La hora del cambio (Artículo)
Al futuro gobierno "no se le puede exigir que lleve a cabo, de un solo golpe, todas las transformaciones que la izquierda desearía", escribe Carlos Herrera de la Fuente.
Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro

Por Carlos Herrera de la Fuente*

Sobre el futuro gobierno de López Obrador se han dicho tantas cosas, a favor y en contra, que parece superfluo agregar algo más. Nunca antes en nuestra historia un presidente electo había sido sometido a tal escrutinio público ni había sido juzgado en cada uno de sus actos con tal meticulosidad y rigor por todos los actores del espectro político y mediático. De esto, por supuesto, él mismo no ha sido del todo inocente. Desde el día de su elección dejó en claro que no pararía de dar a conocer su equipo y programa a lo largo y ancho del país, así como promover las futuras acciones que habría de emprender como presidente en funciones. Sumémosle a ello la realización de dos consultas sobre proyectos esenciales de su gobierno y entenderemos por qué actualmente en el país no se hace otra cosa más que hablar de él.

Por lo demás, si somos sinceros, tendríamos que reconocer que el gobierno de López Obrador comenzó el 1° de septiembre, cuando entró en funciones la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Desde ese momento, no se han dejado de proponer y aprobar iniciativas que, más allá de los intereses de los propios legisladores de Morena, corresponden puntualmente a varias de las propuestas emitidas por López Obrador durante su campaña política.

La respuesta a estos programas, iniciativas y reformas legislativas, como lo han sido el anuncio de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la propuesta de anular varias de las comisiones bancarias, el plan de creación de la Guardia Nacional y la aprobación de la nueva ley de la administración pública federal, por mencionar sólo algunos de los proyectos más relevantes y polémicos, ha ido desde el aplauso decidido de los seguidores de AMLO hasta la crítica feroz de sus detractores, los anuncios de amparo por parte de varios afectados (como es el caso del Poder Judicial de la Federación) y las reacciones extremistas de la Bolsa de Valores.

Curiosamente, uno de los actores más activos y críticos de este proceso ha sido el periodismo típicamente catalogado de izquierda, cuyos periodistas y opinadores más reconocidos no han dejado pasar un solo minuto sin criticar cada una de las propuestas e iniciativas de este gobierno, a las que, en su absoluta mayoría, han calificado de limitadas, perjudiciales o abiertamente erróneas. Desde la realización de las consultas (consideradas como ilegales o mal planeadas) hasta las alianzas con empresarios reconocidos (en las que se ha identificado un principio de claudicación) y el nuevo plan de seguridad nacional (que ha sido considerado como continuista). Todo, absolutamente todo, ha sido mal visto.

Incluso el tema de la investigación y denuncia por corrupción a los presidentes y altos funcionarios de las administraciones pasadas ha sido considerado como mal planteado o simplemente equivocado por los periodistas de izquierda, aun cuando el propio AMLO haya corregido su planteamiento inicial (de “borrón y cuenta nueva”) y haya anunciado la realización de una consulta popular para someter a la consideración de la ciudadanía dicha posibilidad.

¿Qué es lo que espera dicho sector periodístico del nuevo gobierno? Si la respuesta tiene que ver con el ejercicio de una crítica imparcial y democrática al poder establecido, provenga de donde provenga, entonces podemos decir que el horizonte desde el que se ejerce es sumamente limitado y pobre. Ciertamente, siempre será bienvenida y necesaria la crítica a cualquier tipo de poder y gobierno, pero la fe ciega en el ejercicio de la “imparcialidad” periodística tal como se presenta en las sociedades liberales, propias de los regímenes capitalistas, es un error monumental que sólo sirve a los poderes fácticos y a la derecha en general.

¿Por qué? Porque en el sistema capitalista no hay neutralidad posible. El gobierno real, por más que se le conceda momentáneamente a la izquierda partidista, corresponde al capital y a sus representantes económicos, políticos y mediáticos. Adoptar un principio de neutralidad y ejercicio crítico “imparcial”, por parte de la izquierda, significa adoptar el punto de vista de la derecha realmente gobernante y bloquear cualquier posibilidad de cambio, por ser fieles a un purismo periodístico sin compromiso explícito. Criticar, en el caso del periodismo comprometido con la izquierda, significa abrir las posibilidades para que el cambio de régimen sea posible, no asumir una actitud tan quisquillosa y purista que cualquier propuesta sea considera como errónea, insuficiente o deleznable.

¿Cómo construir, entonces, una postura que, sin abandonar la actitud crítica, colabore con la posibilidad de una transformación política para el bien colectivo? En primer lugar, comprendiendo cuál es la perspectiva objetiva y realista del futuro gobierno y cuál es el propósito central que guía su actuar. Y, en este sentido, no hay otra respuesta más que reconocer que, como el mismo AMLO lo ha insistido varias veces, el suyo se trata de un gobierno de transición.

De lo que se trata, para el futuro gobierno, es de transitar de un punto específico (A) a otro completamente distinto (B). Sólo que el tránsito del punto A al B no es ni sencillo ni evidente, porque, en términos objetivos, significa pasar de un régimen despótico que se ha prolongado varias décadas y que se ha enquistado en las instituciones políticas y en las mentalidades de los ciudadanos, a otro que busca cambiar los principios sobre los que éste se cimienta.

El objetivo es pasar de un régimen neoliberal caracterizado por el despojo, el pillaje, el saqueo, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la violencia y el beneficio a un núcleo minúsculo de oligarcas, a otro donde exista la posibilidad mínima de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la aplicación pareja de la ley, la igualdad de oportunidades, la paz y la distribución de la riqueza. Sólo que, para lograrlo, es inevitable reconocer que el camino está repleto de dificultades, de intereses creados, de oposiciones que pueden llegar a ser extremadamente violentas y de estructuras que no se pueden modificar de un día para otro, por más que se tenga la mayoría absoluta en el congreso.

Como el futuro gobierno no emergió de una revolución armada ni es producto de una revuelta civil que haya barrido totalmente con la oposición (por más que esté dañado el sistema de partidos), sino que surgió de una elección pacífica y democrática y, por lo tanto, no puede tener más que un alcance reformista y moderado, entonces, no se le puede exigir que lleve a cabo, de un solo golpe, todas las transformaciones que la izquierda desearía y que los ultras quisieran ver reflejadas de inmediato. Ni la exigencia revolucionaria ni la purista tienen sentido para un gobierno de transición que necesita pactar con los distintos actores que conforman el régimen presente con la finalidad de cambiar, aunque sea paulatinamente y en medida limitada, la realidad actual.

Para poder pasar del punto A al punto B, esto es, del neoliberalismo salvaje y despótico a un mínimo estado de justicia y paz social, resulta indispensable que el gobierno futuro actúe de manera realista y pragmática, negociando con quien tenga que negociar y ejerciendo sin cortapisas su poder cuando lo tenga que ejercer. Éste es el horizonte desde el que se debe evaluar seriamente la actuación del próximo gobierno. Lo que la izquierda a la que le interese comenzar un proceso de transición y cambio paulatino hacia un nuevo régimen (no aquélla que quiere el “todo o nada”) debe vigilar es que, en el proceso de transición, el gobierno actúe de tal manera que el resultado final sea efectivo y duradero.

Ejemplifiquemos lo dicho con tres temas polémicos: la Guardia Nacional, la relación con los empresarios y el juicio a los expresidentes.

No deja de sorprender que cuando el presidente electo y el futuro secretario de seguridad pública anunciaron la propuesta de creación de la Guardia Nacional, varios periódicos nacionales y la gran mayoría de periodistas de izquierda acusaron al futuro gobierno de claudicación frente a los principios antimilitaristas que anteriormente había abanderado, y señalaron que, con la estrategia presentada, dicho gobierno se encaminaba hacia una militarización general del país. No hay nada más falso que dicha afirmación.

Digámoslo claro: el país no se va a militarizar, el país está militarizado desde hace casi dos décadas. Cuando, en 1999, el gobierno de Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, ésta incluía elementos de la Armada de México y tenía, claramente, una formación y preparación de corte militar. Más tarde, como es por todos sabido, después de declarar su insensata “guerra contra el narcotráfico”, en 2007, Felipe Calderón decidió que fuera el Ejército y la Marina los que se hicieran cargo de las tareas policiales, por considerar que ni las policías estatales ni las federales eran capaces de asumir dichas labores. Esta misma política fue continuada por Peña Nieto a lo largo de su desastroso sexenio.

¿Cómo pasar, entonces, de un estado generalizado de militarización a uno en el que las labores de seguridad puedan ser asumidas, primero, por una policía federal y, más tarde, por las policías estatales y locales? Éste es el problema. Si lo que se plantea es retirar, de un solo golpe, a todos los soldados y marinos de las labores policíacas sin tener preparada previamente una fuerza de seguridad que pueda asumir esas funciones, se está partiendo de un supuesto totalmente irrealista, por más bondadoso y humanista que parezca.

La propuesta de creación de la Guardia Nacional es, en efecto, aunque no lo parezca, una propuesta para retirar paulatinamente al ejército de las labores policíacas. En primer lugar, porque se reenfoca la actividad central del Ejército y la Marina de las meras labores de vigilancia a las de la creación de una nueva fuerza de seguridad que, ciertamente, contará al comienzo con elementos de ambas instituciones, así como con jóvenes sin formación previa que se incorporen a dicho cuerpo policíaco. El objetivo es que, en el plazo de tres años, para el 2021, dicha corporación esté plenamente formada y pueda tener una vida propia e independiente, de tal manera que sus futuros miembros no provengan del Ejército ni tengan que ser preparados por él, y asuman por su cuenta las labores de seguridad. Ésa es la propuesta de tránsito.

En segundo lugar, respecto a la relación con los empresarios, debemos tener en claro la naturaleza del régimen neoliberal del que se parte y su relación con la oligarquía nacional dominante. En principio, hay que quitarnos de la mente la falsa idea de que en el neoliberalismo las “fuerzas económicas” actúan libremente, sin intervención del Estado. Esta imagen es, de nuevo, completamente falsa. El neoliberalismo es un régimen político y económico en el que el Estado se somete plenamente a los dictados e intereses de los capitales monopólicos, de tal forma que la totalidad de políticas que promueve e implementa tienen como finalidad facilitar las actividades de la clase empresarial dominante, de carácter oligárquico.

La propuesta de tránsito del nuevo gobierno consiste en cambiar el sentido de dicha ecuación. Por supuesto, al no tratarse de un gobierno comunista ni socialista, su planteamiento no consiste en impedirles de tajo la participación en la actividad económica, sino de sujetarla, cuando corresponda, a los proyectos del Estado y al imperio de la legalidad vigente, con miras a la promoción de un estado de justicia social y bienestar colectivo.  Ése es el significado profundo de la suspensión del NAIM y la definición de los próximos proyectos económicos sexenales.

Sería ridículo suponer que el futuro gobierno va a romper con toda la clase empresarial, por más arribista, corrupta y monopólica que se le considere. Ése no es el objetivo. El objetivo es, en primer lugar, someterla a una nueva dinámica económica, en la que, por un lado, se permita el surgimiento de nuevos actores anteriormente reprimidos o marginados (campesinos, obreros, pequeños y medianos empresarios, etc.) y, por el otro, se le dé importancia a la protección de valores económicos, sociales, culturales y ecológicos que, en lo general, a las empresas capitalistas les tienen sin cuidado.

Finalmente, en lo que corresponde al tema del enjuiciamiento a los expresidentes, es necesario una pequeña dosis de sentido común. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que confrontarse con la totalidad de los antecesores políticos de máximo nivel significa iniciar una batalla legal y política abierta por todos los medios posibles, legales e ilegales. Significa desatar una verdadera guerra política de consecuencias inesperadas, por las dimensiones del conflicto.

Por supuesto, de lograrse el objetivo de enjuiciar y condenar por actos de corrupción a los adversarios políticos del pasado, ello significaría un gran paso adelante en el proceso de construcción de la nueva hegemonía política, pero ¿a qué precio? De nada sirven las frases huecas al estilo de “la ley no se negocia”, etc., etc., porque de lo que se trata es de la consolidación de un régimen político cuyos propósitos van más allá de un mero enjuiciamiento del pasado. Es necesario definir prioridades. Si se decide iniciar un acto semejante, que sea con el apoyo mayoritario de la población.

De todo lo dicho, no se debe extraer que el nuevo papel de los analistas y críticos sea someterse, irreflexivamente, a las propuestas políticas y económicas del futuro gobierno. De ninguna manera. Pero sí es necesario contribuir a pensar el proceso de transición sin querer obstaculizarlo en todos sus momentos, con la única finalidad de pretender mantener un “rostro crítico” a prueba de todo. La perspectiva de análisis debe ser más amplia y no limitarse a la coyuntura. El objetivo, por supuesto, no es quedarse al final con un pequeño manojo de reformas, sino avanzar más allá de ellas, hasta que se haga efectiva una sociedad sin desigualdades económicas, sin marginaciones ni exclusiones, donde los intereses colectivos estén por encima del ansia voraz e irrefrenable de enriquecimiento de unos cuantos. Pero primero lo primero.

Como sea, el mayor aporte del futuro gobierno a la realidad contemporánea del país es que se han roto ya las formas tradicionales de hacer política. El statu quo ha sido cuestionado y, con él, la aparente “normalidad democrática” que sólo escondía el peor de los regímenes autoritarios. Es tiempo de hacer política y colaborar activamente en el proceso de transformación paulatina, pero radical, de nuestra sociedad. No hay marcha atrás. La hora del cambio ha llegado.

*Carlos Herrera de la Fuente (México, D. F., 1978) es filósofo, ensayista y poeta. Licenciado en economía y maestro de filosofía por la UNAM; doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es autor de los poemarios Vislumbres de un sueño (2011) y Presencia en fuga (2013), así como de los ensayos Ser y donación. Recuperación y crítica del pensamiento de Martin Heidegger (2015) y El espacio ausente. La ruta de los desaparecidos (2017). Es profesor de la materia Teoría Crítica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en las secciones culturales de distintos periódicos y revistas nacionales.



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