Señalamientos de 'cobro de piso' entre alumnos movilizan a Chalco

El gobierno de Valle de Chalco Solidaridad, a través de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, implementó protocolos de seguimiento y diálogo en la Escuela Primaria “Dr. Gustavo Baz”, luego de que padres de familia denunciaran presuntas conductas de acoso y “cobro de piso” entre estudiantes.

La dependencia organizó actividades educativas y de prevención con docentes, madres, padres y alumnos, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de todas las niñas y niños del plantel.

Según los padres, un grupo de estudiantes habría exigido dinero a sus compañeros a cambio de no ser agredidos, por lo que el lunes pasado llevaron a cabo una manifestación frente a la escuela.

Las denuncias señalan conductas de violencia física y psicológica, como empujones, escupitajos, arrastrar a otros alumnos y otras situaciones hacia las niñas.

Según la versión de los denunciantes, algunos estudiantes también habrían llevado objetos para intimidar a otros.

“Como muchos papás ya sabrán, hay un grupo de niños haciendo bullying y acoso escolar; les piden dinero a los niños para no molestarlos y a pesar de dar dinero, aún así agreden a golpes”, declaró un padre de manera anónima.

Los familiares dijeron que su preocupación es por la seguridad y bienestar de sus hijos dentro del entorno escolar.

Ante la situación, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos organizó la plática “Corresponsabilidad en el derecho a la educación” en la Escuela Telesecundaria Gustavo Baz Prada No. 225E, que calificó como “un espacio de diálogo” para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el rol de familia, escuela y sociedad en la formación de niñas y niños.

Según la dependencia, “es un espacio cercano y necesario para fortalecer la formación de nuestras y nuestros estudiantes” y anunció que participaron 32 alumnos, madres y padres de familia, así como docentes del plantel.

Las autoridades destacaron que, aunque los hechos fueron protagonizados por estudiantes, no se trata de criminalizar ni excluir a los niños, quienes tienen derecho a recibir educación gratuita y un trato digno conforme a la SEP.

La institución dijo que la fiscalización y supervisión educativa se centran en documentar los incidentes, aplicar protocolos de seguridad, y brindar acompañamiento psicológico tanto a las víctimas como a los alumnos agresores.

“El comportamiento de los niños muchas veces refleja situaciones que viven en su hogar o lo que observan en medios e internet, por eso es fundamental la intervención inmediata de madres y padres para corregir conductas y enseñar que toda acción tiene consecuencias”, indicó un representante de la Defensoría Municipal.

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El gobierno municipal enfatizó que la escuela y sus directivos no son responsables de las conductas violentas, pero sí deben garantizar entornos escolares seguros y actuar de manera preventiva.

Entre las medidas anunciadas se incluyen bitácoras de incidentes, seguimiento psicológico y talleres de educación socioemocional, mocjilas para la paz, para que los estudiantes comprendan la importancia del respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.