SCJN explica por qué no usará su nueva flotilla: 'La austeridad no es un acto simbólico'

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar, anunció que los integrantes del máximo tribunal no utilizarán las camionetas blindadas de alto valor adquiridas recientemente. La decisión llega después de días de críticas públicas por la compra y busca marcar una línea de “debida austeridad”, aunque el ministro defendió que la seguridad de los jueces es una prioridad no negociable.

El pasado 22 de enero, la SCJN confirmó la compra de una nueva flotilla de nueve camionetas de lujo, valuadas cada una en aproximadamente 1.7 millones de pesos, para uso de los ministros. En ese momento, el tribunal argumentó que la adquisición respondía a necesidades de seguridad y protección.

Sin embargo, ante la polémica pública que generó la noticia, la Corte emitió un comunicado comprometiéndose a no utilizar los vehículo. En caso de no ser posible la devolución, se planteó que podrían ser asignados a otros jueces que enfrenten riesgos por su función.

“La austeridad no es un acto simbólico”: la explicación del ministro

En conferencia de prensa este lunes 26 de enero, el ministro Hugo Aguilar ahondó en las razones detrás de la compra y en la decisión de revertirla. “Austeridad no es un acto simbólico”, declaró, al tiempo que enfatizó que la Corte actúa con autonomía y sin representar ningún movimiento político.

Aguilar recordó que, desde agosto de 2010, existe una política para que los ministros cuenten con vehículos de seguridad, incluyendo unidades blindadas. Explicó que al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados, de los cuales solo se recibieron 39 al tomar posesión. Los 4 restantes fueron vendidos a ministros de la administración anterior como parte de su acuerdo de retiro.

Según el relato del ministro, la flotilla recibida estaba ya muy deteriorada. Se trataba de 30 Suburbans y 9 camionetas Jeep, modelos 2019, 2020 y 2021. Los ministros decidieron no usar las Suburbans por considerarlas ostentosas y optaron por las Jeep.

Sin embargo, en solo cuatro meses, muchos de estos vehículos presentaron graves fallas: algunos no encendían, otros se quedaron varados, y presentaban problemas por el peso del blindaje -en algunos casos caducado-, dificultades en el sistema de tracción y en el motor. Este diagnóstico de riesgo llevó a la decisión de renovar el parque vehicular.

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Frente a las críticas, el ministro informó que, tras un diálogo interno, “hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”. Enfatizó que “vamos a funcionar con la debida austeridad“.

Detalló que se continuará con el proceso ya iniciado para desincorporar (poner a la venta) 21 de los vehículos más viejos, con el fin de lograr ahorros. Respecto a los nuevos, se iniciará un proceso de revisión para “desincorporarlos o ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos o amenazas”, siempre dentro del marco legal.

Aguilar justificó la necesidad de vehículos seguros argumentando un cambio en la forma de trabajo de la Corte. Señaló que se han incrementado significativamente los viajes por tierra al interior del país para tener encuentros directos con la ciudadanía, una dinámica que antes no era común y que ahora implica salidas “prácticamente todos los fines de semana”.

Yo puedo decidir cómo viajo, pero no me siento habilitado, ni con el derecho de decidir sobre la seguridad vial de mis compañeros ministros y ministras.