opinión*
Estado fallido y elecciones
por Araceli Damián
Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro

En cada elección nos enfrentamos al poder que ejerce de manera ilegítima el “Estado fallido” mexicano. Se entiende como Estado fallido a aquel que utiliza la violencia, la amenaza y la fuerza para legitimarse, calificativo adecuado para el Estado mexicano, en tanto que ataca constantemente a quienes tienen una postura crítica, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, normalistas, maestros y población en general. Además, las fuerzas del orden utilizan con frecuencia la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Por otra parte, vivimos en un Estado fallido porque el gobierno no ha podido detener al crimen organizado, que controla una parte importante del territorio nacional, y con ello se permite que sea éste el que decida sobre la vida y el destino de quienes habitan ahí.

Vivimos en un Estado fallido porque los gobiernos neoliberales (del PRI y del PAN) han sido incapaces de erradicar, ni siquiera de disminuir, la pobreza; no han logrado generar las condiciones para un crecimiento económico adecuado, pero, eso sí, han logrado que una camarilla de empresarios (nacionales y extranjeros) y de políticos corruptos bajo su protección, hayan amasado fortunas enormes a costa del hambre de los mexicanos.

También vivimos en un Estado fallido porque en momentos clave de la vida nacional no se ha respetado la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Así sucedió con los fraudes electorales y la compra masiva de votos de 1988, 2006, 2012 y, ahora, en 2017, en el Estado de México.

En el exordio de su libro Ética y política para tiempos violentos (2016, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco) Gerardo Ávalos Tenorio señala que una de las características del Estado fallido es “la inexistencia de contrapesos a los intereses privados” y plantea que “si bien sigue existiendo el aparato estatal, ya no responde a una lógica de unificación política de la sociedad [y, por el contrario] el aparato del Estado se vuelve contra aquellos que osan oponerse a la injusta situación cotidiana” (p.29-30).

El enorme reto que enfrentamos para transformar las condiciones que reproducen el Estado fallido mexicano quedó de manifiesto el pasado 4 de junio en el Estado de México. El aparato estatal, el lavado de dinero y diversas formas de violencia (coerción, compra y coacción del voto, intimidación y engaño y violencia física) se utilizaron para asegurar el supuesto triunfo del PRI, que, si bien se encuentra impugnado por la evidente ilegalidad en la contienda, sería ingenuo esperar que el tribunal electoral, que forma parte del Estado fallido, emita un veredicto justo.

La falta de procesos verdaderamente democráticos permite al Estado fallido mexicano hacer un uso arbitrario y faccioso de los cinco monopolios que, de acuerdo con Ávalos, controla el Estado: 1) el gobierno, 2) la violencia física legítima, 3) la elaboración de leyes, 4) el castigo a la transgresión de las mismas y 5) la hacienda y la administración pública. A estos cinco monopolios habría que agregar los privilegios que, de acuerdo con Thomas Pogge (“Derechos humanos y responsabilidades humanas” en Hacer Justicia a la Humanidad, UNAM, CNDH y FCE, 2009), son otorgados por la comunidad internacional a los grupos de poder que mantienen el predominio sobre los medios de coerción dentro de un país, independientemente de la forma cómo llegaron al poder: elecciones limpias, fraude o golpe de estado. Estos son el privilegio de obtener préstamos de bancos internacionales y el de vender o concesionar los recursos naturales a ciudadanos o empresas de otros países, aun cuando sean propiedad de los pueblos de las naciones afectadas.

Debido al poder que ejerce la comunidad internacional sobre los gobiernos nacionales, después del derrocamiento de un Estado fallido, cualquier gobierno nuevo elegido democráticamente, tiene que hacer frente a los compromisos contraídos por los anteriores gobiernos autoritarios, lo que reduce su margen de maniobra para iniciar una mejor administración pública.

Para Ávalos, en un Estado fallido el poder judicial es particularmente arbitrario. “Ahí se concentra y evidencia la corrupción sistémica que usa la ley y la coerción para mantener una situación esencialmente injusta. El dinero y no la ley es el principal factor que articula la justicia jurídicamente establecida” (p.30). Si bien en esta parte de su discurso se refiere más a los procesos judiciales en los que se encarcela injustamente a dirigentes de grupos disidentes o a ciudadanos inocentes carentes de dinero, medios de defensa y de poder, podemos observar este mismo comportamiento cuando se trata de juzgar la legalidad de los procesos electorales. Las resoluciones de las impugnaciones están más sujetas a los intereses económicos y políticos de los grupos de poder, que a los ordenamientos legales. Se divorcia la actuación de los magistrados de su responsabilidad pública y con ello se condena a la población a ser gobernada por quienes se allegan del poder de manera inmoral. Vivimos así en una lumpen-democracia.

El autor aclara que, en estas condiciones, la violencia se desata, pero más que estar en un estado hobbesiano (la guerra de todos contra todos), entramos en una situación más grave, en la que unos cuantos “protegidos y amparados con el poder del Estado” están en contra de todos los demás.

Ávalos advierte sobre el menosprecio de la derecha al conocimiento humanístico, que ayuda a la formación moral de los individuos. Por ello, la reforma educativa (que no lo es) busca que los ciudadanos no piensen, no razonen críticamente, ante el proyecto que tiene el grupo de poder que saquea a la nación.

Es necesario que nuestra sociedad tome conciencia de las consecuencias del abstencionismo electoral o bien de la simulación de una supuesta vocación democrática, como la del PRD, que en las elecciones del Estado de México decidió no unirse a la candidatura de Morena, facilitando así el ilegítimo “triunfo” del PRI.

En 2018 tenemos la oportunidad de derrotar al gobernante grupo autoritario y represivo que en cada elección “se apropia ilegítimamente del derecho a mandar … [y] se convierte en una tiranía de facto y en un despotismo cotidiano”. El camino es construir una legítima alianza, no como la que ofrecen los líderes del PAN y del PRD, partidos que acompañan al PRI en el Pacto contra México.

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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