CNDH acusa violencia de género en caso Góngora
El organismo emitió una recomendación contra el GDF y el Tribunal Superior de Justicia capitalino por acciones que propiciaron abusos contra Ana María Orozco, ex pareja del ministro retirado.
(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el caso del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel ocasionó violencia contra la mujer, al permitir que Ana María Orozco, ex pareja de Góngora, pasara un año en prisión.

“La CNDH considera que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer, al revictimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos”, informó la CNDH en un comunicado.

El ombudsman emitió la recomendación 32/2013 dirigida a autoridades del Distrito Federal, por las acciones y omisiones que propiciaron que Orozco estuviera presa en el penal federal de Santa Martha Acatitla desde 2012.

El proceso en juzgados inició en agosto de 2011, cuando la mujer demandó al padre la pensión alimenticia para sus hijos, dos menores de edad con discapacidad, a lo que él respondió con una acusación de fraude genérico y violencia familiar contra los niños, hechos que no existieron.

En consecuencia, Orozco solicitó el apoyo de la CDHDF para su atención.

“Sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes, el citado organismo local concluyó el caso mes y medio después de su radicación, bajo el argumento de que no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos”, declaró la CNDH.

En la indagatoria se comprobó la violación a las garantías fundamentales, la seguridad jurídica, la legalidad, el acceso a la justicia y al debido proceso de la víctimas, además del derecho de los niños y al desarrollo integral de los dos infantes.

A continuación el comunicado íntegro difundido por la CNDH este martes por la tarde:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, emitió la Recomendación 32/2013, dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del D.F. y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Se trata del caso de acciones y omisiones en que incurrieron servidores públicos del gobierno capitalino y del citado tribunal, por las cuales una mujer que reclamó una pensión alimenticia fue privada de su libertad durante 12 meses de manera ilegal e injusta.

La CNDH considera que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer al re victimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos.

Condena el hecho de que las autoridades de la esfera judicial quebranten las leyes al ponerles trabas y obstáculos para acceder a esas pensiones; este tipo de violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

En agosto de 2011, la agraviada había demandado al padre de sus hijos una pensión alimenticia a su favor y el de sus menores hijos, que sufren una discapacidad; por su parte, él la acusó por los delitos de fraude genérico y actos de violencia familiar en contra de los niños, transgresiones que finalmente se demostró, nunca existieron.

Al ver que se violaban sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso, la mujer solicitó, desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde estaba recluida, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que le apoyaran a ella y a sus hijos.

Ello no fue posible, ya que sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes, el citado organismo local concluyó el caso mes y medio después de su radicación bajo el argumento de que “no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos”.






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