Una transformación incivilizada: sobre el maltrato que la reforma judicial sigue dando a la judicatura cesante | Artículo

Por Roberto Lara Chagoyán* / Tecnológico de Monterrey

Fiódor Dostoyevski escribió, en Memorias de la casa muerta, que “…el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”. Me tomo una licencia literaria para trasladar esta poderosa declaración al trato que la autodenominada 4T y sus seguidores han dado a los jueces de carrera que fueron cesados, y los que lo serán en 2027, por la reforma judicial de 2024.

La analogía es dura, pero real. Los jueces cesantes han sido tratados como si fueran reos en este nuevo orden social. La frase podría quedar así: “…el grado de civilización de la sociedad mexicana, encabezada por su gobierno, se mide por el trato que da a las víctimas de su propio proyecto transformador”. 

No debemos olvidar que una de las principales consecuencias de la reforma judicial fue la destitución de toda la judicatura federal. Se dice fácil, pero se trató de una verdadera purga que no tuvo otro fin que quitar de en medio a un aparato judicial que es, por naturaleza, un contrapeso que hace posible la siempre sana división de poderes.

Antes de la destitución, se orquestó, como se recordará, toda una campaña de desprestigio en contra del gremio de los jueces encabezada por el mismísimo presidente de la República desde el podio que tiene la mayor caja de resonancia en el país. La reforma no fue otra cosa que la juridificación de una infamia. Por eso, aunque se trate ya de Derecho vigente, no podemos olvidar su génesis arbitraria e incoherente con relación al resto de los valores constitucionales. 

Los juristas sabemos bien que cuando un conjunto de ideas, por más aberrantes que nos parezcan, llegan a formar parte del texto constitucional, se convierten en normas del más alto rango y no queda otro camino, jurídicamente hablando, que obedecerlas. Con todo, las disonancias que causó la reforma a nivel normativo son dignas de escándalo, y a nivel de las consecuencias prácticas y sociales, también.

Por poner un ejemplo: el artículo 17 constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

La imparcialidad, que no es sino una obligación a cargo de los jueces correlativa al derecho de la ciudadanía a ser juzgada por tribunales que sólo resuelvan desde el Derecho y no, por ejemplo, desde la política, choca frontalmente con un sistema de elección popular de los juzgadores. La esencia de cualquier elección es la representación de un sector social determinado, mientras que la de la función judicial es exactamente lo opuesto: un juez no puede representar a ningún sector en particular porque sólo representa a la ley.

Como lo expresó, de manera magistral el jurista mallorquín Josep Aguiló: la reforma judicial es “…el mayor asalto a la razón jurídica que pueda cometerse: sustituir el deber de independencia de los jueces por un deber de representación es simplemente una aberración sin paliativos; es una operación destinada a sustituir al juez «tercero» por un juez «comisario»”. Por ello, y por muchas otras razones, es que podemos afirmar que la reforma judicial de 2024 es, por donde se le mire, un desastre. 

Nadie sensato afirmaría que la totalidad de los jueces cesados eran impecables y magníficos, pero tampoco puede negarse que, a partir de la reforma de 1994, impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, el Poder Judicial se profesionalizó como nunca en su historia. Antes de esa reforma, los nombramientos eran endogámicos, es decir, los propios ministros nombraban a los magistrados y a los jueces federales de entre sus colaboradores, lo cual tampoco estaba tan mal.

Sin embargo, había cierta discrecionalidad y favoritismo, además de exiguas prestaciones. Zedillo puso orden e implementó un modelo profesional de carrera judicial mediante la creación de los Consejos de la Judicatura, exigentes cursos de capacitación, exámenes rigurosos tanto teóricos como prácticos, además de haber dignificado al gremio judicial mediante jugosos salarios y prestaciones que, dicho sea de paso, no han sido apenas disminuidas por el nuevo poder judicial.

A lo largo de estos treinta años ser juez, jueza, magistrada o magistrado federal se convirtió en el sueño de muchos, pero se trataba de un sueño posible al que se podía acceder sin padrinos; tan sólo bastaba con el propio esfuerzo, el estudio y una lenta adquisición de valiosa e insustituible experiencia. Con ello, el Derecho y la sociedad ganaron porque se construyó, como nunca, una institucionalidad sólida.

Desgraciadamente, el obradorismo y su doctrina basada en el desprecio al mérito o al estudio vino a derrumbar impunemente esa gran institucionalidad. La reforma judicial fue pensada precisamente para bloquear la vía del esfuerzo y el mérito a la carrera judicial para sustituirla por ramplones espectáculos de tómbolas y acordeones que se formalizan mediante procesos electorales ilegítimos, raquíticos en participación ciudadana y técnicamente antidemocráticos. El resultado: una runfla de funcionarios judiciales jurídicamente analfabetos y políticamente serviles. 

Cuando decimos que “el daño está hecho”, pareciera que hablamos en tiempo pretérito, pero en realidad deberíamos decirlo en presente continuo, ya que sigue ocurriendo todos los días a manera de un delito continuado. La frase correcta sería: el daño de la reforma judicial sigue ocurriendo. Eso quiere decir que el régimen actual daña día tras día la independencia judicial y, con ello, a la ciudadanía, además de haber dejado en el camino miles de proyectos de vida de aquellos que lo dieron todo para ganarse una toga. 

Conviene, al margen de lo anterior, hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué están haciendo las y los jueces destituidos? ¿Han claudicado? ¿Sus litigios tienen algún sentido jurídico, tanto a nivel nacional como internacional? ¿Cómo están reinventando sus vidas aquellos que fueron cesados? 

Ante este panorama desolador, algunos grupos de exjueces y exmagistrados no han cejado en su lucha en contra de la reforma. Por ejemplo, un grupo de 14 jueces, juezas, magistrados y magistradas federales que están siendo representados por el Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center),a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de notificar que se dio un inicio al trámite para revisar si se admite o no la petición presentada por ellos en contra de la reforma judicial de 2024, por ser, a su juicio, violatoria de derechos humanos (Aristegui Noticias, 20 de enero de 2026). 

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) continúa promoviendo incidentes de violación a las suspensiones dictadas en los amparos contra el decreto de reforma judicial. Y en el ámbito internacional, esta asociación presentó una demanda contenciosa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por violaciones estructurales a la independencia judicial; el Estado Mexicano ha sido emplazado y el Comité le corrió el término para responder. No se sabe si México ya lo hizo.

Como jurista, admiro la determinación y el compromiso de estos exfuncionarios, pero al mismo tiempo me preocupan las expectativas. Estamos ante un verdadero problema de filosofía del Derecho, ya que, por una parte, un aceptante del Derecho confía en él como el instrumento civilizatorio por excelencia, pero, por otra, ese mismo aceptante se queda perplejo ante un nuevo Derecho del que no puede echar mano para defenderse, precisamente porque ha sido diseñado para destruirle.

Muchos exfuncionarios están buscando colocarse en el litigio, la academia, las asesorías o las empresas; los más afortunados y con la edad necesaria podrán gozar de su pensión. A la gran mayoría de los cesantes los sostendrá tu talento y su prudencia. 

Dos reflexiones finales. 1) Los litigios nacionales serán resueltos —si es que lo son— en última instancia por una Suprema Corte de Justicia que funciona, como dice Aguiló, como comisionada del gobierno federal, con lo que no puede haber buenos augurios para aquellos que siguen impulsando las impugnaciones.

Y 2) Los litigios internacionales ⎯si es que llegan a prosperar⎯ podrán, en el mejor de los casos, terminar en una sentencia condenatoria en contra del Estado Mexicano por violar tratados internacionales.

Pero, salvo el estigma que México llevaría como Estado violador de derechos humanos, no habría ninguna consecuencia jurídica que pudiera garantizar una reparación integral como revertir la reforma y restituir a los jueces en sus puestos anteriores. Para ello, sería necesario que la 4T no fuera la 4T.

Con todo, debe celebrarse la lucha de los exfuncionarios por razones de honor. El deshonor, en cambio, se lo lleva esta sociedad y este régimen. Me quedo con el veredicto de Dostoyevski: la mexicana no parece ser una sociedad medianamente civilizada habida cuenta del maltrato que sigue dando a la judicatura cesante.

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* Roberto Lara Chagoyán forma parte del Observatorio de la Justicia, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con la participación de diversas instituciones.Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 2) y profesor-investigador en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.

** Aristegui Noticias, medio independiente multiplataforma, contribuye con la difusión de las actividades del Observatorio de la Justicia.