opinión*
Abierta, la consulta indígena en la Ciudad de México, artículo de Julio Moguel
por Julio Moguel

La consulta (en curso) sobre derechos indígenas en la CDMX
Julio Moguel

 

Nota introductoria

Inusitado o extraño, ajeno a las prácticas acostumbradas por décadas o más en lo que se refiere al trato que se ha dado en la Ciudad de México a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, se ha abierto desde ese lunes 26 de diciembre una consulta (“libre, previa e informada”, en la promesa de los organizadores) con tales sujetos sociales colectivos, para determinar si lo que ha redactado hasta ahora la Asamblea Constituyente –en lo que compete al reconocimiento de sus derechos– tiene luz verde o luz roja para formar parte de la Carta Magna que se promulgue el próximo 5 de febrero.
Lo que se desarrolla en estos días decembrinos es, dentro del proceso de consulta, la etapa informativa, que se desahogará en diversas concentraciones concertadas entre la Asamblea Constituyente y núcleos representativos de tales sujetos colectivos. En enero se pasa propiamente a la etapa de consulta, en la que Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes dirán bajo formatos diversos cuáles son sus planteamientos y propuestas de modificación.
Lo que entra en juego en este proceso de consulta no es el cuerpo todo del proyecto de Constitución –de los dictámenes del mismo–, aún en construcción por la Asamblea Constituyente, sino los artículos 63, 64 y 65 del Capítulo VII (“Ciudad Pluricultural”), ya bajo el formato del dictamen de propuesta redactado por la Comisión correspondiente al tema que se anuncia.
No entraremos aquí a los detalles del proceso mismo de consulta. Haremos sólo un comentario general sobre el dictamen referido, agregando dos consideraciones críticas a igual número de sus puntos.

El dictamen de la Comisión: avance sustantivo

¿Es positivo el dictamen de la Comisión en lo que se refiere al reconocimiento de derechos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes?
Ciertamente: modifica, del “Proyecto de Constitución” presentado por el Jefe de Gobierno, aspectos que, siendo ellos mismos positivos, no tenían el rigor conceptual y jurídico que exigía el esquema de formulación. Los avances evidentes, sin que queramos aquí ser exhaustivos, se ubican en: a) eliminación del confuso concepto de “pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios” para determinar o ubicar a “los sujetos de derecho” correspondientes, sustituyéndolo por los conceptos de “Pueblos y Barrios Originarios”, por un lado, y de “Comunidades Indígenas Residentes” por el otro; b) Modificación, consecuente, de la (confusa) clasificación que se hacía en el Artículo 63, donde se hablaba por un lado de “Pueblos y Barrios Originarios” y, por otro, de “Barrios Originarios y Comunidades Indígenas”; c) Determinación clara del sujeto correspondiente de “derechos”, a saber: “sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”; d) Mayor precisión en cuanto al ámbito y alcances en que tales sujetos de derechos pueden ejercer su autonomía y libre determinación; e) Mayor precisión en cuanto a los derechos culturales, educativos, sociales y políticos de tales sujetos colectivos, en un nivel de definición propio para un Acta Constitucional (hay elementos que tendrán que derivarse a la o a las leyes secundarias); f) Mayor precisión en cuanto a ciertas reivindicaciones económicas y de valoración del papel que juegan las zonas rurales –y, en ello, ejidos y comunidades, dentro del ámbito que compete a la existencia y derechos de los Pueblos y Barrios Originarios– respecto al conjunto de la Ciudad (relativas a mecanismos de remuneración o de compensación económica por servicios ambientales, etcétera); g) Mayor claridad –y agregación– a derechos relativos a la educación, a la salud (medicina tradicional, por ejemplo), etcétera.
Pero queda en mi opinión la tarea de modificar o de ajustar algunos ítems del dictamen, en puntos que, estoy seguro, se presentarán a consideración y a debate en la consulta. Aquí señalaré sólo dos de los ítems en juego.

El “derecho a la consulta”

En el punto 1 del Apartado B el Artículo 65, relativo a los “Derechos de participación política”, donde se habla justamente del derecho a la consulta, se dice: “Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del poder Ejecutivo, Congreso de la Ciudad y Alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables […]” (p. 142). El mismo tono de definición con respecto a la consulta se establece en las “Medidas de implementación”: “Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado.” (p. 147)
Mi opinión es que lasmedidas a ser consultadas no pueden restringirse a “medidas administrativas o legislativas”. El corazón del asunto en materia de consulta se inscribe en otros ámbitos, particularmente en lo que respecta al tema del “desarrollo económico” (el caso más palpable es el de los cambios de uso del suelo y de aceptación o no de los denominados “megaproyectos”).
El carácter restrictivo que se da al “derecho a la consulta” quiere ser subsanado en el dictamen con el numeral 3 del apartado K del mismo Artículo 65, que a la letra dice: “Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los Pueblos y Barrios Originarios protegerán los territorios respecto a las obras urbanas, públicas, privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social.” (p. 148)
Pero en tal “responsabilidad compartida” se presupone que “las autoridades” quedan exentas ellas mismas de “ser calificadas” con respecto a la pertinencia y a la justicia de sus decisiones y sus actos, cuando es de todos conocido que en no pocos procesos privatizadores y de afectación negativa de hábitats y entornos –de territorios, en suma– ellas mismas son los promotores y “desarrolladores” activos.

El “derecho a la educación” para Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

En el Dictamen que se somete consulta se reconoce el “derecho a la educación para Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en los siguientes términos: “[…] tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje” (numeral 1 del Apartado G, del Articulo 65); “Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, tales como la creación de un subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar hasta el medio superior, así como a la formulación y ejecución de programas de educación, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propia lengua.” (numeral 3 del Apartado G, del Artículo 65).
Queda clara en esta formulación propuesta por la Comisión que se pretende dar el mayor margen posible de intervención de los “sujetos de derecho” en el plano educativo, con posibilidades de “establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas”, dentro de un posible “subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar hasta el medio superior”.
Pero el planteamiento es equívoco en cuanto a lo que verdaderamente se implica en este reconocimiento de derechos, pues de lo que se trata es de generar opciones educativas bajo un sistema bilingüe –obligatorio en su caso donde la densidad poblacional que lo demanda sea significativa–, “mixto o articulado” que dé sustento a “nuestra condición pluricultural”. Sistema que, por lo demás –no han existido en balde las Universidades Interculturales–, deberá desarrollarse del nivel preescolar hasta el nivel universitario.

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.


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