Un verdadero giro hacia la izquierda… o no (Artículo)
El deber de la izquierda mexicana es exigir que la llamada “Cuarta transformación” no se quede en un pobre remedo de lo que hasta ahora se ha hecho en términos políticos y económicos, escribe Carlos Herrera de la Fuente.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

Por Carlos Herrera de la Fuente

No hay duda de que México necesita un cambio profundo. Eso fue lo que se expresó en las urnas el pasado 1 de julio, cuando se le dio a López Obrador y a su partido una victoria abrumadora sobre las otras dos propuestas (PRI, PAN-PRD) que, en esencia, representaban lo mismo: una continuidad con el sistema neoliberal que ha imperado en México desde hace más de tres décadas. La necesidad de un cambio salta a la vista y se fundamenta en los resultados desastrosos de un régimen que nunca pudo traducir su hegemonía en una política genuina de crecimiento, bienestar, seguridad, educación, sino, al contrario, agravó cada uno de los problemas que existían en el país antes de su llegada, de tal forma que hoy México es una nación más insegura y violenta, más corrupta e injusta, más pobre y desigual, más inculta e ignorante. No hay área de relevancia en la que México no haya retrocedido de manera escandalosa.

Pero toda propuesta de cambio, de cambio real (sin importar la radicalidad o profundidad de éste), genera de inmediato una reacción de alerta en la gente, incluyendo aquélla que propugna la necesidad de una transformación. Esta respuesta psicológica es casi inevitable, tomando en cuenta que estamos acostumbrados a una cotidianeidad que, a pesar de todo lo atroz que puede resultar en distintos niveles, es lo único que conocemos y con lo único que sabemos lidiar a nuestra forma. Estamos tan compenetrados por el discurso neoliberal y por el pensamiento mercantil de derecha que nos resulta casi imposible imaginar otra forma de llevar a cabo las cosas. El triunfo de la izquierda, por más simbólico que sea, por más moderado o limitado que se le considere, es apenas el punto de partida en un largo camino de acoplamiento a otra forma de ser y pensar. Es sólo un primer paso, pero indispensable para modificar el curso de la historia, hasta ahora inclinada hacia la derecha.

La reflexión crítica de la izquierda, por ello, no debe arredrarse ni quedarse a medio camino por el solo prurito de no desestabilizar psicologías o estructuras institucionales, sino que debe aprovechar la corriente para analizar las situaciones y, antes de aventurar respuestas, localizar los puntos problemáticos del proceso de cambio y plantear las preguntas correctas y pertinentes al respecto. Esto se aplica sobre todo a los proyectos que empieza a esbozar el futuro gobierno. Porque todo proceso de transformación genuina comienza, más allá del deseo de cambio y de la disposición subjetiva para llevarlo a cabo, con la identificación de los problemas concretos y con la forma en la que se propone enfrentarlos.

Hay por lo menos tres puntos que empiezan a levantar controversia y que tocan temas torales del proceso de transformación de México: el de la desigualdad salarial, el de la justicia (reparación a las víctimas) y el del crecimiento económico. En los tres ámbitos, el futuro gobierno de López Obrador ha empezado a plantear soluciones o, por lo menos, a explorar ciertas respuestas. Todas son polémicas, y no pueden ser aceptadas sin reflexión, por más que se trate de un “gobierno de izquierda”. Si el cambio es democrático, la crítica colectiva debe estar incluida en el proceso de toma de decisiones. Al final, por supuesto, las decisiones se tienen que tomar. Sólo en ese momento, si se realizó un análisis serio y profundo, se podrá decir si lo que se hizo representó, en términos reales, no sólo discursivos, un verdadero giro hacia la izquierda o no. Ojalá que este texto pueda contribuir en esa dirección reflexiva.

1. La desigualdad salarial

Uno de los fundamentos de la desigualdad económica y de la pésima distribución de la riqueza en México tiene que ver con la disparidad en el ingreso directo entre las clases altas y las clases bajas del país. Mientras las primeras, tanto en el sector privado como en el público, perciben remuneraciones exageradamente elevadas por el trabajo que realizan, las segundas, muchas veces, no reciben ni siquiera lo suficiente para cubrir los requerimientos básicos de ellas y sus familias. Si bien es cierto que en un régimen capitalista siempre habrá disparidades económicas, ello no significa que alcancen el nivel de nuestro país, que, según los últimos informes del Banco Mundial, es la décima economía más desigual del mundo (Banco Mundial, Taking on inequality, 2016). Desde cualquier punto de vista, es urgente cambiar esta situación.

Si bien, a mediano y largo plazo, el gobierno federal puede influir en la mejoría de la situación salarial de los trabajadores en el sector privado (al establecer, por ejemplo, un salario mínimo más alto), ello no puede hacerse de tajo ni puede obligarse a todos los empresarios a elevar inmediatamente el salario de sus trabajadores. Eso requiere tiempo. En donde sí puede tener un impacto profundo es en el sector público. Es ahí donde el próximo gobierno propone cambiar la situación.

Ahora bien, la perspectiva del próximo gobierno, según lo han expresado en reiteradas ocasiones tanto el presidente electo como sus colaboradores, no es la de elevar el salario de la baja burocracia ni tampoco mejorar sus prestaciones, sino la de disminuir el sueldo de los altos funcionarios, cuyas percepciones son a todas luces excesivas, con la finalidad de generar un ahorro significativo en las finanzas gubernamentales. Su perspectiva es la de la austeridad, cuyo propósito central es utilizar el ahorro logrado en mecanismos de redistribución del ingreso a través de instrumentos de política social.

El primer paso en este camino es la disminución del salario del presidente, que bajará 60%, pasando de 270 mil a 108 mil pesos mensuales. Ésta será la vara con la que se medirán las remuneraciones mensuales de los demás funcionarios de alto nivel, los cuales, según lo establece el artículo 127 de la Constitución, no pueden ganar más que el presidente. Puesto que se trata de un cambio drástico en este nivel, es inevitable preguntarse cómo afectará esta modificación a las remuneraciones de todos los demás empleados, ya que las percepciones salariales se definen por tabuladores que establecen diferencias jerárquicas entre los servidores públicos.

¿Cómo evitar que se afecten las percepciones de la media y la baja burocracia? Una posibilidad es la de compactar las diferencias salariales (en el momento, muy amplias) entre los distintos niveles para que no se afecte a dichos sectores, pero es necesario esclarecer si el cambio tan drástico que se propone no terminará perjudicando inevitablemente a todos en conjunto (aunque sea en poca medida). Es importante distinguir entre la alta burocracia y las otras dos. La primera se define por nombramientos del presidente y los secretarios de estado, por lo cual se trata, normalmente, de políticos encumbrados y de personajes que pertenecen al poder político y económico de México. No es el caso de las otras dos. Aunque pueda parecer que un trabajador de la media burocracia gana mucho (sea en el poder ejecutivo o judicial), su salario, en la mayoría de los casos, es resultado de años de trabajo y sacrificio, no de un posicionamiento político.

La segunda cuestión tiene que ver con los días laborales. Dentro de los 50 puntos de austeridad propuestos por López Obrador se encuentra el de aumentar un día de trabajo para toda la burocracia. De disminuir el salario general por las modificaciones que hemos señalado, el resultado sería que se ganaría menos y se trabajaría más. Y eso, en términos de la izquierda clásica, se llama sobreexplotación. El contar con dos días de descanso a la semana es una conquista laboral, obtenida por largos años de lucha, no un obsequio del Estado.

Finalmente, hay que distinguir también entre las prestaciones y beneficios excesivos de la alta burocracia y las prestaciones y beneficios de los trabajadores, que, de nuevo, constituyen conquistas laborales. Un tópico recurrente del neoliberalismo es que, por culpa de los grandes sindicatos, como los de la CFE y PEMEX, el gobierno pierde muchos recursos y tiene que estar manteniendo a los trabajadores de por vida con elevadas pensiones. Si bien es cierto que existe corrupción extrema entre los líderes de dichos sindicatos, y que dicha corrupción debe ser, sin duda, combatida, ello no significa que se tengan que modificar ninguna de las prestaciones laborales de las que gozan los trabajadores. Hasta el momento, el futuro gobierno de López Obrador no ha dicho nada al respecto, pero es importante señalar esto de antemano para dejar las cosas en claro.

En resumen, para la izquierda no debe haber ninguna duda: es correcto disminuir los salarios excesivos de la alta burocracia y combatir la corrupción a todos los niveles para generar un ahorro que contribuya a la redistribución del ingreso, pero, en ninguna circunstancia, se debe afectar los derechos de la mayoría de los trabajadores, trátese de su salario, de los días laborales o de las prestaciones y beneficios que se han conquistado tras años de lucha. En estos casos, si se trata de una política de izquierda, sólo se puede pensar en mejorías.

2. Justicia para las víctimas de la violencia extrema

Después de diez años de iniciada la insensata “guerra contra el narcotráfico”, de 2007 a octubre de 2017, México sumaba 33 mil 993 desapariciones forzadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED). A nivel mundial, esta cifra sólo es superada por Siria, país en guerra civil, que en el mismo periodo alcanzó una cifra de más de 85 mil desaparecidos (Huffpost, “México, el país ‘en paz’ con más desaparecidos”, 03/01/2018). Por su lado, la suma de asesinatos dolosos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, en el mismo periodo, alcanzó la cifra de 234 mil 996 (Huffpost, 23/11/2017, nota de Manuel Hernández Borbolla), siendo 2017 el año más violento de todos, con 29 mil 168 asesinados (El Financiero, “México rompe su récord en tasa de asesinatos”, 21/01/2018).

Como complemento de esta realidad catastrófica, Michael Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, informó en enero de 2017 que el 98% de los crímenes en el país no son resueltos. “‘La impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil’, dijo Forst, de nacionalidad francesa” (La Jornada, “En México, grave patrón de violencia contra defensores de derechos y periodistas: ONU”, nota de José Antonio Román, 25/01/2017).

Con el propósito de enfrentar esta situación de extrema violencia y de impunidad casi absoluta, el futuro gobierno de López Obrador, con el apoyo del próximo Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, comenzó el pasado 7 de agosto, en Ciudad Juárez, la organización de los Foros de Pacificación Nacional, con el propósito de recabar propuestas que conduzcan a la formulación de una política integral de atención a las víctimas y familiares de las víctimas de la “guerra contra el narcotráfico”, así como para discutir las propuestas de amnistía para ciertos delitos y la legalización de algunas drogas.

A pesar de las dificultades con las que se ha enfrentado la realización de estos foros, en gran medida por la falta de organización y coordinación de los convocantes, la idea resulta interesante y sumamente atractiva, porque por primera vez se hace un esfuerzo, a escala nacional, por escuchar directamente a las víctimas de la extrema violencia. No obstante, antes de siquiera iniciar el proceso, el presidente electo se presentó en el acto de inauguración en Ciudad Juárez e hizo un llamado a la “unidad, reconciliación y el perdón”, enfatizando la necesidad de perdonar, aunque “sin olvidar”, para poder transitar a un estado de convivencia pacífica en México, lo que de inmediato desató expresiones de repudio de la mayoría de los asistentes al evento.

El problema de la insistencia de López Obrador en el tema del perdón es que, como lo acabamos de señalar, México es un país donde la impunidad asciende al 98%, esto es, se trata de un país donde la justicia para las víctimas de la criminalidad, fundamentalmente gente sin o con escasos recursos económicos, es prácticamente inexistente, y donde la corrupción en las altas esferas se ejerce sin temor a ninguna represalia. ¿Cómo, entonces, pedirle a gente que nunca ha sido atendida en lo más mínimo por las instituciones de justicia de la nación que simplemente perdone a sus victimarios? ¿No sería mejor iniciar por un proceso de reconstitución institucional y de aplicación de la legalidad, con la finalidad de que las víctimas puedan alcanzar aunque sea un poco de justicia?

Lo que propone el presidente electo es pasar de un estado de absoluta injusticia e impunidad a uno de santidad, donde las víctimas, con su perdón, puedan superar todos los agravios (personales e institucionales) que se han cometido en su contra a lo largo de décadas. Qué bueno que López Obrador cuente con esa “altura moral”, pero no puede imponérsela a personas que nunca han sido atendidas por la justicia y que reclaman, con razón, una respuesta del Estado mexicano.

3. Desarrollo de zonas económicas

En términos económicos, el neoliberalismo significó para México el abandono de una política de crecimiento y desarrollo nacional, con la finalidad de conectar el país con el mercado exterior, fundamentalmente el de Estados Unidos, y volcar toda la capacidad productiva a los requerimientos de éste. México se convirtió, paulatinamente, en una economía de exportación, cuyas cadenas industriales y agrícolas, así como su mercado interno quedaron desestructurados, dándosele privilegio a los sectores dedicados a generar productos atractivos al mercado internacional, mientras se promovía la inversión extranjera a través de su mercancía más atractiva: la mano de obra barata. Así se dio el apogeo de la industria maquiladora y las empresas de agroexportación, con poca o nula conexión con el mercado nacional.

Todos los proyectos económicos neoliberales, todas las llamadas franjas industriales y las zonas económicas especiales, tenían y tienen como propósito contribuir a este modelo que ha hecho de la economía nacional un espacio de absoluta dependencia hacia Estados Unidos, tanto en términos industriales como agrarios y alimentarios.
Por ello, la idea de promover zonas económicas de desarrollo que a través de la inversión en infraestructura logren generar un mercado nacional integrado es uno de los pasos esenciales para romper de tajo con el modelo de dependencia económica instaurado por el neoliberalismo. Sin embargo, para que este proyecto funcione y pueda romper plenamente con la lógica mencionada deben quedar establecidos algunos principios indeclinables, los cuales sólo pueden ser impulsados por el Estado a partir de la definición de políticas económicas. Mencionemos tres puntos.

El primero tiene que ver con la definición general del modelo económico a establecer. Aquí no debe caber ninguna duda: se tiene que recuperar una perspectiva de desarrollo nacional integrado y abandonar la lógica de sometimiento de la economía nacional a los requerimientos del mercado internacional, especialmente al de Estados Unidos. La economía debe dar un vuelco de 180° y comenzar a privilegiar las necesidades nacionales sobre cualquier otro objetivo. Ésa es la única forma de lograr una verdadera soberanía económica, tanto industrial como agraria, y ponerse en camino de la superación de la dependencia al generar un mercado interno sólido y estructurado. Por supuesto, esto no significa abandonar la conexión con el mercado exterior ni nada semejante (algo imposible con el grado de actual de dependencia), sino tan sólo invertir las prioridades con una perspectiva de mediano y largo plazo.

Derivado de este primer punto, las zonas económicas deberán promover la creación de empleos bien remunerados. No se trata de ofrecer mano de obra barata como atractivo principal para la inversión extranjera, sino de elevar paulatinamente el poder adquisitivo de la clase obrera, de tal forma que ésta pueda integrarse a la economía y contribuir al desarrollo de la demanda interna.

Finalmente, las zonas económicas que se piensan promover no deben reproducir el principal vicio de todo desarrollo capitalista (neoliberal o no): la absoluta insensibilidad hacia las necesidades y demandas de los pueblos y comunidades asentados en los lugares donde se promueven esos proyectos. Todo desarrollo económico, para ser integral, tiene que tomar en cuenta esa circunstancia, si no quiere verse sometido a una serie de conflictos políticos y sociales que, con justicia, pueden promover los sujetos afectados.

Como se ve, la simpatía hacia los proyectos mencionados no significa una plena anuencia de lo que se proponen. La definición de los objetivos requiere una explicación de cómo se piensan lograr y cuál es el propósito final de cada uno de ellos. El deber de la izquierda mexicana es exigir que la llamada “Cuarta transformación” no se quede en un pobre remedo de lo que hasta ahora se ha hecho en términos políticos y económicos. Sólo así se podrá hacer un verdadero balance de lo que habrá de venir en el futuro próximo.

* Carlos Herrera de la Fuente (México, D. F., 1978) es filósofo, ensayista y poeta. Licenciado en economía y maestro de filosofía por la UNAM; doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es autor de los poemarios Vislumbres de un sueño (2011) y Presencia en fuga (2013), así como de los ensayos Ser y donación. Recuperación y crítica del pensamiento de Martin Heidegger (2015) y El espacio ausente. La ruta de los desaparecidos (2017). Es profesor de la materia Teoría Crítica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en las secciones culturales de distintos periódicos y revistas nacionales.








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