opinión*
Megaproyectos y el filtro social de la consulta
por Julio Moguel
Cuartoscuro / Martín Zetina / Archivo

Julio Moguel

I

En la reunión de Andrés Manuel López Obrador con su gabinete (ampliado), realizada el pasado 25 de agosto, se presentó, como uno de los temas centrales de la evaluación, el de las “grandes obras” o megaproyectos. Y en parte de sus conclusiones, apuntó hacia una definición que, en mi opinión, será decisiva para el buen curso democrático del gobierno: que todos esos proyectos de inversión pasarán por el filtro social de “la consulta”.

El tema resulta central en la estrategia del nuevo gobierno, pero habrá que darle las vueltas de tuerca necesarias para que la perspectiva consultiva amarre y se consolide. Porque todos sabemos que hay de consultas a consultas, y que una condición fundamental para que cumplan su sentido de inclusión y el cometido de “evitar conflictos sociales” –desiderátum planteado en la reunión de gabinete referida– es que sean verticales y creíbles en su método, formato y sentido y lógicas de aplicación. Buscando no sólo el “Sí” para la puesta en marcha de la “gran obra”, sino el acompañamiento y el consentimiento de la población que pudiera resultar afectada o implicada en su realización. Más aún: buscando que el megaproyecto en cuestión pueda implicarse y trenzarse con los proyectos regionales de las poblaciones o comunidades territorialmente asentadas en el espacio de la obra, en el esquema polimórfico que hoy por hoy debe tener prácticamente cualquier programa constructivo o de regeneración de los tan maltrechos espacios vitales de la patria.

Ya se ha anunciado, en dicha perspectiva, la consulta que hacia finales de octubre definirá finalmente los planes A, B o C para el desarrollo de las obras relativas a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. El pasado 25 de agosto, en la reunión mencionada de AMLO con su gabinete, se habló expresamente del caso del Tren Maya, como ejemplo para definir algunas de los rubros o niveles en que se implicará el mencionado impulso consultivo.

Se trata o tratará, en suma, de consultas específicas que tendrán que hacerse a modo y en su momento, caso por caso, pues no podrán quedar implicadas o subsumidas en una consulta genérica sobre –por ejemplo– el Plan Nacional de Desarrollo. Al menos no las que correspondan o afecten a los pueblos y comunidades indígenas de México, tal y como tuvo a bien precisar Adelfo Regino Montes, el responsable de la política pública en materia indígena dentro del gabinete de López Obrador.

II

Tres de los 25 proyectos estratégicos o prioritario esbozados por AMLO el pasado 6 de agosto, por lo menos, se implican directamente en el nivel problemático de las consultas “especiales”, en lo que compete a las poblaciones indígenas. Estos son: 1) El –ya mencionado– Tren Maya, dirigido a enlazar la ruta turística Cancún- Bacalar-Calakmul-Tenosique-Palenque; 2) La construcción de un moderno ferrocarril de carga que una al Golfo de México con el Océano Pacífico en el Istmo de Tehuantepec; a lo que se suma la modernización de los puertos de dicho espacio regional; 3) La construcción de una nueva refinería, en Tres Bocas, Tabasco.

¿Se conciben estos megaproyectos como “polos de desarrollo”? ¿Se ha considerado en su diseño lo que implicará su puesta en marcha en la modificación del hábitat regional y en la afectación medioambiental que inevitablemente conllevará su factura y concreción? ¿Se tienen a la mano, o en la lupa, los balances que pudieran hacerse de proyectos tan disformes y onerosos para la sociedad y la economía regional como el representado, v. gr., por la Siderúrgica y el Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán? (Ver sobre este tema los excelentes trabajos de Daniel Hiernaux). El ejemplo no es menor en la historia económica de México: convertido en un enclave –y no en un “polo de desarrollo”–, el proyecto económico del Pacífico michoacano sólo generó miserias aledañas, en círculos concéntricos de marginación y pobreza y deformidades y rezagos sociales y económicos que después de varias décadas no se ha sabido cómo revertir o desmontar. (Ver, sobre las perspectivas del cambio económico “desde la izquierda”, el artículo de Carlos Herrera de la Fuente en Aristegui Noticias).

Los viejos y labrados proyectos de crear un puente transoceánico en el Istmo de Tehuantepec han llevado la marca de un desarrollismo similar. Pero “algo” ha fallado para su puesta en marcha, no siendo menor, en este caso, la ya longeva oposición de pueblos y comunidades indígenas del Istmo para que les llegue el tan publicitado “progreso”, impropio o ajeno a lo que tales sujetos de derecho han querido construir y apuntalar.

¿Quiere ello decir que aquí se vaticina un “No” rotundo en la consulta que se haga de proyectos tales como el Tren Maya y el tren transoceánico en la cintura geográfica del Istmo de Tehuantepec? De ninguna manera: estoy convencido de que, alejados del mal desarrollista y del pensamiento tecnocrático, los diseñadores de política pública del gobierno encabezado por AMLO encontrarán las claves de una nueva fórmula de desarrollo económico y de intervención.

III

No podrá ser entonces un esquema de rigor desarrollista y tecnocrático el que deje huella y sus emblemas en los territorios pluriculturales, de gran presencia indígena, en el Sur-sureste del país. Los megaproyectos anunciados deberán tener otras muy distintas lógicas de diseño y lanzamiento, pensando justamente en no repetir errores crasos del pasado y en abrir las puertas a una consulta en forma –previa, libre e informada– con los sujetos de derecho regionalmente implicados (los pueblos y comunidades indígenas de la región, aunque no sólo).

Tales procesos de consulta no tendrán que esperar a que el Congreso federal apruebe la esperada y comprometida reforma al artículo 2º de la Constitución para el pleno reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público (AMLO y Morena lo han perfilado como uno de sus compromisos más solventes), pues el artículo 1º de la Carta Magna concede a los tratados internacionales reconocidos por México el estatuto de “norma constitucional”. Y, en materia de consulta, basta remitir a lo que manda en forma detallada el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT.

No está por demás decir en estas líneas que la exigencia de consulta previa, libre e informada por parte de algunas comunidades indígenas de México ya ha logrado algunos éxitos representativos, de tal forma que los diseñadores de política pública del nuevo gobierno encontrarán fértiles fuentes de aprendizaje y un terreno firme para andar.

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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