AI denuncia persecución contra disidencia en Venezuela
"Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión", dijo la directora para América de Amnistía Internacional.
(Foto: Reuters)

Autoridades venezolanas utilizan el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra los disidentes políticos, de acuerdo con un informe publicado hoy por el organismo civil Amnistía Internacional.

Titulado “Silencio a la Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela”, en el informe se detallaron las acciones ilegales por parte de autoridades venezolanas para reprimir la libre expresión en medio de una crisis política sin precedentes en ese país sudamericano.

Estas incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el procesamiento de activistas pacíficos por delitos “contra la patria”, y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación.

Las tácticas también incluyen campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición, entre otras medidas.

“En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente a la oficial,” expresó la directora para América de AI, Érika Guevara Rosas.

Agregó que “en vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país”.

El documento destacó que el 11 de enero pasado, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al diputado opositor Gilber Caro, así como a la activista del partido opositor Voluntad Popular, Steyci Escalona, en una caseta de cobro cuando regresaban a Caracas.

Ese mismo día, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, explicó por televisión que a Gilber y Steyci se les había incautado un fusil de guerra y material explosivo. Aseveró que el diputado estaba involucrado en actividades de terrorismo y que habría viajado a Colombia sin haber reportado su salida.

Steyci fue presentada ante un tribunal militar y se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber fue trasladado a un centro penitenciario sin que, hasta marzo de 2017, hubiera sido presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.

Las historias de Gilber y Steyci ilustran algunas de las muchas estrategias que utilizan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición, en un contexto de crecientes protestas en el país, destacó el informe.

En la mayoría de los casos, a los acusados se les imputan crímenes graves como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión” que permiten el uso de la prisión preventiva, aunque no se tengan pruebas admisibles suficientes para justificar los cargos.

Estos tipos de delitos son juzgados por jurisdicciones especiales, incluyendo el fuero militar, que no son independientes y rara vez imparciales y no deberían aplicarse contra civiles, apuntó AI.

Amnistía Internacional también ha documentado casos en los que a la persona detenida en Venezuela se le limita el contacto con sus familias o abogados defensores, poniendo al detenido en alto riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo torturas y malos tratos.

“Que en Venezuela hayan personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país,” opinó Guevara Rosas. (NTMX)



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