Buscadores exigen a Fiscalía de Jalisco entregar el cuerpo de Pablo, joven que fue víctima de reclutamiento forzado 
Alejandrina Orozco denunció que el domingo pasado fue notificada sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo en el SEMEFO de Lagos de Moreno, Jalisco, y tras ir a buscarlo, las autoridades locales le han impedido recuperarlo.
- Redacción AN / KC
Por Karina Cancino
La Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, junto con la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD) en México emitieron un posicionamiento público para exigir al gobierno de Jalisco la entrega del cuerpo del joven Pablo Gómez Orozco y la no revictimización de su madre, Alejandrina Orozco Romano.
En el comunicado, las organizaciones expresaron su solidaridad y apoyo incondicional a la madre del joven, además de respaldar su exigencia de “verdad, justicia y memoria”.
El domingo pasado, Alejandrina Orozco, fue notificada sobre el hallazgo de los restos de su hijo en el Servicio Médico Forense del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, desde el 14 de abril de 2023, a pesar de que durante más de dos años negaron que los restos de su hijo estuvieran en ese lugar.
Sin embargo, la madre no ha podido acceder al cuerpo de su hijo, ni ha podido confirmar que se trate de su vástago, debido a la descoordinación y a las omisiones de las autoridades locales.
En este marco, las agrupaciones subrayaron en su comunicado que Alejandrina enfrenta trabas burocráticas, revictimización y omisiones, por lo que llamaron a organismos de derechos humanos y a las autoridades federales a intervenir para garantizar el cumplimiento de los derechos de la madre y de su hijo.
Quien es responsable de infundir más dolor a una madre por estas trabas burocráticas y omisiones? ¿Qué se esconde o tratan de ocultar?
Además, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas hizo un llamado directo a las autoridades de Jalisco, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de Jalisco y Nayarit, para que faciliten el proceso de entrega del cuerpo y a evitar que se prolongue la tortura emocional que ha vivido la madre durante más de dos años y medio.
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Las organizaciones señalaron que este caso no es aislado y advirtieron que existen otros casos que podrían estar enfrentando situaciones similares de negligencia y omisión institucional.
¿Desaparición institucional?
Pablo Joaquín Gómez Orozco, de 17 años, desapareció el 30 de marzo de 2023 en Tepic, Nayarit, cuando iba a buscar trabajo a propósito de las vacaciones de Semana Santa, relató su madre, Alejandrina Orozco.
El 7 de abril, el emoji de una manita apareció en el mensajero de Facebook de su madre donde dejó un teléfono. La mujer marcó y escuchó la voz de su hijo pidiendo ayuda porque aparentemente fue víctima de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.
“Tengo mucho miedo y me dijeron que si yo los traicionaba me iban a matar a mí o a ustedes. Está muy solo, tengo mucho miedo. Ven por mí, por favor. Me dejaron en una plaza con droga de ellos“, le dijo su hijo desde El Obraje, Zacatecas.
La mujer pudo comunicarse dos veces más con su hijo y sus captores, quienes finalmente pidieron 250 mil pesos a la familia para liberar a Pablo, pero tras darles una cantidad no devolvieron al adolescente.
Luego, tras revisar las sábanas de ubicación del GPS del teléfono del joven se logró establecer que fue movilizado entre los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, pero esto fue el pretexto para que ninguna de las instituciones quisiera atraer el caso y buscar al joven.
Sin embargo, a partir de gestiones con diferentes instancias se lograron establecer algunas acciones, como la búsqueda en servicios forenses de estas entidades, en Jalisco ya se había solicitado que fuera buscado incluso en Lagos de Moreno, pero se negaron a realizar la búsqueda del adolescente y tampoco aceptaron que su cuerpo hubiera sido localizado en esa entidad.
En el oficio FE.03.04.9035.2024 del 2 de octubre de 2024, la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) se detalla que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realizó una búsqueda interna en sus sistemas y no encontró registro del cuerpo de Pablo, pese a que estaba identificado desde abril de 2023.
Además, el acceso de Alejandrina y sus acompañantes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses debía solicitarse formalmente, dificultando el derecho de la familia a confirmar la identidad de su hijo mediante confronta genética.
El documento de la Fiscalía de Jalisco fue dirigido al entonces subfiscal general del Estado de Nayarit, Daniel Cortés Araujo, como respuesta a la solicitud que habían enviado a petición de la madre, para verificar si había un cuerpo no identificado que coincidiera con las características de Pablo y para permitir su acceso a los servicios forenses, con el fin de revisar la base de datos fotográfica de cuerpos no identificados.
El 9 de octubre de 2024 se realizó una reunión virtual en el marco de la acción urgente 1647/2023, solicitada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con la participación de Alejandrina, sus acompañantes, representantes de las fiscalías de Nayarit y Jalisco, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nayarit.
Durante la reunión, las autoridades informaron sobre las acciones realizadas en la búsqueda y coordinación con otros estados.
La familia insistió en la transferencia del expediente a la FGR y en garantizar la participación directa en todas las acciones. El acuerdo final incluyó la priorización de las solicitudes de la familia y la programación de reuniones de seguimiento para asegurar transparencia y acompañamiento en la búsqueda.
Alejandrina dijo que su caso refleja un patrón de comportamiento de fiscalías estatales, donde las omisiones, trabas burocráticas y falta de coordinación prolongan innecesariamente el sufrimiento familiar.
Por su parte, las organizaciones reiteraron que este tipo de omisiones y revictimización constituyen graves violaciones a los derechos humanos y alertaron sobre la posible complicidad indirecta de autoridades locales en los patrones de desaparición forzada, al no implementar protocolos claros ni garantizar coordinación efectiva entre entidades federales y estatales.
Finalmente, señalaron que la burocracia y negligencia institucional pueden agravar la impunidad de grupos delictivos y perpetuar la tortura emocional de las víctimas.
