PAN respalda a Campos y pide llamar a cuentas a gobernadores morenistas

El Partido Acción Nacional (PAN) respaldó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por el desmantelamiento de un laboratorio de drogas y haber lanzado una investigación sobre el tema, sin mencionar la presencia de agentes de Estados Unidos en el operativo, lo cual está prohibido en la legislación mexicana.

En comunicado, el partido de oposición dijo que a Morena “les incomoda el golpe al crimen” y que haya “gobiernos que sí enfrentan a los delincuentes”.

El PAN afirmó que si Morena quiere rendición de cuentas debe llamar a gobernadores de ese partido que han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado:

Y si de verdad quieren rendición de cuentas, que empiecen por casa. Ismael “El Mayo” Zambada afirmó que el día de su detención en Estados Unidos se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que no era la primera vez.

A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le cancelaron la visa en medio de señalamientos por vínculos criminales. En Tamaulipas, Américo Villarreal nombró asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. En esos casos no hay exigencias ni llamados; hay silencio cómplice y hasta defensa cínica.

El PAN hizo un llamado al federalismo e hizo una defensa a la estrategia de la gobernadora, que creó una unidad de investigación dentro de la fiscalía para tratar el tema.  Los primeros avances de este equipo apuntan que la responsabilidad fue única y exclusivamente de un funcionario público, el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Ramón Oseguera, quien murió en un accidente horas después del operativo de seguridad.

En su postura, el partido de oposición destacó que en Chihuahua se logró desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes del país.

“En lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó”.

En un comunicado previo, el partido de oposición apuntó contra el gobierno federal por la presencia de agentes extranjeros, pues afirmó que corresponde a ellos “autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente”.

“Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal”.