Con Peña, balance desfavorable en derechos humanos: CNDH
No obstante, el ombudsman Luis Raúl González Pérez reconoce al presidente porque "no hemos recibido de su parte ningún intento de intromisión".
Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que durante los poco más de 5 años de la administración de Enrique Peña Nieto, “hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza“.

Subrayó que “la sociedad clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione y prevenga”. 

Al presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente a 2017, indicó que “México tiene una institucionalidad débil” y “no podemos seguir limitando nuestro destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza, a la incertidumbre que generan la inseguridad, la violencia y la impunidad. Requerimos una transición a la genuina legalidad, sustentada en el respeto de los derechos humanos”.

“Las recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional, si bien fueron prácticamente aceptadas en su totalidad, presentan deficiencias y demoras considerables en su cumplimiento“, explicó.

Puntualizó que las cinco autoridades federales con el mayor número de recomendaciones en trámite eran la Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, con 50; la Procuraduría General de la República, con 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 18 y la SEP con 16. De igual forma, los 5 gobiernos estatales con el mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca, con 16; Guerrero, con 15; Chiapas, con 12; Tabasco, con 11 y San Luis Potosí, con 9.

Aseveró que pese a los discursos, los “exhortos, propuestas y determinaciones” de Peña Nieto en favor de los derechos humanos, “encontraron poco eco en las distintas autoridades”.

Añadió que los “saldos de dolor e impunidad” del anterior sexenio “no han disminuido durante este periodo” de gobierno.

Por lo tanto, “el miedo a los alcances de la violencia subsiste y ha generado desesperanza entre la sociedad, distanciamiento hacia las instituciones y desconfianza en las autoridades. Tan solo por citar un ejemplo: con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 se habrían registrado 21,459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 esta cifra habría ascendido a 25,340, la más alta registrada en los últimos 20 años. Estos datos nos indican que el número real de personas privadas de la vida podría ser mayor, en tanto una carpeta de investigación permite estar vinculada a más de una víctima, con lo cual el panorama resultaría aún más grave”.

En ese sentido advirtió que “sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales y, sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria. Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio. La seguridad que necesitamos corresponde a la de un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el más amplio respeto a los derechos humanos, así como en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley. Una seguridad construida desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de las primeras”.

El ombudsman sostuvo que “la respuesta a la violencia e inseguridad, no radica en reducir o eliminar derechos y libertades, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley. El uso de la fuerza es una atribución y recurso legítimo del Estado, pero por sí mismo no es un medio que pueda revertir el estado de cosas que enfrentamos. En días pasados, usted señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara a su utilización. Es cierto, tanto como que los hechos han demostrado también que sería un error suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad que se enfrenta”.

Criticó que en México las estrategias de seguridad “continúan teniendo un carácter eminentemente reactivo” y “si la violencia se combate solo con la violencia, se está apostando al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que la propician y generan”.

No obstante, reconoció a Peña Nieto porque “no hemos recibido de su parte ningún intento de intromisión que pretendiera vulnerar el desempeño autónomo de este Organismo Nacional”.

Recordó que en este sexenio hubo violaciones graves a los derechos humanos y citó los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. De todas las recomendaciones, “tan solo una tiene actualmente pruebas de cumplimiento total, con independencia de que hayan sido dirigidas a instancias federales o estatales”.

En el caso Iguala, solo 9 de los 57 puntos propuestos habían sido completamente atendidos, 36 se encontraban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos, “lo cual refleja la complejidad, pero también la falta de una voluntad real y compromiso para llegar al esclarecimiento del asunto”.

Sobre ello anotó que es “evidente que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República está agotado, siendo necesario que a la brevedad se concreten de manera viable y pertinente las reformas en el ámbito de procuración de justicia, para garantizar la autonomía, la imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esta función”.

Pidió que en los meses que restan al presidente Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano pudiera reconocer “la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, para recibir casos individuales en los que se considere que el Estado ha vulnerado los derechos humanos; ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico; los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención para Reducir los Casos de Apatridia; la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de los adultos mayores y la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. Asimismo, se espera que se avance en el cumplimiento de todas las recomendaciones que se han formulado a México por instancias internacionales vinculadas al cumplimiento y respeto de los derechos humanos”.

Ve aquí el informe completo






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