado de la República lejos de fungir como el contrapeso institucional y exigir el cumplimiento de la Ley, nuevamente contribuyó al debilitamiento institucional, modificando, a petición de Gertz Manero, la Ley Orgánica de la Fiscalía, que le imponía cargas que todo indica que al Fiscal le resultaban un tanto incómodas, deshaciendo los avances logrados y diluyendo todos los contrapesos para la rendición de cuentas. Le regalaron su ley a modo para que destruyera la institución.

A pesar de que, desde su llegada a la institución, Gertz Manero criticó el uso pasado de la misma para beneficio de los gobiernos en turno, actuó siguiendo la misma regla no escrita: decidió perseguir a científicos y académicos —considerados “enemigos” del gobierno en turno—, así como a su sobrina política —con la que tenía rencillas personales—. En cambio, dejó libres y sin ningún tipo de investigación a los “amigos”: militares con señalamientos serios por su posible participación en graves crímenes y graves violaciones en México —como es el caso del general Salvador Cienfuegos—. Tampoco investigó a los militares que, con el contubernio del Ejecutivo Federal, ocultaron sistemáticamente información respecto del caso Ayotzinapa. Realizó una investigación a modo, para garantizar la impunidad, contra el anterior director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño —persona cercana y protegida por la 4T— frente a las 40 muertes y cerca de 26 heridos en el incendio de Ciudad Juárez, por la decisión de no abrir la puerta para que los migrantes pudieran salir y murieran ahogados por el fuego y las llamas. Bajo su liderazgo, la Fiscalía se caracterizó por la inacción frente a una de las crisis humanitarias más graves que enfrenta el país, y que el gobierno busca negar por todos los medios, con cerca de 150 mil personas desaparecidas.

Y precisamente derivado de la invisibilización del papel fundamental de la Fiscalía en la discusión pública, quienes dirigen esta institución no solo han estado al margen de cualquier tipo de rendición de cuentas respecto de sus acciones, pero sobre todo de sus inacciones, sino que incluso se ha silenciado su responsabilidad en el contexto de violencia, inseguridad e impunidad que se vive en el país. En vez de ser obligados a asumir responsabilidad respecto de su gestión, salen de sus encargos premiados: el Fiscal General al parecer con un nombramiento como Embajador, y su ex Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, —quien tenía bajo su cargo la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la de Personas Migrantes—, ocupando ahora el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este contexto, valdría la pena preguntarnos, ¿por qué se fue el Fiscal? ¿por qué “se retiró”? ¿Puede tomar una decisión así nomás y ocupar otro cargo? No sabemos si violó un pacto o cuál es la verdadera causa. Somos el país donde los silencios cómplices se premian y las cuentas por los cargos nunca se rinden. Como mexicanas y mexicanos, no nos merecemos esto y aquí hay responsabilidad de la Presidenta de la República y del Senado. Gertz se debía haber ido hace mucho tiempo, de hecho nunca debió de haber llegado a ocupar ese cargo. Pero ahora, no se puede ir así, sin rendir cuentas.

Sería muy lamentable que en nuestro país no pasara nada ante estas arbitrariedades; que el Senado -otra vez cómplice- no diera una discusión seria sobre su retiro, exigiera la rendición de cuentas y diera a conocer la verdadera razón por la cual “se retira”; que no hubiera ninguna reacción ciudadana ni ningún reclamo ante lo que está haciendo la 4T frente a la gran crisis de impunidad, simplemente jugando con los nombramientos de nuestras instituciones encargadas de justicia, de la manera que más les conviene.

El colmo de la simulación y el cinismo es la convocatoria abierta por el Senado para la elección de la nueva persona que debe dirigir la fiscalía: dan un fin de semana, tres días, para que las personas que quieran ser candidatas presenten sus documentos y concursen. ¿En serio? ¿Creen que las personas serias y profesionales, con vocación de justicia van a prestarse a esta simulación? ¿Esta es la importancia que le dan a una de las instituciones más importantes del país? Y mientras tanto ponen como “encargada de despacho” a una de sus personas más leales, que hasta hace un día era nada más y nada menos que la consejera jurídica del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que seguramente será la próxima Fiscal. Al parecer el valor que se sigue concediendo a la autonomía de la Fiscalía es cero. Ya ni siquiera las apariencias cuidan, estas son las mismas prácticas que vimos y vivimos por parte de otros partidos políticos como el PRI o el PAN.

Han sido muchas las instituciones, por las que luchamos por muchos años, que se han perdido en los tiempos recientes. La participación ciudadana es una herramienta fundamental para recuperar las instituciones y esto inicia con las personas que están al frente de ellas. En medio de la crisis en la que México se encuentra inmerso, la designación de quien encabezará la Fiscalía General de la República es de la mayor importancia, por lo que no debemos quedarnos al margen. Solo podremos recuperar nuestra democracia si salimos a defenderla, si nosotros y nosotras nos involucramos en defender lo que es nuestro. Y la justicia nos pertenece. Esas instituciones nos pertenecen, no les pertenecen sólo a unos cuantos.