Nueva ley ambiental incorpora adaptación al cambio climático y restauración: Bárcena

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, explicó que la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente busca actualizar el marco normativo vigente desde 1988 para incorporar asuntos que no estaban en la agenda pública hace cuatro décadas, entre ellos la adaptación al cambio climático, la restauración ambiental y nuevos mecanismos de conservación.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que la legislación de 1988 fue la primera en establecer el marco institucional y normativo en materia ambiental, mientras que las modificaciones posteriores fueron parciales.

Entre los nuevos enfoques, destacó la adaptación al cambio climático, con medidas para preparar a las poblaciones ante fenómenos como inundaciones y proteger costas, ríos y cuencas. Bárcena puso como ejemplo las inundaciones registradas en Nepal, que vinculó con el derretimiento de un glaciar asociado al aumento de la temperatura.

“¿Cómo nos adaptamos al cambio climático? ¿Cómo protegemos nuestras costas, nuestros ríos, nuestras cuencas, para evitar justamente inundación, o no evitarlas porque van a suceder, pero por lo menos prepararnos como poblaciones a este tipo de eventos”, explicó.

Otro de los ejes es la restauración de zonas deforestadas, deterioradas o contaminadas. La secretaria mencionó como acciones prioritarias el saneamiento y restauración de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, además de la presa Endhó, cuya recuperación, dijo, es una demanda de las comunidades de la zona afectadas por las aguas negras que llegan del río Tula.

La propuesta también establece un Programa Nacional de Restauración y nuevas herramientas para “restaurar, para remediar, para reparar”, de acuerdo con Bárcena. Entre las acciones mencionó la reforestación, las soluciones basadas en la naturaleza y el uso de humedales para contribuir a la limpieza del agua. Citó como ejemplo el proceso de restauración en Texcoco, iniciado durante el sexenio anterior.

Para 2026, la Semarnat identificó 54 sitios que serán considerados para acciones de restauración. Bárcena explicó que una de las fuentes de financiamiento será el Fondo Forestal, al que deben aportar recursos quienes realizan cambios de uso de suelo. “Si ellos tuvieron que deforestar o hacerle un cambio de uso del suelo a 10 hectáreas, entonces tienen que pagar una cuota para restaurar 10 hectáreas, quizás no en el mismo sitio, en otro lado, pero que se utilice ese dinero, ese recurso para la restauración”, detalló.

Los recursos se destinan a actividades como reforestación, limpieza, saneamiento y remediación. La funcionaria indicó que las acciones en los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago se financian con presupuesto federal y aportaciones del Fondo Forestal, mediante convocatorias en las que participan comunidades forestales.

También señaló que se busca incorporar a organizaciones de la sociedad civil con fondos internacionales y desarrollar proyectos público-privados. Entre estos últimos mencionó la recuperación de playas afectadas por erosión, en la que participan empresarios hoteleros interesados en restaurar zonas de las que dependen sus actividades.

Otro de los asuntos abordados fue el sargazo en el Mar Caribe. Bárcena planteó la necesidad de capturarlo en alta mar y trasladarlo a sitios donde pueda ser tratado y reciclado, como parte de las acciones de limpieza y restauración.

En el caso del río Sonora, informó que la Semarnat analizó los sedimentos y encontró la presencia de metales pesados, entre ellos cadmio y arsénico. La estrategia consiste en retirar esos sedimentos y depositarlos en celdas aisladas para evitar que continúen contaminando el río, además de restaurar sus márgenes mediante vegetación adecuada para la zona.

La restauración también considera manglares. Bárcena explicó que el Fondo Forestal ya financia acciones en el Golfo de México, donde comunidades pesqueras participan en la siembra y resiembra de manglares.

La secretaria indicó que algunos de los proyectos prioritarios ya cuentan con recursos presupuestales. Las obras para sanear los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago están incorporadas en el presupuesto de 2027, mientras que también existe financiamiento para reforestación mediante el Fondo Forestal.

A ello se suma el programa Sembrando Vida, que, según Bárcena, tiene un presupuesto de casi 39 mil millones de pesos y podría contribuir a la restauración ambiental. La intención es que el programa no se limite a proyectos productivos, sino que sus participantes también intervengan en la recuperación de los sitios donde trabajan.

“No todos los recursos van a venir de la Semarnat”, sostuvo. La secretaria agregó que la dependencia contará con mayores recursos para atender las áreas naturales protegidas, muchas de las cuales también requieren acciones de restauración.

Mencionó además la recuperación de especies emblemáticas, entre ellas el cóndor, el lobo mexicano y el bisonte, cuya población fue repoblada recientemente en Sonora. En estas acciones también se busca sumar recursos privados; como ejemplo, citó un convenio con Grupo Bimbo para la protección del oso negro y su hábitat.

“Hay que buscar recursos. O sea, nuestra Secretaría no tiene muchos recursos, esa es la realidad. Sin embargo, pensamos que juntando los recursos internacionales, los que tengamos nosotros, los de los fondos forestales, el fideicomiso de Conabio, o sea, ir sumando, podemos reorientar, priorizar estos temas de restauración en zonas críticas”, explicó.

La nueva legislación plantea además modificaciones a los instrumentos de inspección, supervisión y evaluación ambiental. Entre ellas está la evaluación integral de impacto ambiental, con la que se busca analizar los proyectos de manera conjunta y no únicamente por sus efectos puntuales. Bárcena ejemplificó que, en el caso de un hotel, se pretende evaluar su impacto sobre toda la zona costera y no solamente sobre el sitio específico donde se construirá.

En materia de acceso a las playas, informó que la Semarnat trabaja en un registro de playas públicas para que la población pueda identificar sus accesos. También señaló que se busca condicionar nuevos permisos turísticos a la existencia de acceso público a las playas.

La propuesta incorpora igualmente criterios de prevención para que los aspectos ambientales sean considerados desde el origen de los proyectos. Bárcena aclaró que la intención no es frenar el desarrollo, sino que las obras definan anticipadamente cómo tratarán sus aguas y residuos y si pueden utilizar aguas residuales.

Antes de presentar la iniciativa, la Semarnat realizó una consulta con representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Bárcena mencionó entre los participantes a la Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial y Cemda, y señaló que a partir de esas aportaciones se incorporaron elementos vinculados con el Acuerdo de Escazú.

La funcionaria describió este componente como de “justicia ambiental”, basado en tres principios: acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental. La propuesta establece que comunidades e industrias cuenten con información oportuna y contempla la consulta previa e informada no solo para pueblos indígenas y afromexicanos, sino para las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos que puedan resultar impactadas.

Bárcena explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa y que ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión. Recordó que una primera versión fue colocada en mayo en la plataforma de gobierno para recibir opiniones, y que entre mayo, julio y agosto se incorporaron las propuestas del sector privado, social y de otros participantes.

La versión firmada por la presidenta también fue publicada en la plataforma, pero, a partir de ahora, las propuestas y comentarios deberán canalizarse a la Cámara de Diputados. La funcionaria dijo que la Semarnat participará en ese proceso y expresó su expectativa de que se realicen parlamentos abiertos con las comisiones de medio ambiente y cambio climático para ampliar la participación social antes de la discusión legislativa.