Productores evitan denunciar 'impuesto criminal' por temor a represalias, señala UNTA | Entérate

Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), aseguró que los pequeños productores del Bajío enfrentan un “impuesto criminal”, que ha aumentado con los años.

“Cuando llevo mi cosecha, hace años, cuando esto empezó, empezaron en doscientos cincuenta por tonelada. Hoy conozco y sé de testimonios y de quejas de compañeros míos, productores, que les quieren encargar quinientos pesos por tonelada”, explicó López Ríos durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

El dirigente detalló que, frente a esta situación, los productores no tienen opción más que aceptar el cobro. “Te dan aviso y te dicen, pues, si quieres, órale, si no, búscale. Y entonces, pues, uno tiene que caer en el arreglo de que te paguen con una reducción de cuota que hay que pagar de piso. No hay salida, y si uno denuncia, pues, ahí están las consecuencias de lo de Michoacán, de los limoneros”, añadió.

En cuanto a la situación general del sector, López Ríos definió el momento como uno de “indignación, de desesperación, de reclamo de justicia para los que nos encargamos de producir alimentos básicos para este país”.

Señaló que la administración actual ha dejado de lado acuerdos previos y ha implementado programas “de carácter clientelar y asistencial para un sector pequeño de productores”, lo que, a su juicio, ha generado frustración entre los agricultores.

El dirigente advirtió sobre posibles movilizaciones masivas en caso de que el gobierno no atienda sus demandas: “Hoy mismo a las 11 de la mañana sesionará la comisión de gobierno con los productores y, ¿qué crees? Desde anoche empezaron a moverse los campesinos a las carreteras y a las casetas y en cuanto tengan noticias si hay éxito se retirarán pacíficamente a sus pueblos. Si no hay una respuesta conveniente de inmediato van a cerrar todas las carreteras y casetas del Bajío, Guanajuato, Michoacán y Jalisco”.

Sobre la mesa de negociación, López Ríos precisó que participan representantes de Gobernación, de la Secretaría de Agricultura y de Economía, así como de los tres gobiernos estatales. Por parte de los productores, indicó que está presente “una amplia comisión de productores de los tres estados”.

Entre los principales puntos de demanda, mencionó el establecimiento de un precio de garantía para el maíz y el sorgo, y la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Respecto al “impuesto criminal”, explicó: “No es tema por el temor, por el miedo que existe entre los productores para denunciar. Hemos visto casos de denuncia y de inmediato hay represalias, amenazas a los productores, a la familia, y la gente inerme, ¿Qué hace? Evadir el tema”.