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septiembre 17, 2019 3:01 pm
15 días después de las órdenes de aprehensión en su contra, Mario Marín y Kamel Nacif siguen prófugos por tortura contra Lydia Cacho
"Trece años de búsqueda de justicia, pueden verse opacados ante la falta de eficacia para ejecutar las órdenes", advirtió la organización Artículo 19.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Mireya Novo).

Quince días después de que un tribunal ordenara la aprehensión del exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, el ex subprocurador poblano Hugo Adolfo Karam y el empresario Kamel Nacif, por su probable responsabilidad en la aprehensión y tortura de la periodista Lydia Cacho, éstos no han sido detenidos, criticó la organización en defensa de la libertad de prensa Artículo 19.

Trece años de búsqueda de justicia, pueden verse opacados ante la falta de eficacia para ejecutar las órdenes contra quienes fraguaron y ordenaron la detención y tortura contra Lydia Cacho“, afirmó Artículo 19, recordando que la periodista fue detenida de forma arbitraria y torturada entre el 16 y 17 de diciembre de 2005 en represalia por la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, en el que evidenció redes de pederastia.

Después de 15 días de la liberación de las órdenes de aprehensión no existe evidencia de que la Fiscalía General de la República haya avisado a la Interpol para la emisión de notificaciones o fichas rojas internacionales, ni se tienen pruebas de la emisión de alertas migratorias.

En el sitio web de la Interpol existen solo dos personas buscadas por la justicia mexicana con ficha roja: el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez y el sacerdote Eduardo Córdova Bautista. A las 15:00 horas de este viernes aún no existe registro de que Mario Marín o Kamel Nacif tengan ficha roja.

Artículo 19 también criticó que la información sobre la existencia de las órdenes de aprehensión fue filtrada a distintas personas, situación que rompió la confidencialidad y sigilo que debe imperar en esta etapa del procedimiento. Esta circunstancia “notoriamente dificulta la captura de las personas mencionadas”.

“No basta con la emisión de estas órdenes de captura contra los presuntos torturadores. Este caso ha cimbrado a la sociedad mexicana por la visibilización de redes de pederastia que cuentan con protección política y el subsecuente uso del aparato estatal para perseguir y castigar a quienes exhiben desde el periodismo y activismo a dichas redes criminales. Por ende, si bien es un importante paso -que se pospuso y evitó dentro de un sistema de justicia corrupto e ineficiente- la justicia plena y completa se garantizará hasta que los responsables sean procesados y sancionados en proporción con los hechos delictivos que se les imputan”, añadió la organización.








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