Inai ordena a Sedena entregar partes militares del caso Tlatlaya
El instituto rechazó el argumento del Ejército, que primero negó la existencia de los documentos y después dijo que estaban clasificados como reservados.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar versiones públicas de los partes militares sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El pleno del Inai determinó que la Sedena entregue los partes informativos del comandante a cargo de los soldados que participaron en los hechos de Tlatlaya, del superior jerárquico que era encargado de estos soldados y del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jerárquico, de acuerdo con un comunicado del instituto.

La decisión del Inai se da después de que el Ejército, primero negara y después admitiera la existencia de los documentos, y argumentara que estaban clasificados como reservados por haber sido integrados a una causa penal.

Al respecto el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford dijo que “la información solicitada no es susceptible de clasificarse como reservada debido a que su contenido da cuenta del ejercicio de las funciones” del Ejército “respecto de un acontecimiento relevante en materia de derechos humanos”.

Por lo tanto, la Sedena deberá entregar versiones públicas de los partes militares, en las que los datos personales confidenciales de acuerdo con la ley sean protegidos.

El Inai recordó en otro comunicado que en diversas resoluciones, entre diciembre de 2014 y junio de 2015, ha resuelto 13 recursos de revisión interpuestos por solicitantes de información, modificando y revocando las respuestas de autoridades como la Sedena, y la Procuraduría General de la República.

Sólo en uno de los 13 casos se ha admitido la reserva de la información por tratarse de un asunto “que no se relaciona con violaciones a derechos humanos ni con civiles”, sin embargo, se determinó reducir el periodo de tiempo de 12 a dos años.







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