Depósitos millonarios irregulares, entre principal evidencia en vinculación de magistrado federal ligado a CJNG
El plazo para la investigación complementaria fue fijado en dos meses; mientras, Isidro Avelar permanecerá en prisión preventiva.
(Foto: Departamento del Tesoro).

Por Juan Omar Fierro

Un juez de control vinculó a proceso al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no pudo acreditar la legal procedencia de un depósito por 12 millones 20 mil 474 pesos que recibió en sus cuentas bancarias en mayo de 2011.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el juez de control Rogelio Díaz de León ratificó la prisión preventiva justificada que le impuso al magistrado desde la audiencia inicial, con el argumento de que existe riesgo de fuga y de que se presumen nexos del imputado con grupos del crimen organizado como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).c

El juzgador federal concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de dos meses y medio para realizar la investigación complementaria; por lo que fijó la fecha de la próxima audiencia para el 7 de febrero del 2020.

Además, el impartidor de justicia ordenó el traslado del magistrado suspendido desde mayo del presente año al penal federal de Tepic, Nayarit, mejor conocido como “El Rincón”, por tratarse de una prisión federal más cercana al domicilio del imputado y con condiciones de seguridad que no ponen en riesgo su vida.

Avelar Gutiérrez fue detenido el pasado 22 de noviembre en Zapopan, Jalisco, y ese mismo día fue trasladado al penal federal de Almoloya de Juárez, conocido como el Altiplano, para que se presentara la imputación en su contra. En esa primera comparecencia, se decretó la legal detención del magistrado y se solicitó por parte de la defensa ampliar el plazo constitucional para poder presentar pruebas de descargo.

El pasado mayo de 2019 Isidro Avelar fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación; por lo que fue incluido en la lista de personas designadas por las autoridades norteamericanas con las que se no pueden realizar ningún tipo de transacción comercial o de negocios.

Magistrado alegó venta de una casa

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR presentó dictámenes contables y cuentas bancarias para acreditar el pago de los 12 millones de pesos que se depositaron en la misma cuenta del banco HSBC que el magistrado federal usaba para cobrar su salario como funcionario judicial.

De acuerdo con esos documentos, por conceptos de sueldos y prestaciones, el magistrado Isidro Avelar solo podía recibir un máximo de 2 millones de pesos en un plazo de un año; por lo que la cantidad recibida era totalmente incongruente con sus ingresos ordinarios o normales.

Los defensores públicos del magistrado suspendido intentaron justificar el depósito de los 12 millones de pesos argumentando que el dinero correspondía a la venta de una casa, pero los fiscales Anticorrupción demostraron que las fechas de ambas operaciones no coincidían, ya que la supuesta venta se hizo hasta agosto del 2012, es decir, más de un año después de la fecha del depósito bancario.

Ante el juez de control, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez reconoció el depósito que recibió en su cuenta bancaria, pero no logró demostrar que eran recursos justificados ni la legalidad de su procedencia.

La defensa no presentó pruebas de descargo ni testigos a favor de su cliente, a pesar de que la defensa solicitó en la audiencia inicial la ampliación del plazo constitucional para presentar datos de prueba que sirvieran para desacreditar las imputaciones de la FGR.

Por lo anterior, el juez de control consideró que la Fiscalía Anticorrupción de la FGR presentó datos de prueba suficientes para acreditar que el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez cometió actos con apariencia de delito; por lo que decidió vincularlo a proceso para que el Ministerio Público Federal (MPF) continué con las investigaciones sobre este caso.

Juez cierra audiencia sin fundamentos ni motivación

Durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó al juez de control, Rogelio Díaz de León, que la audiencia se celebrara de forma privada y sin la presencia de medios de comunicación, argumentando que derivado de la información que aparece en fuentes abiertas de internet ha sido víctima de escarnio público y de que se ha violentado su presunción de inocencia.

A pesar de que no existía ninguno de los causales previstos en la ley para convertir una audiencia pública en privada, es decir, que no se ponía en riesgo la seguridad de ninguna de las partes, de que no se trataba de un asunto de delincuencia organizada ni tampoco se afectaba la seguridad nacional, el juzgador federal accedió a la solicitud de la defensa.

Sin embargo, Díaz de León omitió argumentar a favor o en contra de la medida, por lo que no presentó los fundamentos ni los motivos que justificaran su resolución; y por el contrario, se pidió el desalojo de los tres periodistas presentes y de personal de la FGR que había acudido para atestiguar la audiencia, dada la relevancia del caso.








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