Productores agrícolas del Bajío cerrarán carreteras y casetas si no llegan a un acuerdo con el gobierno

Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), expuso que los productores de maíz y sorgo de Guanajuato, Michoacán y Jalisco exigen un precio de garantía justo y la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que desde el inicio de las negociaciones del T-MEC, los productores habían solicitado que los granos básicos fueran excluidos debido a la imposibilidad de competir con Estados Unidos y Canadá, pero sus demandas no fueron atendidas.

“Desde que se aprobó y entró en vigor, el campo mexicano ha sido sometido a abandono, a una situación de ruina, ya que nos hayamos convertido ahora en el primer importador de maíz del mundo, superando a China […] este año el gobierno ha abierto puertas para importar 822 mil toneladas de maíz blanco traído de Estados Unidos y de Sudáfrica”, señaló.

El dirigente advirtió que la importación masiva ha provocado bajos precios para los productores: “Uno de ellos es el bajo precio que los acopiadores y compradores otorgan a los productores […] el otro es la falta de crédito y el otro es que los productores de todas las ramas deben de pagar un impuesto a la delincuencia”.

Detalló que este impuesto, conocido como “cobro de piso”, puede llegar a los 500 pesos por tonelada de maíz, mientras que el precio de venta actual ronda los 5 mil 500 pesos por tonelada, dependiendo de la negociación.

López Ríos relató casos concretos de violencia e inseguridad que enfrentan los productores: “Era una gente sometida a extorsión permanente y amenaza para él y su familia […] se encargan de difundir entre los productores que ellos llevan una comisión por la comercialización de maíz, sorgo o trigo”.

Denunció que las autoridades no cumplen su función de protección: “Es una fantasía que los índices de seguridad estén mejorando y que haya contención a los circuitos delincuenciales que tienen que ver con la extorsión y el cobro de piso a los productores del país”.

Incluso, indicó que solicitudes de apoyo ante incidentes graves han sido ignoradas. Relató que al buscar apoyo por la muerte de un compañero en Acapulco, recibió indiferencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando fue encabezada por Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación.

“No me volvió a tomar una llamada, no me volvió a recibir, porque le molestó que le dijera que la Guardia Nacional no se dedica a tareas de vigilancia y de seguridad ciudadana, se dedican a hacer rondines en la comodidad de espacios donde no hay problema, pues ahí, ¿a quién cuidan?”.

Sobre la movilización de los productores, López Ríos informó que desde la noche anterior iniciaron salidas a las carreteras, apostados con su maquinaria agrícola mientras esperan una respuesta de la comisión de gobierno.

Advirtió además que la situación de desesperación podría derivar en conflictos cívicos: “La gente está demasiado irritada […] están muy encabronados por todo lo que ha sucedido, por lo que ha pasado y por la ruina en que se encuentran los pequeños productores”.

Respecto a la política de apertura comercial y los efectos de la importación de maíz, López Ríos señaló: “Se abrieron las puertas de par en par para la importación de maíz de estos dos países, y eso coloca en la ruina a los productores de México [… ] los empresarios tienen sus bodegas llenas y no tienen presión de la compra de la cosecha nacional”.

Consideró que estas decisiones, además de las importaciones, responden a políticas de control de precios y medidas frente a la inflación, pero perjudican directamente a los productores nacionales.

La UNTA estima que alrededor de cuatro millones de productores pequeños y medianos se encuentran en esta situación crítica. Además, participan otras organizaciones, como el Frente Nacional por el Rescate del Campo, sumadas a la demanda de precio de garantía y exclusión de granos del T-MEC.

La reunión con representantes del gobierno federal y de los tres estados involucrados se programó para las 11:00 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, con la expectativa de que se atiendan las demandas de los productores. López Ríos advirtió que de no obtener respuesta satisfactoria, se prevé el cierre de carreteras y casetas en Guanajuato, Michoacán y Jalisco.