Caso Teuchitlán | Uno de los horrores del 2025 que sigue en la opacidad

Por Karina Cancino

A días de concluir el año y más de nueve meses de que se hiciera público el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, familias buscadoras de personas desaparecidas denuncian que los restos hallados en el predio siguen sin ser identificados, y la investigación oficial no ofrece claridad sobre quiénes son las víctimas ni quiénes son los responsables.

Raúl Servín, vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguró en entrevista para Aristegui Noticias que, pese a la magnitud de los hallazgos y de la situación, no existe claridad sobre la identificación de víctimas, los resultados de pruebas genéticas ni el destino de los restos humanos encontrados.

Realmente no sabemos qué ha sucedido sobre el juicio, lamentablemente sabemos que el gobierno no hace las cosas como debe de ser y están aplazando los procesos cuando tienen todas las pruebas y seguimos con el tema del Rancho Izaguirre, que nos tienen sin ninguna información.

Servín explicó que desde que se descubrió el rancho las familias han tenido que enfrentar la búsqueda de manera independiente, sin acompañamiento de las autoridades y bajo condiciones de riesgo.

Según dijo el buscador, algunas personas fueron torturadas y otras reclutadas a la fuerza para integrarse a estructuras criminales, en un proceso que los colectivos describen como adiestramiento forzado para engrosar las filas de un cártel, pero hasta el momento no hay claridad sobre el paradero de las víctimas.

Además, mencionó que durante las búsquedas recientes —en otros sitios—se han registrado detonaciones de arma de fuego cerca de los colectivos, lo que interpretan como intentos de intimidación para que abandonen la labor de búsqueda.

Cabe recordar que el Rancho Izaguirre fue localizado a inicios de marzo tras investigaciones independientes de los colectivos, que ingresaron al predio luego de recibir información anónima.

Allí encontraron restos humanos, fosas clandestinas, prendas de vestir y más de 400 pares de zapatos, algunos de los cuales pudieron ser reconocidos por familiares.

Sin embargo, Servín dijo que hasta la fecha, ninguno de los restos ha sido devuelto ni se han completado los procesos de identificación por ADN,

No nos han dado avances sobre ADN ni sobre las cuestiones humanas encontradas en las prendas, todo sigue en el aire.

Los colectivos sostienen la hipótesis de que en el rancho existieron crematorios y un campo de exterminio, mientras que las autoridades la han rechazado, generando un choque de versiones que complica la investigación y limita la transparencia.

Servín aseguró que esta discrepancia tiene consecuencias directas sobre la recuperación de restos de personas, la identificación de víctimas y la judicialización de los responsables.

“El gobierno quiere hacer las cosas rápidas para que no sigamos buscando y no sigan saliendo a la luz los hechos, y no contamos con apoyo de nadie aquí en Jalisco”, señaló.

Hasta ahora se han reportado 11 personas procesadas, entre ellas el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, y un individuo conocido como “El Lastra”, presunto reclutador de personas y perpetrador relacionado con el Rancho Izaguirre, pero las personas buscadoras advierten que no hay certeza sobre la participación real de estas personas ni sobre su vinculación con todos los crímenes cometidos en el rancho.

Hay detenidos, sí, pero no sabemos si son las personas correctas ni si realmente están respondiendo por todo lo que pasó ahí; con tanta opacidad, podría ser cualquiera.

La investigación, dijo, muestra un “patrón de lentitud y descoordinación institucional”.

A inicios de julio, la Fiscalía de Jalisco informó que fueron sentenciadas diez personas relacionadas con delitos en el Rancho Izaguirre, señalado como centro de adiestramiento de la delincuencia organizada.

Fueron identificados por las autoridades como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recibieron sentencias de 141 años y tres meses de prisión, además de multas por 651 mil pesos y pagos de reparación del daño por casi 1.3 millones de pesos.

Durante el juicio oral, el ministerio público acreditó su responsabilidad en tres delitos cometidos contra tres víctimas, desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado.

Los sentenciados son identificados como Lennin “N”, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”, quienes fueron detenidos en septiembre de 2024, seis meses antes de que los colectivos de búsqueda hallaran las prendas y zapatos que escandalizaron al mundo.

Suspenden inicio de juicio oral contra ‘El Lastra’

La apertura del juicio oral contra José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra o Comandate Lastra”, presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación y encargado del Rancho Izaguirre, fue suspendida por el juez federal, Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta que se resuelva el amparo que presentó contra su vinculación a proceso.

Lastra fue vinculado en marzo de 2025 por su probable responsabilidad en portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público, así como por delito contra la salud en la modalidad de comercio, en la causa penal 182/2025, informó la Fiscalía General de la República.

La medida mantiene el juicio en pausa y ha generado preocupación entre los colectivos de búsqueda y las familias de las víctimas, que advierten que retrasa la justicia y la identificación de los restos.

Ante ello, el colectivo, Guerreros Buscadores de Jalisco criticó la determinación del juez Latorre Lozano en sus redes sociales y etiquetó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la suspensión de procesos judiciales relacionados con el caso Teuchitlán.

¿Cómo se atreve a suspender la verdad en un caso como el del Rancho Izaguirre? Su decisión no es neutra ni administrativa: es una resolución que hiere a las víctimas, a sus familias y a toda una sociedad que exige justicia.

En el mismo comunicado señalan que la persona vinculada al caso “ha sido señalada de manera reiterada por víctimas y sobrevivientes como uno de los principales actores en hechos de extrema gravedad: reclutamiento forzado, homicidios, tortura, tratos crueles e inhumanos y presunto tráfico de órganos”.

El colectivo subrayó que estos señalamientos no son aislados, sino que forman parte de un patrón de violencia documentado y denunciado, y que suspender o frenar procesos en este contexto es inadmisible, ya que vulnera el derecho a la verdad, a la justicia y a la debida diligencia.

En su mensaje directo al Poder Judicial, los colectivos cuestionaron “¿dónde queda nuestra lucha?, ¿dónde queda la obligación del Poder Judicial de actuar con enfoque de víctimas y perspectiva de derechos humanos?”.

Asimismo, el colectivo resaltó el impacto humano de esta paralización judicial.

“Ojalá nunca tenga que vivir lo que vivimos miles de familias en este país, no saber dónde está un hijo, una hija, un hermano; enfrentar el reclutamiento forzado, la tortura y la deshumanización ejercida por personas como Lastra; la justicia que ignora el dolor deja de ser justicia”.

También hacen referencia al exalcalde de Teuchitlán, señalando que “parecieran que están preparando el terreno”, en alusión a la posible dilación de responsabilidades.

Finalmente, Guerreros Buscadores de Jalisco reiteró que “no vamos a callar, no vamos a retroceder y no permitiremos que se suspenda la verdad; exigimos verdad, justicia y no repetición”.

El hallazgo del Rancho Izaguirre evidenció la magnitud de la extrema violencia en México y abrió la posibilidad de que otros lugares hayan operado como centros de reclutamiento forzado, tortura y asesinatos, y dejó en evidencia la magnitud de la violencia estructural y la urgencia de que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad.

Mientras tanto, las familias continúan su búsqueda, enfrentando riesgos, amenazas y la falta de información, con la esperanza de que 2026 traiga avances concretos en la identificación de víctimas y en la judicialización de los responsables.

Familias y colectivos continuarán búsquedas en 2026 en medio de impunidad

Raúl Servín, vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, afirmó que para el próximo año esperan que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, den acompañamiento y protección a las personas buscadoras, ya que, denunció, han respondido con retraso o se han negado a hacerlo.

Además, mencionó, las familias buscadoras han enfrentado obstáculos para la recuperación de cuerpos hallados en distintos sitios de la entidad, ya que algunas instancias argumentan que no les corresponde el levantamiento de restos, lo que genera retrasos y conflictos interinstitucionales.

Los colectivos han solicitado recursos logísticos y técnicos, como retroexcavadoras y maquinaria pesada, para intervenir las fosas activas en Tlajomulco y otros sitios cercanos, donde hallaron en total, y acumulado desde hace varios años, poco más de 456 bolsas con restos humanos.

Seguiremos buscando, aunque no tengamos apoyo, porque no sabemos si en alguna de esas fosas está mi hijo.

La búsqueda, explicó, es un proceso constante de riesgo y desgaste emocional, marcado por la falta de acompañamiento y por la incertidumbre sobre los resultados de los procesos judiciales, que hasta el momento les representan impunidad en todos los niveles.

El padre buscador dijo que espera, que el nuevo año traiga avances concretos en la identificación de víctimas y la sanción de responsables.

El mundial que viene

A seis meses de que Jalisco sea una de las tres sedes del Mundial de Futbol en Estados Unidos, Canadá y México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda alertaron que la crisis de desapariciones sigue sin atención efectiva y temen que el evento profundice la desatención a los casos.

En días pasados, Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un comunicado dirigido al gobernador, Pablo Lemus, y a autoridades estatales y federales, en el que señalaron que “la seguridad, la vida y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier evento internacional”.

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Además, cuestionaron que reuniones y mesas de trabajo “solo simulan avances” ante la falta de maquinaria, personal y recursos para intervenir en fosas activas.

Denunciaron que siguen los reclutamientos forzados, las desapariciones y la aparición de restos humanos sin seguimiento, mientras se priorizan los gastos del Mundial sobre la búsqueda de sus seres queridos.

“Buscar no debería costarnos la vida, la salud ni la dignidad”, subrayaron, exigiendo justicia y acompañamiento real, mientras los restos y fosas sin identificar continúan acumulándose, recordando la imagen que conmovió al mundo bajo la etiqueta de “Teuchitlán“.