El elogio de la ignorancia: crónica del nuevo Pleno de la Suprema Corte | Artículo de Roberto Lara

Por Roberto Lara Chagoyán* / Observatorio de la Justicia

Erasmo de Rotterdam escribió en 1511 una sátira en la que la Ignorancia tomaba la palabra y se elogiaba a sí misma. La gracia del texto consistía en que la Ignorancia no tenía conciencia de serlo: hablaba con absoluta convicción, citaba a los sabios, emitía juicios, presidía asambleas. Quinientos años después, el espectáculo se repite ⎯con menos latín y más mallete⎯ en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, cada día se hace más común escuchar discusiones sin sentido, discursos ininteligibles y exhibiciones de supina ignorancia jurídica a cargo de nuestros jueces constitucionales. Si no se tratara de un asunto relacionado con la máxima instancia jurisdiccional del país, todas esas pifias podrían ser arrojadas, sin más, al basurero de la historia, pero lo que se hace con tanta sandez es el nuevo Derecho jurisprudencial mexicano.

Para muestra un botón: el 20 de abril de 2026, durante una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurrió algo que no tiene precedente en la historia del tribunal: una ministra tuvo que ser corregida por sus propios colegas sobre el sentido de su propio voto. La ministra María Estela Ríos insistió varias veces en que votaba “en contra de todo el precepto” y por “la invalidez de toda la fracción y todo el contenido”. Sus compañeros le explicaron, con creciente paciencia, que eso era exactamente lo que el proyecto proponía —y que, por tanto, su voto tenía que ser a favor. El ministro presidente Aguilar Ortiz tuvo que puntualizar ante el Pleno que el voto de Ríos era “a favor del proyecto por la invalidez”.

El ministro Arístides Guerrero solicitó expresamente que se registrara con exactitud. La ministra terminó votando como siempre había dicho que quería votar, sin que quedara del todo claro si comprendió por qué. Esta escena, que en cualquier tribunal del mundo habría provocado una crisis institucional, fue reportada como una anécdota menor. 

No podemos vulgarizar estos hechos transformándolos en el meme de la ocasión: el que hace reír a los colegas unos minutos para después ser olvidado. La trampa de la mediocridad consiste precisamente en acostumbrar al auditorio a un bajo nivel de debate hasta que deja de escandalizarse y, peor aún, hasta que deja de notar.

Del circo se sale con una sonrisa, no con una exigencia. Porque el nivel del debate no es un dato estético: refleja la calidad de los jueces constitucionales y, por tanto, la calidad de la justicia que imparten. Es cierto que a gran parte de la ciudadanía nunca le ha interesado demasiado lo que se discute en Pino Suárez 2 — pero había una diferencia entre el desinterés y la indiferencia fundada en la sospecha de que ese edificio ya no es un tribunal, sino una sucursal de San Lázaro.

Un ministro no es o, más bien, no debería ser un político. El argumento central de la reforma de 2024 fue que la legitimidad democrática ⎯obtenida mediante elección popular⎯ dotaría a la Corte de una autoridad que la designación política con atisbos de meritocracia no podía ofrecer. Salvo quienes ven todo en clave política, nadie sensato compartió ese argumento, y la realidad no ha hecho más que confirmar el error. Varios de los ministros electos no se comportan como jueces, sino como representantes de sus votantes. Esto ya venía sucediendo con algunos de los nombramientos de López Obrador antes de la reforma de 2024, y ha empeorado desde el año pasado. Si alguna legitimidad tiene la actual corte, esta no proviene de la calidad de sus razonamientos, sino de la identidad de quienes los pusieron ahí.

No debemos olvidar que las sesiones públicas de un tribunal constitucional cumplen una doble función: son, al mismo tiempo, el espacio de la deliberación jurídica y un mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía. En ellas priva la dialéctica —el intercambio de las mejores razones disponibles a favor de las mejores decisiones posibles— y, en menor medida, la retórica, entendida como el arte de comunicar esas razones con claridad. Lo que no tiene cabida en ese espacio son los monólogos ideológicos, la confusión procedimental ni la ignorancia exhibida con convicción.

Si antes la Corte padecía una pugna de egos ⎯defecto real, reconocido por muchos⎯, lo que tenemos ahora es esa misma pugna, pero mezclada con desprecio al conocimiento técnico, a la buena argumentación y, desde luego, al honor que demanda el templo de la justicia por excelencia. 

He mantenido un tono crítico frente a la Corte antes y después de la reforma —porque en una democracia eso es lo que corresponde, no una deferencia automática al poder constituido. Me gustaría, sin embargo, estar analizando batallas dialécticas: el argumento audaz, la cita precisa, la exhibición implacable de falacias, la capacidad de persuadir con razones. Eso sería una Corte digna de crítica inteligente. Lo que tenemos obliga a algo más humilde y más deprimente: señalar que una ministra no sabe cómo está votando, que el secretario de acuerdos canta resultados incorrectos sin que nadie lo corrija, que los tiempos de intervención se ignoraron desde el primer día. No son nimiedades. Son los síntomas.

La historia de la filosofía distingue dos tipos de ignorancia: la que sabe que no sabe ⎯y por eso puede aprender⎯ y la que no sabe que no sabe ⎯y por eso es irreparable. Sócrates temía a la segunda mucho más que a la primera. Lo que hemos presenciado en Pino Suárez 2 desde septiembre de 2025 no es la ignorancia humilde del principiante, sino la ignorancia satisfecha del que confunde el cargo con la competencia y el voto popular con la autoridad intelectual. Esa confusión no se corrige con tiempo ni con buena voluntad. Se corrige, si acaso, con la única medicina que la democracia tiene disponible: la crítica pública, sostenida, documentada e implacable. Este artículo es, modestamente, una dosis.

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* Roberto Lara Chagoyán forma parte del Observatorio de la Justicia, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con la participación de diversas instituciones.Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 2) y profesor-investigador en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Correo: @rolarch

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